La familia Jenkins reconoció la existencia de un contrato de servicios con el despacho del abogado Virgilio Rincón Salas que como contraprestación establece que éste recibiría el 15 por ciento de los activos de la Fundación Jenkins, pero aseguró que una vez que se concluyó la vigencia del documento, los recursos fueron restituidos al patrimonio de la misma.
Enrique Rodríguez Martínez, vocero de la familia, refirió que la existencia del contrato no debe escandalizar pues es un convenio común para la prestación de un servicio y que, además, este ya formó parte de una investigación que la Procuraduría General de la República –ahora Fiscalía– realizó en 2018 y de la cual los Jenkins, dijo, fueron exonerados.
La semana pasada, el nuevo Patronato de la Fundación Mary Street Jenkins difundió partes de ese contrato en un comunicado en el que aseguró que el documento era muestra de una colusión entre la familia en cuestión y su equipo jurídico para desviar el patrimonio de la asociación, valuado en más de 720 millones de dólares
Este miércoles, la familia respondió y reconoció la existencia del documento, el cual, se señaló, fue firmado durante el sexenio del ex gobernador Rafael Moreno Valle, pues se temía una persecución política por parte del ex mandatario en contra de la institución, según comentó Rodríguez.
El vocero refirió que el fin del convenio fue proteger el patrimonio de la Fundación Jenkins que a su vez está a cargo de la Fundación de las Américas Puebla (FUDLAP), ante la posible intervención por parte de las autoridades.
Defendió que el documento no puede ser cuestionable pues se trata de un convenio entre particulares, como se firman en otros casos, al tiempo, insistió en que este ya fue parte de una indagatoria penal de la que la familia quedó exonerada.
“No tiene nada de novedoso fue objeto de exhaustiva investigación la propia fiscalía –antes Procuraduría– determinó el no ejercicio de la acción penal”, expuso.
En una de las cláusulas del documento se establece que bufete del abogado recibiría el 15 por ciento de los activos de la institución, los cuales están valuados en más de 720 millones de dólares.
Sobre ese tema, el vocero indicó que el contrato “cumplió su objetivo” y que los recursos de la institución que habían servido como garantía de pago al bufete de abogados, fueron restituidos al patrimonio de la Fundación.
En otra cláusula se establece que los activos de la Fundación Mary Street Jenkins serían divididos entre sus miembros en caso de que esta fuera intervenida por alguna autoridad, a lo que refirió que esta condición ya estaba establecida en los estatutos de la organización cuando esta fue creada.