México, DF. La Comisión Permanente recibió las tres iniciativas de leyes reglamentarias de la reforma constitucional en materia educativa. La principal, la Ley del Servicio Profesional Docente, establece los nuevos mecanismos de selección, ingreso, permanencia y promoción de profesores, directores y supervisores de educación básica y media superior, con los que se busca garantizar su “idoneidad” en el servicio.
Entre las principales medidas que se aplicarán a nivel nacional, en caso de aprobare en el próximo periodo extrarodinario de sesiones que se llevará a cabo del 21 al 23 de agosto en ambas cámaras del Congreso, está mantener la facultad de la autoridad educativa de “administrar la asignación de plazas con estricto apego al orden de prelación de los sustentantes que resultaron idóneos en los concursos”, así como operar y diseñar los programas de reconocimiento, de formación continua, así como organizar y operar el Servicio de Asistencia Técnica a la Escuela.
La Secretaría de Educación Pública también podrá participar en la propuesta de parámetros e indicadores para el ingreso, promoción, reconocimiento y permanencia en el servicio, pero advierte que la aprobación final será “competencia y responsabilidad” del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE).
En la educación media superior, las autoridades educativas federales tendrán atribuciones para participar en la coordinación de definición de perfiles docentes, a fin de dar “coherencia a los múltiples esfuerzos en este nivel educativo”.
Por lo que respeta al modelo de evaluación del magisterio, reitera que ésta deberá ser integral. Y establece que aquella considera interna, es decir, la que se realice en escuelas y por directores, no generará “sanción ni tendrá consecuencias administrativas o laborales”, pero establece que quienes ingresen por el nuevo modelo de ingreso y selección serán sujetos a un periodo de inducción de dos años, con acompañamiento de un tutor, al concluir este periodo serán evaluados, y de aprobar podrán continuar en el servicio docente, de lo contrario “se darán por terminados los efectos de su nombramiento”.
En cuanto a la reforma a la Ley General de Educación se crea el Sistema de Información y Gestión Educativa, propone que la SEP sea la encargada de crear, regular, coordinar, operar, y mantener actualizado, ese sistema; resalta la prohibición en todas las escuelas de los alimentos que no favorezcan la salud de los educandos. Al mismo tiempo se reconoce que la mala nutrición de muchos de los alumnos del sistema educativo nacional se debe a la falta de dietas balanceadas, lo cual se manifiesta en problemas de desnutrición y obesidad, ante ello la SEP de conformidad con los criterios nutricionales de salud emitirá los lineamientos a que se sujetaran el expendió y distribución de alimentos y bebidas preparados y procesados en las escuelas.
De igual forma, establece que para fortalecer la gratuidad de educación que imparta el Estado en atención a “quejas constante, sobre todo de los padres de familia, en relación con el cobro obligatorio de contraprestaciones en escuelas públicas de educación básica o media superior. “Tal situación no debe tolerarse en ninguna forma, por ello se debe prohibir el pago de cualquier contraprestación que impida o condiciones la prestación del servicio educativo. En ningún caso se podrá condicionar el pago de contra prestaciones, la inscripción, el acceso a la escuela, la aplicación de evaluación, la entrega de documentos o la igualdad en el trato de los alumnos”.
Propone que para acabar con el analfabetismo y la deserción en el sistema educativo se deben fortalecer los sistemas de educación a distancia, y recomienda que para asegurar la protección de los derechos de los menores se tomen en cuenta las recomendaciones de la Comisión nacional de los Derechos Humanos para establecer cursos contra el maltrato, abuso, trata, explotación, daño o agresión.