A pesar de que no fue aprobada la reforma eléctrica propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, el panorama no es negro porque hay elementos jurídicos para seguir dando la batalla y deshacer contratos fraudulentos, sostuvo Jaime Cárdenas Gracia, jurista, ex diputado y exconsejero electoral.
Durante su participación en el foro virtual denominado “Consecuencias políticas y sociales del rechazo a la reforma eléctrica”, realizado ayer por la Red Nacional de Derechos Humanos Morena, expuso que el hecho de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya declarado constitucional la Ley de la Industria Eléctrica, ofrece al gobierno federal herramientas para seguir en la pelea por la soberanía energética.
“Aunque la reforma constitucional no fue aprobada, lo que fue declarado constitucional por la Corte, de la Ley de la Industria Eléctrica, le da herramientas importantes, es verdad no todas, pero herramientas importantes al gobierno mexicano, por ejemplo, para impedir los mecanismos de auto abasto, para impedir que empresas que se supone van a generar para sí mismas, terminan vendiendo esa energía en contra de la ley”, comentó.
En ese contexto, Cárdenas Gracia sostuvo que hubo dos factores que influyeron para que el PRI no apoyara la reforma del presidente y no se consiguiera la mayoría calificada.
La primera es el pacto del tricolor con el PAN y PRD, y la segunda es que los legisladores del Revolucionario Institucional fueron doblegados a por intereses económicos trasnacionales.
“Tengo impresión de que las grandes empresas, los grandes fondos de energía presionaron a los dirigentes del PRI, diputados, senadores para la no aprobación… Quien votó en contra de la reforma constitucional Eléctrica fueron las grandes empresas de la energía y los fondos de inversión de los Estados Unidos y europeos”, sostuvo.
Agregó que la propuesta del presidente López Obrador era muy ambiciosa porque pretendía desatar el camino que establecieron los gobiernos neoliberales, principalmente el de Carlos Salinas, en el año 92, con la Ley Nacional de Servicio Eléctrico; y el de Enrique Peña, en 2013, con la reforma en materia energética, y en 2014 la eléctrica
Opinó que era complicado reunir la mayoría calificada de dos terceras pares en un tema fundamental para el país, para el desarrollo eléctrico.
Por su parte, Carlos Figueroa Ibarra, secretario de Derechos Humanos de Morena, expuso que gran parte de las batallas que actualmente libra la cuarta transformación transitan por el Poder Judicial, donde los jueces han otorgados numerosa cantidad de amparos contra proyectos federales, como el tren Maya.
Al respecto, Jaime Cárdenas explicó que la guerra judicial en América Latina y otras partes del mundo, es en contra de gobiernos que implementan políticas contrarias al neoliberalismo globalizador.