Un problema central provocado por la extracción agua de un acuífero es la disminución de la disponibilidad, más cuando no hay acciones que permitan la recarga. Por ello resulta pertinente la demanda de siete colectivos, entre los que destaca la Asamblea Social del Agua (ASA), la Contraloría Ciudadana Autónoma del Agua Joel Arriaga y el Frente Democrático Magisterial Poblano exigiendo un nuevo convenio con la empresa Concesiones Integrales y el SOAPAP para la extracción de agua en la comunidad de Acuexcomac –San Pedro Cholula– y en los municipios de Xoxtla, Coronango y San Buenaventura Nealtican que incluya la recarga de acuíferos.
Desde 1994 y como parte de la expansión urbana, comercial, industrial y de servicios impulsada a través del proyecto Angelópolis, implicó la extracción de agua de municipios y localidades conurbadas para abastecer a la ciudad de Puebla, pero también los desarrollos de todo tipo de las propias comunidades. Lo anterior propició con el tiempo un problema de escasez que repercute en el abasto de las propias comunidades que resienten cotidianamente esa situación.
A pesar del reconocimiento constitucional del derecho humano al agua y de la necesidad aceptada de proteger las fuentes de agua, así como de revertir los infiernos ambientales provocados por la contaminación de los diversos cuerpos de agua debido a la falta de saneamiento, las acciones para revertir esa situación son nulas o a cuentagotas.
Existen los diagnósticos, se saben las causas y también los responsables, pero el entramado de intereses y corruptelas prevalecientes impiden las acciones que permitirían transitar hacia escenarios menos catastróficos. Los impactos que en las comunidades tiene el trasvase hacia la ciudad de Puebla han mermado la disponibilidad de agua en las mismas, identificando a estos procesos como fuentes de despojo, al igual que en muchos casos sucedió con las tierras.
Por ello, la demanda que hoy realizan diversas organizaciones y colectivos resulta no solo pertinente, sino indispensable de ser retomada por los diversos órganos de gobierno que tienen las facultades y la obligación de que el derecho humano al agua se haga realidad.