Viernes, febrero 7, 2025

Realizan autoridades nuevo cateo en la zona de la 46 Poniente

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De nueva cuenta autoridades municipales, estatales y federales realizan un cateo en establecimientos comerciales de la zona de la 46 Poniente, lo que generó el cierre de una decena de avenidas aledañas.

Apenas a finales de julio pasado, concluyó una revisión en la zona que duró por lo menos cinco días, lo que generó protestas entre los locatarios pues aseguraron que les fueron cerrados sus negocios y con ello, sus fuentes de ingreso, incluso acusaron a agentes ministeriales de querer “sembrarles” delitos como la venta de narcóticos.

Durante este sábado y domingo, agentes de la Policía Municipal, Estatal, de la Guardia Nacional así como de la Fiscalía General del Estado (FGE) se apersonaron en el lugar para llevar a cabo una nueva revisión a fin de detectar actividades ilícitas.

El operativo generó un intenso tráfico vehicular pues fueron cerradas diversas vialidades a fin de que el personal de seguridad pública pudiera llevar a cabo las revisiones.

Hasta la tarde de este domingo, ninguna autoridad se había pronunciado de forma oficial sobre el saldo de los operativos.

El saldo dado a conocer por las autoridades del operativo anterior, consistió 21 locales asegurados de 29 revisados, así como 220 toneladas de autopartes decomisadas, además de 800 llantas e incluso narcóticos.

Locatarios acusan abusos durante los cateos

En respuesta, los locatarios acusaron abusos durante las revisiones, pues aseguraron que los productos que venden tienen un origen lícito, sin embargo, estos fueron confiscados por las autoridades.

Los inconformes exhibieron videos a través de redes sociales en los que se observa a agentes de investigación sacando autopartes para subirlas a camiones de carga y retirarlas del lugar, situación que descalificaron pues sostuvieron que los artículos no son robados.

A través de un comunicado, integrantes de la Unión de Refaccionarias acusaron que alrededor de 300 locatarios que cuentan con documentación que los acredita ser dueños de la mercancía asegurada, han tenido pérdidas, afectando además a más de 1 mil 500 familias, que tienen ingresos de manera indirecta en la zona.

Dijeron no estar en contra de que las autoridades indaguen actividades fuera de la ley pero pidieron la intervención del gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta pues insistieron en que son amedrentados.

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