El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, anunció este jueves la solicitud formal de una auditoría a los proyectos morenovallistas del Teleférico, el Museo Internacional Barroco (MIS) y el Centro Integral de Servicios, con el fin de que se esclarezcan los posibles actos de corrupción.
En rueda de prensa, el mandatario estatal pidió a la Secretaría de Planeación y Finanzas, a la Secretaría de Buen Gobierno y a la Fiscalía General del Estado (FGE) inicien una auditoría a estas obras y que se actué legalmente contra los responsables.
“Si hay responsables vivos que se actúe, porque ya estuvo bien de que todavía sigan recibiendo benecios. Ya basta de que sigan saqueando”, sentenció.
En rueda de prensa, el morenista aclaró que su gobierno no amenaza ni persigue a nadie, pero tampoco es omiso.
Ante lo expuesto, enfatizó que obras con sobrecostos o motivaciones personales no tienen cabida en su administración.
“A mí me daría vergüenza poner mi nombre en un monumento, no somos emperadores. Puebla es lo que nos debe llenar de orgullo”, señaló, tras asegurar que ningún proyecto impulsado por su gobierno incluirá monumentos con dedicatorias personales ni generará deuda injustificada.
Armenta Mier cuestionó que obras como el Teleférico cuestan al erario 3.5 millones de euros desmontarla de la zona de los Fuertes de Loreto y Guadalupe, mientras que 1.2 millones de euros ponerlo a funcionar.
Mientras que el Museo Barroco cuesta a los poblanos 523 millones de pesos al año, que se pagaría hasta el 2039. Con este recurso, comparó, se podría construir 500 escuelas.
En ese tenor, acusó que durante el sexenio morenovallista se enquistó en el gobierno del estado una mafia que traicionó a Puebla con la construcción de obras “faraónicas” como el Museo Internacional Barroco, “que no es del estado, sino de privados”.
Explicó que los esquemas de Proyectos para la Prestación de Servicios (PPS) y Asociación Público-Privada (APP) para la ejecución de obra pública, son una deuda oculta y fraude al estado, y un grupo de funcionarios poblanos siguen recibiendo beneficios económicos.
“Los APP y PPS fueron de 20 o 30 años, es un fraude y un acto de corrupción que implica un ingreso mal habido periodicamente a una persona, vamos a ver quiénes son los cómplices y hay que actuar”, sostuvo.
De paso, informó que su gobierno ya trabaja en una inicitiva para crear la “Ley Antimilpa”, que busca sancionar a gobernantes y funcionarios públicos que incurren en actos de corrupción, saqueo y la comisión de otros delitos.
“La Ley Antimilpa -que alude al pago de prebendas o moches- está pensado para que los que quieran ser gobernantes no estén pensando cuánto se van a llevar por cada peso en obra pública, hay que venir a servir, no a servirse”, advirtió.
Como ejemplo, citó nuevamente la obra del Teleférico que tuvo un costo superior a los 359 millones de pesos.
Inicialmente, la obra emblema del morenovallismo se estimó que costaría 166.4 millones de pesos, pero el costo final se elevó tres veces más. El proyecto, de apenas 688 metros de largo, fue instalado por la empresa CEMS Constructora SA de CV y se entregó con un retraso de más de un año.
“Al secretario Anticorrupción y a la Fiscalía les pido la investigación, porque tenemos que poner ejemplo para que no se repita”, concluyó.
