De acuerdo con estimaciones de asociaciones del ramo inmobiliario en Puebla, los fraudes se han incrementado en los últimos años, debido a que gran parte de las agencias inmobiliarias operan en la ilegalidad. A pesar del gran desarrollo inmobiliario en la entidad, Puebla sigue sin tener una Ley Inmobiliaria que permita contar con un padrón de agentes y empresas autorizadas para operar; tampoco hay obligación de que quienes se dedican a la renta o venta de propiedades cuenten con una licencia renovable cada tres años y cumplan con la capacitación requerida.
Según la presidenta de la Asociación para la Defensa y Apoyo al Gremio Inmobiliario (ADAGI), Carolina León Soriano, alrededor de 80 por ciento de las agencias inmobiliarias operan en ilegalidad. Esto ha permitido que en 2023 se perpetraran más de mil 800 fraudes en territorio poblano, mientras que un año después fueron alrededor de 2 mil, con base en lo reportado por la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI).
La falta de regulación y control hace que diversas formas de operación permitan defraudar a la población que está en busca de terrenos, casas o departamentos, donde se piden enganches para apartar la propiedad, que finalmente pierden los clientes o que un mismo bien sirva para varias ventas que se transforman en igual número de fraudes.
Si bien se han documentado las formas de defraudación inmobiliaria, los responsables de esos delitos siguen operando en la total impunidad.
El gobierno del estado de Puebla anunció ayer que a través de la Secretaría de Desarrollo Económico y Trabajo se creará un registro y certificación estatal de intermediarios para proteger de fraudes al sector inmobiliario y consumidores, aunque a todas luces resulta insuficiente para contrarrestar la magnitud y cuantía de las estafas realizadas cada año.
