Cartas a Gracia
Mientras recupero el último párrafo de la carta que te enviara el lunes 2 de septiembre, te comparto un tweet en el que se muestra la fotografía de un “comunicado” –pegado en un muro de una escuela– mediante el que personal de una institución informa a madres, padres de familia y tutores, algunas de las acciones a implementar en el ciclo escolar 2019–2020 relacionado con la suspensión oficiosa, del “cobro de inscripciones” (aportaciones voluntarias o cuotas obligatorias). Aunque destaca el ingenio y la buena letra de quienes elaboraron el “comunicado” en el que señalan que, ante la falta de recursos presupuestales lo mismo que de aportaciones voluntarias, carecerán de papelería, insumos para limpieza, teléfono, dinero para contratar servicios como los que se destinan al traslado y almacenaje de los libros de texto, mantenimiento mayor y menor de las instalaciones incluidos sanitarios, contratación de pipas de agua, pago para el retiro de los desechos, etcétera, les sugieren tomar medidas alternativas y aportar trabajo voluntario. Todo un tema que tendría que ser previsto por quienes elaboran las políticas públicas del sector educativo.
En los dos últimos párrafos con los que concluí la carta de la semana pasada, te comenté que Esteban y la Federación tendrían un punto de vista diferente sobre algunas de las cuestiones que alcanzaron a la administración de Andrés Manuel López Obrador y me refiero, por supuesto, a la demanda por concluir con el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica y Normal (1992) que interpuso el gobierno de Michoacán en las postrimerías de la administración de Peña Nieto, por carecer de los recursos necesarios para cubrir sueldos, salarios y prestaciones tanto de las y los trabajadores de la educación de origen federal –en particular los docentes– como de las(os) de origen estatal. El gobierno local argüía razones de diversa índole para sustentar el finiquito del acuerdo, como aquellas en los que resaltaba que había una desproporción entre los servicios de educación que se prestaban con cargo a la Federación y a los ingresos propios, al pasar las obligaciones locales en la materia de 9.7 por ciento en 1992 de la plantilla docente, a casi 38 por ciento en 2108, cuyas erogaciones afectaban –y lo siguen haciendo– la prestación suficiente y oportuna de otros servicios (seguridad, infraestructura, salud entre otros), que generan un déficit anual de más de 5 mil millones de pesos que se cubrían mediante apoyos extraordinarios por parte de la federación; la falta de la asignación de recursos suficientes para atender el crecimiento natural de los servicios educativos como se establecía en ANMEB; las negociaciones centrales propiciadas por funcionarios de la administración pasada con la CNTE que significaran, entre otras cuestiones, la incorporación de egresados de escuelas normales públicas al servicio docente mediante diversas figuras como las de becarios, al margen de la normatividad establecida por la Ley General del Servicio Profesional Docente vigente en ese momento y sin el compromiso de quienes, en la Secretaría de Gobernación, propiciaban acuerdos minutados en los que solo firmaban los representantes de la CNTE y de las autoridades locales.
La suma de quienes en Michoacán ingresarían a la docencia por una puerta alterna que se abría bajo el amparo de Miranda Nava y de otros funcionarios de la Secretaría de Gobernación, afectando a las entidades de Michoacán, Chiapas y Oaxaca, causaría daños colaterales que impactarían hasta la fecha a las finanzas locales de la entidades señaladas quienes carecerían de los recursos presupuestales suficientes para cubrir las necesidades originadas por plazas no reconocidas por el FONE y por las reglas de acceso al servicio profesional; a las federales, por la erogación anual de recursos extraordinarios entregados a los gobiernos estatales, al sector privado afectado por movimientos de resistencia civil, lo mismo que a más de 4 mil 120 normalistas que laborarían bajo el esquema de becas o de contratos por tiempo determinado –como señalara Víctor Manuel Zavala, secretario general de la Sección 18 CNTE–SNTE (https://bit.ly/2YdRJPa)–, y que carecerían de una plaza definitiva a pesar de los años laborados. Esteban pondría el dedo en una llaga que se profundizaría a partir del 2014; año en el que, producto de la movilización y negociación de la CNTE y del gobierno federal, ingresarían al servicio público tan solo en Michoacán de Ocampo, más de 3 mil 500 docentes contratados por honorarios “que están frente a grupo que no pasaron jamás por el examen de evaluación, por la prueba de ingreso y que con dinero federal se les está pagando, pero no tienen plaza” (https://bit.ly/30j46Hm).
La puerta abierta por Luis Miranda, a la sazón subsecretario de gobierno de la Secretaría de Gobernación se utilizaría entre 2014 y 2018; años en los que la federación –como señala el encargado del despacho educativo– aportara recursos extraordinarios no regularizables, entregados a las entidades solicitantes mediante la partida presupuestal U080 (Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación) calificados por el propio funcionario como subsidio. La entrega de los apoyos extraordinarios diferiría de manera recurrente, un conflicto originado por una descentralización fallida originada por el ANMEB en 1992 y agravada por la entrega de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica mediante la fórmula Nuevo León que provocaría beneficios para cinco entidades (estado de México, Nuevo León, Jalisco, Puebla y Guanajuato); pérdidas para 18 entidades (Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Veracruz entre otras) y transferencias porcentuales permanentes de recursos de las entidades perdedoras a favor de las ganadoras; producto de la aplicación de una fórmula inequitativa sustituida por una nueva (FONE) que acabó por dar el tiro de gracia a los gobiernos locales, cuando el gobierno federal, en aras de la eficiencia y pago de deudas a terceros institucionales, usufructuó en su beneficio las economías de la nómina, producto del ejercicio regular que las reglas FAEB permitían en beneficio de las entidades. No cabe duda que al perro más flaco se le cargan más las pulgas.