Luego de que Mary Lawlor, relatora especial de la Organización de Naciones Unidas (ONU) sobre personas defensoras de derechos humanos, se pronunció por la descriminalización de Miguel López Vega, el Frente Pueblos en Defensa del Agua y de la Tierra de Puebla y Tlaxcala emitió un breve posicionamiento señalando que está a la espera del cumplimiento del compromiso del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para eliminar la causa penal contra el ambientalista.
La organización también hizo énfasis en la necesidad de descriminalizar a otro defensor de los recursos en la región, Alejandro Torres Chocolatl, sobre quien obra una carpeta de investigación abierta por parte de la Fiscalía General de la República (FGR).
En esa lógica, el Frente Pueblos en Defensa del Agua y de la Tierra de Puebla y Tlaxcala demandó que la Fiscalía General de la República (FGR) atraiga las investigaciones sobre el asesinato de Samir Flores Soberanes, también integrante de la organización y quien fue ultimado 20 de febrero de 2019, afuera de su domicilio particular en el municipio de Amilcingo, Morelos, y cuyo crimen los campesinos atribuyen a su oposición al Proyecto Integral Morelos.
“La relatora especial de la ONU sobre personas defensoras de derechos humanos se pronuncia por el cese a la criminalización del defensor del agua Miguel López Vega. Como Frente de Pueblos estamos a la espera del cumplimiento del compromiso del Presidente de la República sobre la extinción de la acción penal absoluta y definitiva de Miguel y Alejandro Torres Chocolatl, así como la atracción del caso del asesinato de nuestro compañero Samir Flores Soberanes por parte de la FGR”, apuntó la organización este martes.
Las Guardianas y Guardianes del Río Metlapanapa, Pueblos Unidos de la Región Cholulteca, Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua Morelos, Puebla, Tlaxcala, advirtieron el pasado 26 de marzo, en un comunicado que “mientras los verdaderos criminales contaminan al río Atoyac y sus afluentes convirtiéndolo en el segundo río más contaminado de México, generando miles de enfermedades incurables y muertes a su país, el Estado y el capital reprimen a defensores del territorio”.
En esa lógica añadieron que “mientras Alfredo Ávila Salazar, representante de la CEAS-Puebla en el tiempo del Morenovallismo y director del proyecto del colector de desechos industriales de Ciudad Textil Huejotzingo es denunciado por el desvío de más de mil millones de pesos destinados al saneamiento del río Atoyac y sus afluentes, dicha denuncia coincide con el hecho de que el proyecto de drenaje de aguas tóxicas es investigado por la Fiscalía Anticorrupcion de Puebla, pero sin que haya nadie consignado por la imposición de la obra qué se pretendió imponer sin permisos y con la corrupción del manejo de recursos. Mientras que, para el caso de los defensores de la vida se les pretende juzgar dos veces por delitos qué no cometieron”.
“La doble criminalización de nuestro hermano Miguel López Vega nos alerta sobre un gobierno qué no cumple su palabra y que vendrá, primero por Miguel y luego por el resto de defensores de derechos humanos en nuestro estado”, apuntaron las organizaciones, que han solicitado una mesa de diálogo con el gobernador sustituto, Sergio Salomón Céspedes Peregrina.