Viernes, agosto 19, 2022
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Pueblos opositores a Bonafont condenan que conflicto se reduzca a un “problema de la comunidad”; exigen diálogo

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Luego del desalojo del Altepelmecalli, Casa del Pueblo, antes planta de la empresa Bonafont, los Pueblos Unidos Cholultecas y de los Volcanes condenaron que el conflicto ambiental que se vive en la región se haya reducido a un “problema entre la embotelladora y las comunidades”.

En un comunicado dijeron que están dispuestos a entablar un diálogo público a fin de “dar muestras de que nosotros no somos quienes tienen oídos sordos”.

Desde hace un año los integrantes de los 20 pueblos de la región mantenían tomada las instalaciones de la embotelladora, ubicada en la comunidad de Santa María Zacatepec, en el municipio de Juan C Bonilla, un espacio de resistencia en las instalaciones de la como protesta por el saqueo del agua.

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Los inconformes cuentan con el respaldo de organizaciones nacionales e internacionales, así como del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).

“Exigimos que éste sea un diálogo público. No aceptamos que la postura del gobierno sea que es un asunto entre Bonafont y nosotros, porque con el uso de las fuerzas armadas y policiales en el desalojo, los gobiernos se volvieron parte”, argumentaron.

A pesar de la rabia y el dolor que sienten de ver que la vida se pone en manos de quienes comercian con ella, informaron que darán una oportunidad a la palabra.

Llamaron a la Universidad Iberoamericana Puebla para que, a través de sus instancias e instalaciones pueda fungir como mediadora en la mesa de diálogo, en la que se sentarán sólo si se cumplen las condiciones para hacerlo.

Entre sus demandas, reclamaron que la empresa Bonafont mantenga la suspensión de cualquier actividad en la zona; que no exista persecución a los defensores y ambientalistas de los Pueblos Unidos y que sean liberados inmediatamente los animales que se encuentran al interior de la Altepelmecalli.

La convocatoria fue lanzada al gobierno estatal, funcionarios federales de Comisión Nacional del Agua (Conagua), Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI) y el director de la trasnacional Danone, Mariano Perotti.

La madrugada del pasado 15 de febrero, la Guardia Nacional, la Policía Estatal y Municipal de Juan C Bonilla ingresaron a la planta Bonafont para desalojar a los opositores a la embotelladora que mantenían tomadas el inmueble, convertida en Altepelmecalli, la Casa del Pueblo.

Dijeron que la planta embotelladora regresó nuevamente a las manos de quienes nos roban el agua, la vida, y que creen que nuestra dignidad está en venta.

Advirtieron que el desalojo ha revivido el riesgo de que Bonafont y sus patrones de Danone vuelvan a secuestrar el agua que proviene de los veneros de los volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl.

Señalaron que el gobernador de Puebla, Luis Miguel Barbosa Huerta llama al diálogo, después del desalojo, pero como el mismo lo dice, “lo hace para que la empresa pueda volver a funcionar, para que el saqueo vuelva a la normalidad”.

Al final, acusaron que el gobierno de Puebla no es un mediador en el conflicto socioambiental, sino representante de los intereses de Bonafont y Danone, mientras el presidente Andrés Manuel López Obrador guarda un silencio cómplice.

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