Comunidades indígenas piden a AMLO defina su posición sobre anular concesiones mineras

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Durante el foro virtual “Afectaciones de la Minería a los Derechos de los Pueblos Indígenas”, comunidades que integran el Consejo Maseual Altepetajpianij del estado de Puebla solicitaron al presidente Andrés Manuel López Obrador defina una posición respecto a retirar o cancelar las concesiones mineras que se han otorgado antes de su llegada al gobierno federal.

El representante del Consejo Maseual, Nazario Diego Téllez, pidió la intervención del gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta en la revisión de la Ley de Minería que afecta principalmente a los municipios de la Sierra Norte y Nororiental del estado.

Lo anterior, tras reconocer su respaldo en la defensa del territorio, a través del Instituto Poblano de los Pueblos Indígenas.


“De manera respetuosa, el gobernador dice ser indígena y que conoce los pueblos originaros, por eso le pedimos en la medida de las posibilidades que la Ley Minera se pueda revisar y que se participe en esta revisión”, demandó.

A los presidentes municipales la región, aclaró que la lucha desde 2008, que inició con la Ley del Ordenamiento Territorial del Municipio de Cuetzalan, es de manera pacífica y busca proyectar una vida mejor desde sus comunidades.

Este martes, pueblos indígenas de los estados de Puebla, Oaxaca y Guerrero participaron en el foro virtual “Afectaciones de la Minería a los Derechos de los Pueblos Indígenas”, convocado por la Universidad Iberoamericana, donde rechazaron enérgicamente la Ley Minera por poner en riesgo la vida de las comunidades.

En dicha actividad participaron académicos del Instituto de Ciencias Jurídicas de la UNAM, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental AC Cemda-Ibero y el Instituto para las Ciencias Indígenas Pacari, así como representantes del Consejo Maseual Altepetajpianij, de la comunidad de San Miguel del Progreso, ubicado en Guerrero, y San Mateo Calpulapam, en Oaxaca.

A lo largo de dos horas, hablaron del concepto y la visión que tienen los pueblos de su territorio, en términos sociales y espirituales, y los argumentos de por qué iniciaron la defensa de su tierra, así como el impacto de la minería entre sus habitantes.

En ese sentido, los participantes coincidieron en que debe haber una revisión y modificación a profundidad de la Ley Minera por la alta e irreversible contaminación que produce la industria extractiva en México.

A la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SNCJ) demandaron que se garantice el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre la consulta previa, libre e informada a los pueblos indígenas sobre cualquier “proyecto de muerte”, así como la supervivencia y los derechos humanos de quienes habitan las zonas concesionadas.

Los representantes de los pueblos señalaron que están viviendo en la incertidumbre con la llegada del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pues a pesar de los años de lucha social no están siendo escuchados.

Comentaron que el presidente de México afirmó que durante su sexenio no se liberará ninguna concesión para la minería, sin embargo, dijeron desconocer qué pasará en las regiones donde ya fueron otorgadas.

Esto aunado a la existencia de la violencia generada por las propias compañías mineras y la compra de autoridades locales para desplazar a los opositores.

Hay que destacar que durante el desarrollo del foro fue boicoteado en al menos dos ocasiones por personas que se infiltraron y lanzaron palabras obscenas en contra de los participantes y la moderadora Tatiana Alfonso Sierra.

 En región de Cuetzalan se concesionan 7 mil hectáreas y 30 manantiales

En la región de Cuetzalan, Nazario Diego informó que los gobiernos federales pasados concesionaron 7 mil hectáreas, donde cruzan 30 manantiales, zona sagrada donde se efectúan rituales a la tierra.

“En todos los casos, en ningún momento las autoridades tomaron en cuenta a los pueblos, fuimos excluidos dentro de la Constitución gracias a esta Ley Minera”, condenó.

Explicó que para los indígenas de Cuetzalan la zona alta representa el área de mayor recurso, fuente de vida porque concentra la mayor parte de los ríos de la región.

Nazario informó que en la Sierra Nororiental no solo se liberaron concesiones mineras a empresas nacionales y extranjeras, sino también hay una serie de amenazas interconectadas, como iniciativas de empresas que pretenden instalar cuatro hidroeléctricas sobre uno de los ríos más importantes, Apulco.

Para frenar la industria extractiva, recordó que se interpuso un amparo en 2014 en el Juzgado Segundo de Distrito en Puebla.

En tanto, comentó que en 2016 evitaron la instalación de una subestación eléctrica de la paraestatal Comisión Federal de Electricidad (CFE) para conectarse a las líneas hidroeléctricas de la región de Papantla, en el estado de Veracruz.

“Es una serie de amenazas que si no nos hubiéramos dado a la tarea de investigar, pensaríamos que son temas aislados, pero entendimos que están interconectadas y con la organización buscamos frenar pacíficamente estas actividades”, afirmó.

Nazario Diego Téllez dijo que ya requirieron al ayuntamiento lanzar una declaratoria para que los municipios de la Sierra Nororiental sean libres de “proyectos de muerte”, mediante asambleas de Cabildo.

En 2018, concluyó, se logró un amparo contra tres concesionarias mineras en etapa de exploración en Cuetzalan, otorgadas entre 2007, 2008 y 2011, a la compañía Minera Autlán.

Actualmente, reveló que el recurso legal está en riesgo por el proyecto en la Suprema Corte de Justicia de la Nación que propuso desvincular la Ley Minera (1992) de sus derechos indígenas.

Al final, Nazario advirtió que a pesar de la postura asumida por la corte federal, no bajarán la guardia en la defensa legal del territorio.

Además, pidió a los participantes firmar la petición que el Consejo subió a la plataforma digital Change.org, bajo el título de “La minería amenaza la vida del pueblo maseual”, donde se expone la situación de riesgo que se vive en la Sierra Norte de Puebla por los llamados “proyectos de muerte”.