La Unión de Pueblos y Fraccionamientos contra el Basurero presentó el pasado viernes una denuncia penal por abuso de autoridad y agresiones en el intento de abrir el Relleno Sanitario Intermunicipal de San Pedro Cholula, el pasado 30 de abril, cuando policías estatales y municipales reprimieron a los pobladores y dispararon sus armas de fuego en al menos una decena de ocasiones.
Los representantes de las comunidades se apersonaron en las instalaciones principales de la Fiscalía General de Justicia, en la capital poblana, acompañados por dos observadoras de Peace Brigades International, organización que defiende a los defensores de derechos humanos y luchadores sociales.
En ese marco, se dio a conocer que se han manifestado públicamente más de mil 300 expresiones de solidaridad y condenando la violencia policiaca, emitidas por movimientos, organizaciones, colectivos, redes, activistas, académicos y otras personas.
Entre las manifestaciones de apoyo a la Unión de Pueblos y Fraccionamientos contra el Basurero se encuentran las hechas por la Asamblea Nacional por el Agua y la Vida, la Asociación de fraccionamientos de Cuautlancingo, Casa Armaluz, la Organización de Educación Acción Comunitaria del Pueblo Originario de San Pedro Cuajimalpa CDMX, el Concejo Autónomo de Gobierno Santiago Mexquititlán, Amealco, Querétaro y Consejo Tiyat Tlali.
En un comunicado conjunto, publicado el 3 de mayo, los firmantes externaron: el gobierno estatal debe garantizar e instruir a sus cuerpos policiacos para que se abstengan de accionar sus armas en contra de las personas integrantes de este plantón. Hacemos un llamado al Gobierno de Puebla, a los gobiernos municipales de San Pedro Cholula, San Andrés Cholula, Calpan y al Gobierno Federal para que respeten el derecho a defender la tierra y el agua, garantía que tienen los pueblos originarios ante los proyectos que ponen en riesgo su vida, salud e integridad, además de la emergencia ambiental que estos producen en las comunidades y por ende, a nivel planetario.
“La libertad de expresión, protesta y organización son derechos fundamentales que se deben garantizar en todo momento. Exigimos que cese de manera inmediata el hostigamiento militar y policiaco así como las agresiones a las personas defensoras.
“De acuerdo con el informe 2023 del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), en ese año 20 personas fueron asesinadas por defender la tierra, además de contabilizar 123 situaciones de agresión, como amenazas, intimidación, agresiones físicas y criminalización. Estos actos de intimidación solo fortalecen la aguda situación de violencia en contra de personas defensoras en México,uno de los sitios más inseguros y letales para defender la tierra y el territorio. Es por ello que es fundamental garantizar el derecho a defender los derechos humanos.
“Las organizaciones firmantes suscribimos el presente comunicado y nos mantenemos en alerta permanente ante el posible recrudecimiento de la represión orquestada por el Estado en contra de los pueblos que defienden su territorio. Nuestra solidaridad con los pueblos y comunidades que defienden la vida”.