A pesar de que los pueblos de la región de lo volcanes accedieron desde el pasado viernes a abrir la carretera San Andrés Calpan-Cholula, el relleno sanitario intermunicipal ubicado en esta última localidad sigue cerrado por los campesinos, que ayer decidieron prolongar su protesta hasta que el confinamiento sea clausurado definitivamente y se implemente un plan para su abandono.
Los labriegos que iniciaron su protesta desde el pasado jueves 22 de marzo también demandan que la planta de separación de residuos sólidos urbanos que se alimenta del basurero sea revisada por la Secretaría del Medio Ambiente y que los resultados de su análisis se les entreguen a los pueblos en un plazo máximo de tres meses.
La tarde-noche del viernes los agricultores de la región de los volcanes se pusieron en alerta, porque horas antes el titular de la Secretaría de Gobernación estatal, Javier Aquino advirtió que se usaría a la fuerza pública para desalojar a los manifestantes, porque el bloqueo a la carretera Calpan-Cholula y el cierre del relleno sanitario afectaba a 22 municipios de la región.
Ante el amago del responsable de la política interior en la entidad, Amnistía Internacional emitió un comunicado externando “su más grande preocupación por las declaraciones externadas hoy por el secretario de gobierno del estado de Puebla, Javier Aquino Limón, relacionadas con hacer uso de la fuerza para reprimir la protesta social que se está llevando a cabo en la carretera estatal Calpan-Cholula, en la comunidad de San Francisco Coapan, en el Estado de Puebla. Los pueblos cholultecas se oponen a la ampliación de un basurero que no cuenta con permisos y normas y cuya ampliación tendrá impactos negativos en los mantos acuíferos.
“Amnistía Internacional ha estado en contacto con las personas manifestantes quienes hicieron de nuestro conocimiento que hoy, 22 de marzo, a las 16 horas, se llevaría a cabo una mesa de trabajo con personal de la Secretaría de Gobierno de Puebla, la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) para dialogar sobre las demandas de las comunidades afectadas por el basurero. Sin embargo, minutos antes de que se efectuara el encuentro, las autoridades lo cancelaron y amenazaron con hacer uso de la fuerza contra las personas manifestantes con el apoyo de policías granaderos y Guardia Nacional, para desbloquear la carretera. Posteriormente, las autoridades anunciaron la reapertura del diálogo”, añadió el organismo.
“Recordamos a las autoridades locales y estatales que las personas de la localidad están protestando en ejercicio de este derecho, debido a que no han sido atendidas en sus demandas. Impedir su protesta es contrario al derecho internacional de los derechos humanos.
“Por lo anterior, Amnistía Internacional reitera su llamado respetuoso al Gobierno del Estado de Puebla, a los municipios de San Pedro Cholula, Juan C. Bonilla y San Andrés Calpan, así como a las autoridades federales de Conagua, Semarnat y Profepa a continuar con la apertura al diálogo; brindar a las personas de la comunidad la atención que requieren y dar solución a las demandas que mantienen desde hace varios años. Asimismo, hacemos un atento llamado a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, para que en apego a sus respectivas atribuciones, hagan un monitoreo de la respuesta estatal a efecto de evitar violaciones a derechos humanos”.