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Censos fantasma, tarjetas bancarias entregadas para apoyo a la reconstrucción sin saldo, damnificados que exigen la reclasificación de daño a su vivienda y el registro de casas en colapso que no fueron encuestadas por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) son algunas de las irregularidades que se reportan en la Mixteca poblana a cinco meses del sismo del pasado 19 de septiembre.
La desgracia, devastación y la angustia de habitantes de la región cercana al epicentro de aquel terremoto de 7.1 se viven como el primer día. Pobladores aún duermen a la intemperie, en campamentos improvisados con plásticos, lonas y cobijas, mientras avanza lentamente el programa de reconstrucción en medio del disparo del costo de materiales y mano de obra, sin la regulación ni vigilancia de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) ni otra autoridad que frene el abuso.
Un recorrido por la Mixteca, sin embargo, dejó ver que la intervención de autoridades no ha sido pronta ni eficiente. En el municipio de Izúcar de Matamoros, por ejemplo, destaca la omisión de la ranchería Tecupilco en el “Censo de Viviendas Dañadas por los Sismos del Mes de Septiembre de 2017”, pese a que las afectaciones de las viviendas fueron registradas y foliadas por personal de la Sedatu.
El registro de daños de las nueve viviendas –todas dañadas por el sismo– que conforman la alejada comunidad situada entre cerros boscosos y plantaciones de caña “al fondo del fin del mundo”, fueron simplemente rasurados del registro oficial, pese a que damnificados fueron sometidos a una jornada burocrática que alcanzó cinco horas de espera en Colucán y cuatro más en Izucar de Matamoros, pobladores han sido informados que no tendrán el apoyo prometido por la Federación dada su ausencia en el padrón definitivo.
La casa de Celestino Cruz Espinoza ubicada en Calle Hidalgo número 3 fue censada con el folio 31250, luego de que el personal de Sedatu visitó la vivienda que presentaba grietas en todas las paredes.
Cruz, dedicado a la siembra, aseguró que sufrió las nueve horas de espera burocrática porque coincidían con los tiempos de pisca, su ausencia en el campo representó una pérdida económica importante. “Nos hicieron esperar tantísimo para nada. Luego nos obligaron a dar vueltas y vueltas a una oficina, a otra, gastábamos lo que no teníamos, perdimos el temporal y al final fue inútil, porque a la fecha no hemos recibido apoyo. Nos han dicho que se acabó el recurso”, dijo.
Leonardo Francisco Moisés Cruz Cardoso, su vecino, comparte la irregularidad. El folio 031257 pintado a un lado de la puerta de su casa fue una simulación pues no aparece en la lista oficial. “Dicen que nosotros no estamos en el sistema, de nada sirvió que le explicara que por dentro mi casa está partida”.
La fachada de la casa Reyes Cruz Cardoso, en Calle Principal sin número, fue rotulada por el personal de la Sedatu con el número 03125, pero el recurso correspondiente no fue entregado. “Mi casa está a punto de caerse. A veces nos aguantamos el frío y dormimos afuera, pero cuando es insoportable pasamos la noche adentro soportando el miedo de que se nos caiga encima la pared. No sé por qué no entregan el dinero a los necesitados”.
Apolinar Cruz Espinoza, quien recibió el número de censo 031254 por los daños en el inmueble de su propiedad, también vive con miedo por el inminente derrumbe, la incipiente ganancia que obtiene de la venta de leña, señaló desesperado, le ha impedido aliviar algo de los daños de su vivienda. “Ellos vinieron a encuestar, es todo lo que hicieron”.
“Mi casa rechina. El día del temblor mi casa tronó”, confesó Lulio Cruz Campos, cuya casa en la Calle del Jardín 5 fue rotulada con el número 031256 en el censo fantasma del que nunca hubo registro real.
Esta situación también se repitió en la población de San Lucas Colucán. El número 85072 pintado en la casa de los labriegos Cenorina Erminia Cruz Campos y Silverio Manuel Arellano por los daños en la vivienda, también quedó fuera del registro oficial.
La familia Arellano Cruz pidió una rectificación de “daño parcial” de su vivienda y aunque se reconoció “daño total” el personal de la Sedatu le informó que el apoyo se había terminado y que no sería posible ayudarle.
“Luchamos para la rectificación pero no sirvió de nada porque no estamos en las listas. Acudimos a oficinas de Matamoros y Puebla sin resultado. Tras ida, ida e ida ya nos dijeron que nada, no estamos considerados. Nos informaron que se había acabado el apoyo. Porque nos ven pobres nos humillan. Vivo con terror pensando qué haremos, nos da miedo entrar, nos da miedo salir de mi casa que está destrozada”, explicó Cenorina.
Al respecto, el titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) Puebla, Juan Manuel López Arroyo, reveló desconocer las causas de la omisión de registros en el censo oficial.
Pero en su defensa arguyó que la Sedatu tiene un nivel de cumplimiento de 95 por ciento en la entrega de las tarjetas bancarias a los damnificados de las 28 mil 345 viviendas afectadas, margen en norma a nivel nacional.
“Nosotros hemos notificado no una, sino dos veces a damnificados a que pasen a recoger sus tarjetas. Como representante y delegado de la Sedatu niego contundentemente que se haya terminado el recurso económico. Las tarjetas están en resguardo en el Banco Bansefi, pero mucha gente no ha atendido los llamados. La falta de entrega a una o dos personas contra los 28 mil que se han repartido exitosamente no es un dato estadísticamente significativo, no tiene sentido ni mencionarlo”, acotó el funcionario durante una entrevista.
Refirió que a cinco meses del sismo hay 2 mil 626 viviendas en procesos de construcción de las 5 mil 638 con daños total que fueron identificadas en el estado, lo que consideró como un logro de la dependencia, dado que a finales de enero y principio de febrero se finalizó la entrega de tarjetas para la reconstrucción. “Podemos decir que 60 por ciento de la vivienda dañada por el sismo está en proceso de construcción, Puebla en los primeros lugares en este sentido a los otros estados”, declaró a este medio el delegado, Juan Manuel López Arrollo.
Casas dañadas que no alcanzaron registro
Familias que habitan las casas en la Carretera Internacional a Oaxaca Número 56 y 58 en San Juan Raboso acusaron que aunque documentaron que sus viviendas presentan una inclinación visible, fisuras importantes en el techo, piso y cuarteaduras de lado a lado en las paredes, sus domicilios fueron pasados por alto por el personal de Sedatu.
Isaura Guzmán, una de las propietarias, explicó que cumplió con todos los trámites, incluido un costoso expediente donde probaba el riesgo que corren las cinco personas que habitan la vivienda. Peticiones y solicitudes ante el presidente auxiliar, Santiago Augusto Castillo Castillo, así como a la dependencia federal fueron infructuosos.
Eliazar Gálvez Aguilar habitante de la casa en Calle Realidad número 63, en San Felipe Ayutla, relató que aunque Protección Civil recomendó que deshabitara su vivienda ante el riesgo inminente de derrumbe, su casa no alcanzó el censo.
Eliazar ha vivido con su vecina por cinco meses, hace un mes regresó a la vivienda cuyas paredes del baño, que daban a la calle, se derrumbaron desde aquel 19 de septiembre. Ante la imposibilidad de mover la tubería y el retrete del lugar, encontró como única opción colgar mantas y sarapes en un improvisado andamio que la aparta de las miradas de los transeúntes.
Datos oficiales de la Sedatu apuntan que tras el recorrido realizado por el personal federal, estatal y municipal solo 44 viviendas no fueron censadas en el estado.
Para López Arrollo el tema de “los no censados” es un tema que le irrita. Lo considera –dijo– un asunto delicado, amplio y polémico. “Luego de que se difundió la posibilidad de ayuda económica se multiplicaron las solicitudes de ayuda, la oficina se llenó de peticiones. Seamos honestos, hay cuarteaduras que no amerita ni visitas, llegamos al colmo que se reportaron casas que no están dentro de la declaratoria de afectaciones, es increíble”.
El delegado en Puebla aseguró que las visitas fueron propuestas y señaladas por los ediles. “Si no nos llevó allí es porque el edil no lo quiso hacer, no sabía, lo desconocía o lo consideró irrelevante”.
Reconstrucción, en medio de alza de precio
La situación más cruda registrada en la reciente visita por este diario a la Mixteca correspondió Zaragoza en Coatzingo, ranchería con 108 viviendas de las cuales 77 fueron declaradas con daño total y 31 con daños parciales.
En el escenario parecido a una imagen de posguerra, cada historia constituye un drama, uno mayor que el anterior. A cinco meses no hay nada en pie, las tareas de reconstrucción se hacen difíciles en medio de montos nulos o incompletos en las tarjetas; disparó el precio de material y mano de obra, además del pago de comisión a distribuidoras como la Constructora San José, ubicado en carretera Internacional Izúcar de Matamoros, que cobra 12 por ciento extra por el servicio a damnificados, o la Bodega Materiales “Tepexi”, en San Sebastían Tepexi de Rodríguez, cuya tarifa por la atención es 20 por ciento, que se suma al monto total de la venta.
El monto depositado en las tarjetas de Bansefi para apoyo a damnificados por 120 mil pesos repartidos en dos plásticos varió considerablemente entre la población. Primitiva Elena Miranda, con el folio 80938 por daño total a su vivienda, logró una compra de 38 mil pesos, cuando intentó hacer un segundo cargamento de material le informaron que ya no tenía dinero disponible.
Pedro Miranda con el folio número 80939 dispuso de solo 40 mil pesos en la tarjeta, ante la insuficiencia del recurso tuvo que recurrir a un préstamo de 60 mil pesos cuyos intereses en unos meses rebasarán el monto solicitado. Él no sabía que el recurso económico sería diferido en varias cantidades durante el programa de reconstrucción.
Tiburcio Moreno Merino, con el folio 80550, adulto mayor ha comenzado él mismo la reconstrucción, después de saber que la mano de obra de albañiles se ha cotizado en 500 pesos por día y un asistente en 300 pesos.
La mayoría de los entrevistados revelaron que no han tenido ayuda de autoridades de municipales; al contrario, han tenido que comprar materiales regionales, el viaje de arena, por ejemplo, se tasa en 500 pesos a la población que se ha empobrecido y endeudado en medio de la reconstrucción.
Existen en la comunidad personas que ni siquiera han empezado los trabajos, como Antonia Barrales, cuya tarjeta bancaria que le fue entregada por daño total de su vivienda no tuvo fondos. Para hacer los trámites engorrosos tiene que interrumpir su vida en un campamento que puso junto a su vivienda desde ese 19 de septiembre de 2017. A cinco meses no ha podido resolver nada.
Rectificación de daño a viviendas, la constante
La percepción de que el censo de casas dañadas hecha por funcionarios de la Sedatu se hizo sin pureza, de manera atropellada para cumplir con el calendario estipulado, es una constante y la principal queja en la Mixteca y el grueso de lo documentado por esta casa editorial.
En la ranchería de Zaragoza destacan los casos de Antonia Sánchez, una mujer de 80 años, y de la campesina Celsa González Moreno, quienes vieron caer las paredes y el techo de sus casas; sin embargo, los daños fueron calificados como parciales.
Casos dramáticos se reportan en Agua Escondida, como el de Carlos Soriano Gaspar, cuya casa quedó en ruinas a los pocos minutos de sismo, las grietas en la pared van del piso al techo, situaciones similares se reportan habitantes a lo largo de la calle Mariano Matamoros San Nicolás Tolentino, cuya devastación es evidente, pero no para los funcionarios.
En Colucán Leonela Calleja Fuentes llegó al colmo, aseguran que funcionarios dudaron en su diagnóstico que fue aclarado por un tercero que finalmente recomendó que el daño era parcial y que podrían reconstruir usando los tabiques que quedaban en buen estado.
El delegado de la Sedatu Puebla asentó los daños en viviendas no corresponde “a la información subjetiva del individuo” y que el levantamiento del censo se hizo con parámetros establecidos, reglas y lineamientos para hacer cumplir el Fondo de Desastres Naturales que en este estado llegó a los 115 millones en los 112 municipios para su reconstrucción.
A cinco meses del sismo ocurrido han llegado a las oficinas de Sedatu más de 600 solicitudes de rectificación de daño en sus vivienda, situación que ser resolverá, según el delegado, con la creación de un comité que identifique “si el ciudadano a propósito causó daños en su vivienda”.