Puebla y Tlaxcala conforman el tercer Mercado Laboral Local (MLL) con más población ocupada en situación de pobreza en México, de acuerdo a cifras del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), con un total de 499 mil 247 personas en 2020, cantidad que creció 31.9 por ciento respecto a 2010, cuando eran 378 mil 447.
Así se indica en el estudio “El empleo en los municipios de México y su situación de pobreza”, en el cual se añade que dicha población radica en 22 municipios de las entidades mencionadas.
Dicho MLL solo es superado por el conformado por la Ciudad de México y el Estado de México, así como por Naucalpan de Juárez, con 2 millones 549 mil y 527 mil 226 ocupados en situación de pobreza, respectivamente.
Otros más, con Toluca, Cuautitlán Izcali, Zapopan, León Tuxtla Gutiérrrez, Mérida y Guadalajara.
En el documento también se indica que en Puebla, cuatro mercados laborales locales tenían más de 30 por ciento de su población ocupada en situación de pobreza extrema para 2020.
De estos, Zoquitlán, que incluía dos municipios indígenas, alcanzó el mayor porcentaje, de 47.3 puntos.
Por otra parte, en la medición se identificó a Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Veracruz y Puebla en la decena de mercados laborales con más población ocupada con rezago educativo, con más de 50 por ciento de las personas ocupadas tenían dicha carencia.
En este apartado nuevamente destaca Zoquitlán a nivel nacional, con 58 por ciento de los ocupados con rezago en educación, proporción que aunque sigue siendo alta disminuyó respecto a 2010, cuando era 68.9 por ciento.
El Consejo añade que en 2020, 61 por ciento de la población ocupada del país que salió de su municipio de residencia por motivo de empleo se ubicaba en las zonas metropolitanas del valle de México, Monterrey, Guadalajara, Toluca o de Puebla-Tlaxcala.
En los municipios que las conforman, había cerca de 15 millones de personas en situación de pobreza.
El Coneval apuntó que el empleo es un eslabón de la dinámica social y económica que influye en las opciones y condiciones de vida de las personas, por lo que es indispensable que la política pública se encamine a mejorar y fortalecer el acceso a opciones de trabajo digno que proporcionen el ingreso requerido para satisfacer necesidades básicas de la población, que permitan el descanso y la realización de otras actividades de entretenimiento, convivencia o cuidados en entornos sociales.
Subrayó que uno de los retos del Estado para garantizar el derecho al trabajo es la accesibilidad física y disponibilidad de infraestructura, factores que se traducirían en una menor inversión en tiempo de traslado o en gastos en transporte.
