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El corredor Puebla-Tlaxcala sigue siendo el principal punto de enganche y cautiverio de mujeres para la explotación sexual y trabajos o servicios forzados, de las cuales el 54 por ciento son menores de edad, confirmó la Procuraduría General de la República (PGR).
La dependencia federal además identificó dos rutas de trata de personas de frontera a frontera, donde colombianas, venezolanas, hondureñas, salvadoreñas y mexicanas son las víctimas principales.
Se trata de la ruta del Pacífico, en el que las víctimas son enganchadas en el sureste del país, las trasladan a Puebla y Tlaxcala, donde las mantienen en cautiverio.
Las mujeres son explotadas por un tiempo en Puebla o en Ciudad de México y, posteriormente, son enviadas a Tijuana, donde las mantienen en casas de seguridad y su destino final es San Diego, California.
El modo de operar continúa siendo el mismo: las enamoran, les prometen una mejor vida, tienen hijos y las mantienen controladas bajo la amenaza de que si no cumplen con lo que se les pide, las consecuencias las enfrentará el menor.
Mientras que la segunda ruta es la del Golfo: las víctimas son enviadas a Reynosa, Tamaulipas, para luego cruzarlas a Estados Unidos. Los puntos específicos de explotación sexual son Florida, Washington y Nueva York.
Para ello, la PGR cuenta con un refugio especializado en el que actualmente tiene a 159 víctimas, donde se les brinda atención y alojamiento temporal para protegerlas de sus captores.
El reporte fue publicado por La Jornada, tras una entrevista con el responsable de la Fiscalía Especializada para los Delitos de Violencia contra Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra), Juan Manuel Zavala Evangelista.
El funcionario informó que un fenómeno actual es que las mujeres para pagar su deuda con los proxenetas, tienen que reclutar a otras muchachas.
En ese sentido, dijo que son las colombianas y venezolanas quienes después de ser explotadas sexualmente en México, pasan a ser agentes libres cuando terminan de pagar su deuda, de esta manera, con las organizaciones criminales.
Además mencionó que los cárteles de la droga no están propiamente involucrados en la trata de personas, pero cobran derecho de paso a los tratantes para dejarlos llegar a la zona fronteriza.
Juan Manuel Zavala admitió que no puede hablar de cifras oficiales, en virtud de que se trata de un delito que tiene una “cifra negra” o subregistro impresionante.
Dijo que la información más reciente que tiene la comisión intersecretarial data de 2016, al igual que el diagnóstico en la materia por parte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
Por tal razón, señaló, se puede saber que de las averiguaciones previas en las que interviene la delincuencia organizada, 54 por ciento de las personas involucradas son menores de edad, 29 por ciento mayores y el resto no se puede identificar.
Ante lo expuesto, informó que la Fiscalía Especializada para los Delitos de Violencia contra Mujeres y Trata de Personas tiene 518 averiguaciones previas y carpetas de investigación, de las cuales 413 fueron determinadas, 42 casos fueron consignados y en 23 las autoridades obtuvieron sentencias condenatorias.
En tanto, en el informe 2016 de la comisión intersecretarial, la PGR reportó la atención a 161 posibles víctimas de trata de personas, de las cuales 127 son mujeres y 33 hombres, quienes recibieron atención médica y psicológica, así como asesoría jurídica.
Por su parte, la Policía Federal detalló que entre diciembre de 2012 y finales de 2017 liberó a 548 mujeres, víctimas principalmente de explotación sexual; en ese mismo periodo detuvo a 543 presuntos responsables de dicho delito.
La dependencia estima que cada víctima genera a un traficante ganancias anuales por 13 mil dólares en promedio.
Asimismo, el Instituto Nacional de Migración, por su parte, brindó apoyo a 12 posibles víctimas: cuatro de nacionalidad togolesa, tres hondureñas, dos salvadoreñas, una colombiana, una cubana y una venezolana. Mientras, la Secretaría de Gobernación ofreció ayuda a nueve personas.
Al final, la autoridad concluyó que el problema de la trata de personas en México en sus distintas modalidades, sigue sin ser dimensionado, pues no es posible hablar de un número determinado de víctimas, ya que se carece de información real.
Esto se debe a que el número de afectados que muestran las autoridades no corresponde con la realidad que se vive en México, lugar de origen y destino de víctimas. Incluso, son muy pocas las personas que cometen este delito y que llegan a tener una sentencia condenatoria.