La Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales del Congreso local aprobó una reforma impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo contra la violencia de género y la brecha salarial entre hombres y mujeres que otorga 180 días al estado para alinear su marco normativo a las nuevas disposiciones.
De acuerdo con la minuta de decreto avalada, los diputados locales deberán garantizar con la armonización el cumplimiento “gradual” de la reforma, a través de la asignación de recursos en los presupuestos de egresos correspondientes.
En México, los hombres reciben en promedio un ingreso laboral por hora trabajada 34.2 por ciento mayor al de las mujeres, según el estudio Discriminación Estructural y Desigualdad Social, publicado en 2017 por el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred).
En la discusión de la reforma remitida por el Congreso de la Unión, la diputada de Movimiento Ciudadano (MC) Fedrha Suriano Corrales celebró su contenido, al considerarlo un reconocimiento a la lucha constante y permanente del género femenino para alcanzar la paridad.
La reforma contempla modificaciones en los artículos 4, 21, 41, 73, 116, 122 y 123 de la Constitución del país, para establecer -entre otras cuestiones- que a trabajo igual debe corresponder un salario igual, independientemente del género de la persona.
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La modificación busca la creación de mecanismos en la ley para reducir y eliminar las desigualdades salariales entre hombres y mujeres.
Contra la violencia política y los delitos de género
Otro de los objetivos de la reforma es que el Estado garantice el acceso efectivo a los derechos de igualdad sustantiva y de una vida sin violencia para las mujeres, por lo que refuerza la obligación de protección a mujeres, adolescentes, niñas y niños.
La reforma también exige que las instituciones de procuración de justicia cuenten con fiscalías especializadas en la investigación de delitos de género, a fin de mejorar el acceso a la justicia para las mujeres víctimas de violencia.
A la par, establece que los nombramientos en la administración pública federal, así como en los gobiernos estatales y municipales, deberán cumplir con el principio de paridad de género.
