Domingo, abril 18, 2021

Puebla suma 17 sancionados por violencia política de género; tres aspiran a un cargo y otro más lo intentó

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“Me llegó un inbox diciendo que tuviera cuidado, porque los frenos de mi camioneta podrían fallar. Luego me llegaron mensajes a mi teléfono, sugiriendo que le consiguiera una nana a mi hijo porque iba a ser larga mi ausencia”, relató la excandidata a la presidencia municipal de San Pedro Cholula, Cecilia Monzón Pérez, sobre las amenazas de muerte que recibió en la campaña electoral de 2018.

La abogada y activista aseguró que detrás de las advertencias de que atentarían contra su vida se encontró Manlio López Contreras, quien es una de las 17 personas sancionadas por violencia política de género en Puebla.

La Jornada de Oriente elaboró el listado de sancionados a partir de información pública del Tribunal Electoral del Estado de Puebla (TEEP), con motivo del Día Internacional de la Mujer que se conmemora este día, y en el marco del proceso electoral de este año, en el que tres de los integrantes de esa lista buscan un cargo de elección popular como candidatos de Morena y el PRI.

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Manlio López Contreras también intentó competir en esta elección y lo hizo a través de Movimiento Ciudadano (MC); sin embargo, esa fuerza política desistió de postularlo a la alcaldía de Puebla, ante la inconformidad que generaron sus antecedentes dentro y fuera del partido.

En los próximos meses, el listado podría engrosarse con el nombre de 15 servidores públicos municipales de los ayuntamientos de Nopalucan y Coyomepan, encabezados por los ediles José Margarito Aguilar de la Cruz (PVEM) y David Celestino Rosas (PSI), respectivamente, quienes enfrentan acusaciones de violencia política de género de una presidente de junta auxiliar y una regidora. Ambos casos serán analizados por el Instituto Electoral del Estado (IEE), a petición del TEEP.

Doger y Espinosa, de violentadores a precandidatos

De 2018 a 2020, el TEEP sancionó a 17 personas por violencia política en razón de género, al resolver seis juicios promovidos por candidatas, regidoras, activistas y representantes de partido ante los órganos electorales.

Cuatro de los asuntos fueron promovidos por Cecilia Monzón, de la exdiputada federal del PAN Violeta Lagunas Viveros, la excandidata a gobernadora de Puebla Martha Érika Alonso Hidalgo y la representante del PRI Laura Torres Villegas, en los cuales el tribunal constató que fueron víctimas de comentarios que las ofendieron, demeritaron, denigraron y desprestigiaron con base en prejuicios de género.

La violencia contra Martha Érika Alonso, fallecida el 24 de diciembre de 2018, la ejerció su adversario del PRI por el Poder Ejecutivo, Enrique Doger Guerrero, en la campaña electoral de ese año.

De acuerdo con el expediente TEEP-AE-049/2018, Doger fue sancionado con una amonestación pública por difundir un spot en redes sociales que demeritó la participación de Alonso, al asegurar que llegó a la candidatura únicamente por ser esposa del exmandatario local Rafael Moreno Valle Rosas y con el único propósito de que éste pudiera seguir gobernando a través de ella.

Actualmente, Doger es precandidato a una diputación local que, de ganar, sería arropada por la coalición Va por Puebla, registrada por el PAN, el PRD y el Revolucionario Institucional este año.

En tanto, Laura Torres fue objeto de agresiones por parte de José Juan Espinosa Torres en una discusión que sostuvieron como representantes del PRI y Morena, respectivamente, en sesión del Consejo General del Instituto Electoral del Estado (IEE), tras los comicios de 2018.

“Necesitas un terapeuta, pero sexual, porque se ve que estás muy mal atendida”, espetó Espinosa al calor de la confrontación, actual precandidato de Morena tanto a diputado federal como a edil de San Pedro Cholula, lo que le ameritó una amonestación pública del TEEP, dentro del expediente TEEP-AE-083/2018.

Las amonestaciones son llamados a misa, critica Monzón  

Entrevistada por La Jornada de Oriente, para el programa Las Reporteras que se difunde en las redes sociales del periódico, Cecilia Monzón criticó que no pude existir justicia ante un caso de violencia política de género cuando la sanción que se impone es una amonestación, porque en los hechos se trata de “un llamado a misa”.

Refirió que esa sanción aplicó el TEEP a Manlio López Contreras en 2018, por lo que pensó recurrir la sentencia ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), pero las actividades propias de los comicios de ese año, en los que buscó la alcaldía de San Pedro Cholula por el PVEM, no le dejaron tiempo suficiente para hacerlo.

Detalló que el fallo a su favor por parte del órgano jurisdiccional local –que es posible consultar en el expediente TEEP-AE-051/2018– se motivó en una declaración que realizó López Contreras en su contra, en su calidad de candidato del PRI a diputado local, en el sentido de que la mandaría a callar con Javier López Zavala, excandidato a la gubernatura del tricolor.

Monzón explicó que en algún momento de su carrera política perteneció al equipo de López Zavala, razón por la cual López Contreras realizó esa referencia, luego de que lo criticó en redes sociales de ser prepotente.

Las amenazas de muerte vinieron después de la resolución del TEEP. La abogada aseveró que López Contreras hizo uso de bots para hacérselas llegar, es decir, de cuentas que simulan ser personas en una red social, a través de las cuales le advirtió que no iba a vivir para ver crecer a su hijo.

“Estaba (en mi casa) allá arriba con mi hijo, dándole pecho todavía y me acuerdo que vi el mensaje y me puse a llorar, porque no creas que en ese momento piensas como abogada, no dices ‘yo soy maestra en Derecho Penal y mis amigos son penalistas y eso no va a pasar’. ¡Claro que no! Piensas que te pueden sembrar mil cosas. Cuando lo estas leyendo con tu hijo en brazos, lloras”, relató.

En ese contexto, Monzón celebró que MC desistiera de impulsarlo como candidato y, de manera enérgica, hizo un llamado al resto de los institutos políticos a revisar minuciosamente el pasado de sus abanderados para no dar espacios a más agresores de mujeres.

Los ayuntamientos, otro espacio de agresión

Las sentencias que ha emitido el TEEP en materia de violencia política contra la mujer prueban que el servicio público en los ayuntamientos es otro ámbito donde son recurrentes las agresiones contra el género femenino, además del electoral, con la diferencia de que en éste las mujeres no sólo son objeto de declaraciones que las discriminan, sino también de destituciones o reducciones de sueldo ilegales.

En los archivos del tribunal se identificaron seis resoluciones de ese tipo, de las cuales en dos se sancionó a la autoridad municipal responsable, en dos más se amenazó con sanciones de incurrir nuevamente en la falta y en las restantes el TEEP solicitó al IEE revisar las conductas para verificar si se incurrió en violencia política.

Entre los sancionados se encuentran los presidentes municipales Pascual Morales Martínez de Francisco Z. Mena (Morena), quien busca la reelección, y Eduardo Vázquez Márquez de Zapotitlán Salinas (PRI), a quienes se les impusieron “medidas de sensibilización en género y masculinidad” que tuvieron que acreditar con un curso, taller o conferencia, de acuerdo con las sentencias TEEP-A-125/2019 y TEEP-A-186/2019.

De Francisco Z. Mena, el TEEP aplicó la misma medida al síndico Felix Garrido Ruiz, así como a los regidores María del Pilar Tolentino Zarate, Rubén Román, Erika Carballo García, Emilio Solís Barbiaux, Xóchitl Hernández Vargas, Antonio Martínez Hernández y Elvira Pérez Hernández; y de Zapotitlán, a la síndica Rosa Martha García Cortés y al secretario General, Erik Eduardo Huerta Serrano.

El nombre de los 17 sancionados por el TEEP debería estar en el registro nacional de sancionados que el INE habilitó a partir de este año para cumplir con la reforma en materia de violencia política de 2020, que prohíbe a quienes forman parte de ese listado su inscripción como candidatos, sin embargo, no figuran porque las sanciones datan de sentencias aprobadas entre agosto de 2018 y marzo de 2020, cuando la enmienda entró en vigor en abril pasado.

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