El estado de Puebla ocupa el segundo lugar a nivel nacional con la prevalencia más alta de corrupción en trámites y servicios, al registrar que el 19.6 por ciento de la población de 18 años y más ha sido víctima principalmente de las autoridades, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2021 (ENCIG) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
El estudio refirió que el 57.1 por ciento de la población consideró que la corrupción era uno de los problemas más importantes en su entidad federativa. Se ubicó solo por debajo de la inseguridad y la delincuencia.
La estadística reveló que Quintana Roo se encuentra a la cabeza de los estados con mayor prevalencia de actos de corrupción, con el 20.4 por ciento de la población afectada.
Le siguió en tercer sitio Baja California, Durango y Estado de México que presentaron prevalencias superiores a 17 por ciento.
Por el contrario, la menor prevalencia se encontró en Baja California Sur, Colima, Zacatecas, Querétaro y Tlaxcala, donde menos de 9 por ciento de la población que solicitó algún trámite o servicio público fue víctima de corrupción.
Entre 2013 y 2021, el Inegi reportó que en 25 entidades aumentó el porcentaje de personas que fueron víctimas de soborno.
El mayor incremento fue en Sonora, de 5.1 a 16.9 por ciento. San Luis Potosí registró la mayor disminución, de 18.0 a 12.6 por ciento.
Mientras que, en Puebla, el aumento en actos de corrupción en los últimos ocho años fue de 8.5 puntos porcentuales, al pasar de 11.1 por ciento de la población afectada a 19.6.
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A nivel nacional, la prevalencia de corrupción fue de 14.7 por ciento de la población de 18 años o más y 2.8 por ciento de las unidades económicas víctimas de algún acto de corrupción.
En las empresas la experiencia de corrupción registró una tendencia a la baja desde 2017, año en el que se estimó una prevalencia de 5.4 por ciento –la más alta desde que se realiza la encuesta.
Asimismo, precisó que los sectores Industria y Servicios han sido los más afectados a lo largo de los años.
En cuanto al tipo de trámite o servicio donde hay corrupción, 65 por ciento de las personas que tuvieron contacto con autoridades de seguridad pública la experimentó.
Estas interacciones fueron las de mayor nivel de corrupción en 2021, seguidas de los trámites ante el Ministerio Público y la gestión de permisos relacionados con la propiedad.
Otros más ocurrieron en los trámites para abrir una empresa, en diligencias en juzgados o tribunales, trámites municipales o vehiculares, servicios municipales y trámites del servicio de energía eléctrica.
De acuerdo con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, la corrupción es “un fenómeno complejo y en evolución, asume muchas formas, es perpetrado por varios actores y tiene un impacto perjudicial en las estructuras políticas, sociales, culturales, e institucionales que impacta negativamente en las políticas económicas y afecta numerosos aspectos de la vida cotidiana”.
Al socavar el estado de derecho, la corrupción merma la confianza que la ciudadanía deposita en las instituciones públicas.
Costos de la corrupción
Sobre los costos directos de la corrupción que se generan por el dinero, regalos o favores que se apropian los servidores públicos cuando la población o las empresas realizan algún trámite o servicio, se estimó que, durante 2021, el costo promedio fue de 3 mil 44 pesos por persona en términos reales.
Se observó una disminución de 28.1 por ciento respecto al costo promedio estimado en 2019.
En el caso de las empresas, el costo promedio de la corrupción en 2020 fue de 7 mil 419 pesos. Este fue 49 por ciento menor a lo que se estimó en 2016.
Entre las medidas que la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción contempla para prevenir la corrupción están los programas de formación y capacitación en materia anticorrupción para un correcto y adecuado desempeño del servicio público.
En tanto, la Política Nacional Anticorrupción (PNA) considera como una de sus prioridades la implementación de programas de capacitación a los servidores públicos.
Al respecto, el Inegi informó que 28 entidades federativas impartieron alguna acción formativa en materia de prevención, detección, control, sanción, disuasión y combate a la corrupción durante 2021.
Sin embargo, Colima, Michoacán, Tlaxcala y Yucatán reportaron que no impartieron este tipo de acciones en ese año.
En las administraciones públicas estatales que realizaron acciones de capacitación en 2021, 7.6 por ciento de sus servidoras y servidores públicos recibió capacitación para evitar la corrupción.
El mayor porcentaje de personal con capacitación se encontró en Puebla y Chiapas, con más de 50 por ciento.
Por el contrario, los menores niveles de capacitación se observaron en Hidalgo, Veracruz, Morelos, Guanajuato, Guerrero y Aguascalientes, con menos de 0.5 por ciento del personal.
Tan solo Puebla capacitó en materia anticorrupción a 93.5 por ciento del personal de la administración pública estatal, convirtiéndose en la entidad con la mayor proporción.
Esta misma acción no ocurrió en los municipios, donde únicamente se capacitó al 17.8 por ciento de los servidores públicos.
El Inegi precisó que el problema se presentó con mayor frecuencia en los hombres que en las mujeres. En los primeros, el 19.4 por ciento la vivió; mientras que entre las segundas fue el 10.3 por ciento.
89.4% no denuncia porque desconfía de las autoridades
En total, en Puebla, 231 mil 746 habitantes de 18 años y más padecieron corrupción durante 2021.
Si eso no fuera poco, 89.4 por ciento de las víctimas no denunció este delito antes las autoridades.
Lo anterior, refirió porque 56.5 por ciento de los habitantes de este estado no confía en el gobierno estatal.
La calificación de confianza que se le da al gobierno estatal es de 5.1 por ciento; de 5.2 a los ayuntamientos y de 5.6 al gobierno federal
Los partidos políticos tuvieron la evaluación más baja, de solo 3.9 por ciento; seguidos de los policías, con 4.3; cámaras de diputados y la de senadores, 4.5 por ciento; sindicatos y Ministerio Público, 4.8 por separado; y jueces y magistrados, 5.
Las personas con mayoría de edad en Puebla consideraron que la inseguridad y la delincuencia son el principal problema en el estado, en segundo lugar, está la corrupción, en tercero el desempleo, en cuarto la pobreza y en quinto el mal desempeño del gobierno.
Le siguen la mala atención en centros de salud y hospitales públicos, la mala aplicación de la ley, la baja calidad de la educación pública, falta de coordinación entre diferentes niveles de gobierno, ausencia de rendición de cuentas y los desastres naturales.