Al ser votadas en lo particular, con 34 votos en contra, tres a favor y cero abstenciones, el Congreso estatal no aprobó las leyes de ingresos de 2022 de Puebla, San Andrés Cholula y San Pedro Cholula, que posibilitaban el cobro del Derecho al Alumbrado Público (DAP). No obstante para 2022, más de 140 municipios de Puebla cobrarán este derecho lo que significa que al menos 80 por ciento de la población estará sujeta a este pago.
La determinación fue tomada anoche en una sesión extraordinaria que comenzó tarde y se prolongó por más de seis horas, el diputado Charbel Jorge Estefan Chidiac, presidente de la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal afirmó que el cobro del DAP era “volver legal algo que era ilegal” a la par de que en “términos legales y jurídicos” la ley era “impecable”.
Minimizó el cobro del DAP la decir que los usuarios pagan derecho por todo: por la construcción de obras públicas, por la recolección de basura, por el agua, drenaje y alcantarillado, o por trámites públicos. “Nos fijamos en una pequeña parte de las contribuciones que se hacen en el municipio o en el estado, pero no se han impugnado a nivel federal otras contribuciones”, criticó.
Acotó que con la aprobación del cobro se daría equilibrio a las finanzas públicas de los municipios y no se afectaría la economía de los ciudadanos: “muchos pagarán menos de lo que pagaban y la mayoría no pagará más de lo que pagaban”, pues “un gigante pagará 200 pesos y todos los poblanos entre cuatro, seis y ocho pesos”.
Contrario a esa postura, el diputado morenista Iván Herrera señaló que cuando un “diputado se pronuncia a favor del cobro y dice que serán 10 o 20 pesos mensuales y esto no afecta a la población, muestra poca sensibilidad y empatía con los ciudadanos que tienen dificultades para completar el gasto”.
Dijo que sin el afán de politizar, sacar raja política o ser populista, estaba convencido que el proyecto de modificación de las leyes de ingresos del año 2022 de 146 municipios para incluir el cobro del DAP era “un traje a la medida para favorecer el proyecto político del alcalde de Puebla –Eduardo Rivera Pérez- con miras al 2024”, sobre todo cuando él fue uno de los principales promotores de la iniciativa.
En ese sentido, Jorge Estefan Chidiac defendió que el cobro del DAP no estaba dedicado a ningún municipio a la par de que no había alcalde para que el que trabajaran. “En ningún momento es un traje a la medida para nadie, no tenemos interés en nadie, no hay complicidad, alianza o apoyo para nadie”, sostuvo.
El también diputado de Morena Carlos Alberto Evangelista refirió que incluso hay alcaldes que les “hacen la chamba” a los legisladores, en reuniones privadas y sin teléfono, en la cuales solo tienen que firmar las propuestas de ley.
De paso, criticó que el tema se “sacó al vapor, se hizo en lo oscurito, pues puede ser legal pero también es inmoral”, a la par de que la sesión se hizo “al viejo estilo: en la noche, escondiéndose del público, de los ciudadanos y en plenas fiestas para que nadie se enterara”.
Por su parte, la diputada panista Aurora Sierra aclaró que su voto era en contra del DAP por una razón: porque su postura que era puramente ciudadana. “Cargar un nuevo coste al ciudadano es poco solidario, es incorrecto y va en contra de la justicia social”. Si bien dijo que reconocía el proceso técnico legislativo que a sus ojos fue correcto, a la par de que con este proyecto “se otorga constitucionalidad a procesos que no lo tienen”, cobrar el DAP no lo vuelve un derecho benévolo con los bolsillos de poblanos atravesados por la epidemia del Covid-19.
“Aunque la razón pudiera ser justa, la transparencia en la aplicación de los recursos no es clara. Si antes no se socializa cómo se controlan nuevos ingresos, los ciudadanos pagarán por servicios que no se garantizan. No hoy, no así y no de esta forma, sin que antes se socialice con los ciudadanos de la mejor forma. Sería un crimen político para los más desprotegidos el aprobarlo”, sostuvo.
En ello coincidió la legisladora panista Patricia Valencia al decir que estaba segura que no es posible imponer más impuestos al bolsillo de la sociedad, pues constitucional o no, es un pago que los ciudadanos deben de realizar dejando en un estado de indefensión a los más desprotegidos. “No esta demás recordar que familias van al día (…) y son ellas a quienes debemos proteger, evitar una afectación (sic) mayor a raíz de la pandemia”.
El diputado Rafael Micalco, también del PAN, dijo que la participación de los municipios estuvo alentada por diversos actores y necesidades pues “no hay dinero que alcance”. Continuó que está consciente de las necesidades de los alcaldes, lo mismo que de las de los ciudadanos, “más ahora que no sólo es el DAP sino una carga tributaria municipal, estatal y federal, que de pesito en pesito el ciudadano paga al año, al mes, a la semana, más de lo que preveía”.
Expuso que en el caso de esta impuesto, que es inconstitucional y se tiene 30 años cobrándose, lo que se pretende es legalizar. “No es un tema de si es legal o no, porque la tenencia es legal (…), Lo correcto es dejar de cobrar esta no estamos en condiciones partiendo de que es inconstitucional hacerlo constitucional. Mi voto es en contra, lo dejo en claro pues para los ciudadanos termina lacerando su economía”.
En cambio, el también panista Eduardo Alcántara dijo que el DAP lleva a discutir cómo se da una base constitucional real a los municipios que tienen menos recursos para que puedan seguir prestando los servicios. “No nos preocupemos por lo que va a pasar, el tiempo dirá si hubo una afectación (sic) o no, si se acabó pagando más o menos. Yo no veo complicación por votar a favor del DAP”.