La organización Fundar, Centro de Análisis e Investigación, determinó que Puebla tiene el quinto peor sistema anticorrupción de un grupo de 13 estados en donde evaluó los procesos de creación de las leyes anticorrupción.
En la escala del cero al cien Puebla obtuvo un porcentaje de 26 puntos, y únicamente se ubicó por arriba de los estados de Querétaro que sacó 22 puntos, Morelos con 15, Baja California Sur 4 y Yucatán que obtuvo cero puntos de cien posibles.
Por arriba de Puebla estuvieron Sinaloa (30), la Ciudad de México (28), Coahuila (36), Nuevo León (36), Guerrero (38), Sonora (48), Quintana Roo (54) y el estado mejor posicionado fue Chihuahua (55).
Para sacar estos porcentajes, la organización especializada en temas de transparencia desarrolló un instrumento de evaluación que denominó: Supervisión de Parlamentos Abiertos en México, y en el que Puebla resultó con la calificación de “muy insatisfactorio”.
Con esa herramienta se pudo determinar que 11 de los 13 congresos evaluados no publican las actas de reuniones de las Comisiones y Pleno; es decir, se desconoce qué discutieron y si deliberaron.
Además, los dictámenes de leyes de 10 de 13 congresos no explican las decisiones tomadas y su sustento. En 8 de 13 congresos, los documentos discutidos no incluyen el nombre de quién lo propone y de dónde viene y en 8 de 13 congresos transmitieron las sesiones en tiempo real y sólo 5 usaron las redes sociales para difusión del proceso.
Puebla no fue transparente: Vélez Iglesias
Para profundizar en sistema anticorrupción del estado Fundar solicitó el apoyo de la directora de Humanidades de la Universidad Ibero, Lilia Vélez Iglesias, quien argumentó que desde que se presentó la reforma a la Constitución de Puebla para crear el sistema se aprobó sin ningún tipo de participación ciudadana.
Vélez recordó que la iniciativa de Rafael Moreno Valle fue criticada por las modalidades de designaciones del fiscal anticorrupción y de los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, “pues blindan al ahora ex gobernador”.
En un segundo momento, explicó, a petición expresa de las universidades el Congreso aceptó recibir opiniones de estas instituciones sobre la legislación secundaria. No hubo convocatoria pública para que otras organizaciones opinaran o participaran.
Respecto a la designación de la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, se solicitó que fuera transparente, que las comparecencias de los candidatos se transmitieran en el sitio web del Congreso y que la metodología y los criterios de evaluación se publicaran con antelación.
La académica recordó que se propusieron 19 candidatos, entre ellos a cuatro rectores de universidades, al presidente de Coparmex y al rector de la UAP, que hasta ese momento se había mantenido ajena al tema.
“Periodistas y organizaciones criticaron que los dos rectores con mayores aportaciones, pero más críticos, no resultaran electos, y sí otras personas, de quienes no se conoce ninguna aportación”, expuso Vélez.
Luego del análisis, determinó que el proceso no ha sido transparente pues el Congreso local no ha hecho públicos los documentos fundamentales, entre ellos los expedientes y la evaluación de los participantes.