Puebla es el quinto estado con más descargas de aguas residuales municipales e industriales sin tratamiento en ríos, arroyos, barrancas, lagunas, lagos, pantanos o estanques, con un total de 435 registradas hasta el año 2020, según lo expone el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) en el análisis “Evaluación Integral de la Política Social Vinculante al Derecho al Medio Ambiente 2023-2024”.
A esta entidad federativa le anteceden el Estado de México, con 706; Veracruz, con 562; Hidalgo, con 498; y Jalisco, con 443.
Dichas descargas no solo alteran la composición fisicoquímica de los cuerpos de agua, sino que además exponen a la población que habitan en zonas aledañas o que utiliza esta agua para sus actividades cotidianas de aseo o consumo, añade el consejo.
Expone que para asegurar la recolección, conducción, tratamiento y disposición del agua residual en los cuerpos receptores, es necesario que se conjuguen condiciones básicas, como: marco regulatorio con parámetros establecidos para monitorear las descargas, capacidad de cumplimiento, en términos de vigilancia, monitoreo y aplicación de sanciones; y condiciones de infraestructura que permitan llevar a cabo el proceso de tratamiento, desde la captación de los volúmenes de agua descargados, hasta la conducción hacia las plantas tratadoras..
También subraya que el crecimiento en la demanda de agua por parte de todos los usos consuntivos y no consuntivos ha aumentado el grado de presión sobre los acuíferos y cuerpos de agua superficiales y subterráneos, exponiéndolos a procesos de sobreexplotación que reducen su capacidad para proveer servicios ecosistémicos.
En los hogares, la falta de agua no solo compromete la higiene personal, sino que llega a orillar al almacenamiento de la misma en contenedores no adecuados, provocando la proliferación de vectores transmisores de enfermedades.
La afectación también es económica, puesto que el suministro no continuo impacta económicamente a las familias, ya que tienen que destinar parte de sus ingresos a adquirir el recurso hídrico por otros medios.
Tan solo en el primer trimestre de 2023, Monterrey y la Ciudad de México tuvieron precios de 3 mil 74 y mil 802 pesos por pipa de 10 mil litros, respectivamente.
Otro asunto que compromete la protección y conservación de los ecosistemas frente a procesos de degradación es la falta de instrumentación, planificación y reglamentación de la política en materia de adaptación y mitigación de los efectos del Cambio Climático (CC).
Hasta 2020, únicamente la Ciudad de México contaba con el 100 por ciento de los instrumentos de política nacional en materia de adaptación y mitigación del CC. En el caso de Puebla, solo se registró 53 por ciento.