Puebla avanza hacia la elección de 2024 tras ocupar en el proceso comicial pasado el lugar 13, de las 32 entidades federativas del país, en número de quejas de candidatos y aspirantes por hechos de violencia, de acuerdo con el Informe de seguimiento a la Estrategia de Protección en Contexto Electoral que implementó el gobierno federal.
El presidente del Consejo Local del Instituto Nacional Electoral (INE), Edgar Humberto Arias Alba, informó que se retomará ese protocolo de protección para el presente proceso electoral que derivará en la renovación de todos los cargos de elección popular locales y federales.
Desde la elección de 2021, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del gobierno federal puso en marcha la Estrategia de Protección en Contexto Electoral para atender las denuncias por amenazas o agresiones hacia los candidatos de cualquier partido político.
“Su objetivo es detectar amenazas, riesgos y vulnerabilidades y ofrecer medidas de seguridad que garanticen la paz, antes y durante los comicios”, de acuerdo con la descripción del programa que está disponible en la liga https://www.gob.mx/sspc%7Cproteccionelectoral/que-hacemos.
La estrategia involucra a los tres niveles de gobierno, los cuales trabajan en forma coordinada para garantizar la seguridad de los candidatos.
“Los contendientes en el proceso electoral no están solos y aquellos que sean objeto de una amenaza o acto de violencia podrán acogerse a este protocolo y abrir una carpeta de investigación o denuncia, a fin de que la mesa de Paz Estatal y la Mesa Nacional coordinen la implementación de un esquema de protección con base en un análisis de riesgo”, se detalla.
En 2021 además se creó un Centro de Monitoreo que estuvo activo las 24 horas del día de los siete días de la semana, para realizar un seguimiento y atención puntual de los candidatos que denunciaron hechos de violencia.
Siete estados concentraron 52.3% de las quejas
El informe general presentado al término de la elección de 2021 arrojó que 52.3 por ciento de las quejas se registraron en siete entidades federativas: Oaxaca, Guerrero, Estado de México, San Luis Potosí, Guanajuato, Veracruz y Tabasco, donde se concentraron 350 reportes.
En Oaxaca hubo 66, en Guerrero 64, en Estado de México 62, en San Luis Potosí 44, en Guanajuato 40, en Veracruz 39 y en Tabasco 35.
En el octavo lugar quedó Jalisco con 33, en el noveno Tamaulipas con 30, en décimo Morelos y Michoacán con 24, en el undécimo Sonora con 23, en el duodécimo Chihuahua con 18, mientras Chiapas y Puebla compartieron el decimotercero con 17 quejas en cada uno.
La lista la complementan Quintana Roo (16), Nuevo León (15), Zacatecas (15), Ciudad de México (14), Coahuila (14), Sinaloa (10), Campeche (7), Colima (6), Tlaxcala (6), Yucatán (6), Querétaro (6), Nayarit (5), Baja California (4), Aguascalientes (3), Baja California Sur (3), Durango (1) e Hidalgo (1).
17 candidatos perdieron la vida en 2021
El Informe de Seguimiento a la Estrategia de Protección en Contexto Electoral puntualiza que 86 por ciento de las quejas realizadas a nivel nacional ameritaron atención de instituciones de seguridad pública locales y el 14 por ciento restante de instancias federales.
Además, del total de reportes 17 se clasificaron como “graves” por tratarse de homicidios; 171 como “relevantes”, debido a que un estudio de riesgo detectó amenazas, posibles agresiones o daños; y 480 como preventivos, al no tenerse elementos para establecer un esquema de protección.
En atención a las quejas, se brindó protección a 302 candidatos, de los cuales los gobiernos de los estados atendieron a 159, la Guardia Nacional a 109, una alianza de la Guardia Nacional con los estados a nueve, mientras la protección a 25 se clasificó como “otras autoridades”.
INE cuenta con un Protocolo para Prevenir Factores de Riesgo
El INE cuenta por su parte con un Protocolo para Prevenir Factores de Riesgo en los Procesos Electorales que tiene como propósito plantear las condiciones organizativas, operativas y de vigilancia necesarias para cumplir con las atribuciones de la autoridad electoral y las autoridades en materia de seguridad pública, en caso de dificultades o riesgos.
El objetivo del protocolo es salvaguardar la integridad física de las personas servidoras públicas, así como de las personas electoras que se encuentren en posibles situaciones de violencia, por lo que promueve la coordinación de las autoridades del INE con instituciones de seguridad pública.