Debido a la incipiente cultura de la legalidad, la inacción de las autoridades y el desgaste que ha provocado en el tejido social, Puebla es el estado con el mayor número de intentos de linchamientos y consumados en México, al registrar 33 víctimas mortales de 2019 a la fecha.
Del total de los linchamientos, el Poder Judicial respondió a una solicitud de información pública, la número 210425323000453, que únicamente ha emitido seis sentencias por linchamiento, cinco condenatorias y una absolutoria, lo cual representa apenas 18 por ciento.
La Secretaría de Gobernación del estado documentó entre 2019 y 2022 un total de 543 intentos de linchamiento, de los cuales 24 se consumaron y provocaron la muerte de 33 personas.
En promedio, hubo 174 intentos de linchamiento por año, más de 14 por mes.
Los datos están contenidos en el informe Panorama general de los linchamientos en Puebla: tentativas interdisciplinarias, editado por la Comisión de Derechos Humanos del estado, en el que ubican a Puebla como el primer lugar nacional por el número de casos, debido “a la poca confianza que tienen los ciudadanos en sus autoridades”.
De 2019 a 2022, se reportó que en 73 de los 217 municipios del estado ocurrió algún intento de linchamiento, lo cual representa 33 por ciento de la población.
Además, cuatro municipios concentraron 61 por ciento del total de casos, siendo la capital poblana el que tuvo el porcentaje más alto (45.3%). Le siguió Amozoc (6%), San Martín Texmelucan (5.8%) y Tehuacán (4%).
En tanto, el estudio Linchamientos en Puebla. Violencias extremas que conjugan violaciones de derechos humanos, a cargo del académico Tadeo Luna, de la Universidad Iberoamericana de Puebla, reportó de 1988 a 2019 un total de 599 intentos de linchamiento, de los cuales 57 fueron consumados.
Esto significa que los intentos de linchamientos registrados solo tres años, de 2019 a 2022, representan la mayor incidencia en los últimos 30 años.
En 2023, linchan a Apolonio por robar tuberías
El caso más reciente de linchamiento en Puebla se registró el pasado 20 de abril de este año en agravio de Apolonio, a quien confundieron con un ladrón de tuberías y fue golpeado, rociado con gasolina y quemado vivo en el municipio de Santa Rita Tlahuapan.
Aunque las autoridades estatales afirman que hay una baja en la incidencia, lo cierto es que en el primer trimestre de 2023 se reportaron al menos 14 intentos de linchamiento en contra de presuntos delincuentes.
Esto significa al menos 60 por ciento de los 22 intentos de linchamiento que se registraron durante el año pasado, de los cuales la Comisión Estatal de Derechos Humanos emitió cinco recomendaciones.
En 2022, también se consumó un caso de linchamiento, el de Daniel Picazo, ocurrido un viernes 10 de junio. El joven de 31 años era asesor político en el Senado de la República.
Amante de los viajes, como difundió en sus redes sociales, Daniel visitó la comunidad de Papatlazolco, en el municipio de Huauchinango, donde era originario su padre, pero los lugareños lo confundieron con un robachicos. Fue sacado de su camioneta, golpeado y quemado vivo.
Ese mismo año, Daniel publicó que había sido aceptado por la Universidad Complutense de Madrid para cursar una maestría.
En Puebla no está tipificado el delito de linchamiento
En México, no existe una estadística o recuento oficial sobre linchamientos. La justificación a esto es que linchar no es una conducta tipificada por los códigos penales vigentes de los estados. Esto obliga a que la única forma de acceder a información sea por medio de la revisión hemerográfica.
El Código Penal del estado de Puebla contempla en su artículo 318 los delitos de homicidios tumultuarios y lesiones tumultuarias, cuando intervienen tres o más personas, que aluden a los linchamientos e intentos de linchamientos.
En el caso de lesiones tumultuarias se sanciona con hasta seis años de prisión por cada participante; mientras que el homicidio tumultuario se reclasifica como homicidio simple y la pena es de cuatro a nueve años de cárcel.
El año pasado, el diputado del PAN, Eduardo Alcántara Montiel, propuso elevar la pena máxima de 8 a 12 años de cárcel a quien cometa linchamiento, así como 10 años de prisión a los policías omisos.
Argumentó que el artículo 17 de la Constitución federal establece la prohibición de hacer justicia por su propia mano; sin embargo, dijo que tampoco impide que ciudadanos lo realicen.
Incluso la legisladora Laura Ivonne Zapata Martínez también propuso modificar el Código Penal del estado, para convertir a Puebla en la primera entidad del país en tipificar claramente el linchamiento como delito, pero ambas iniciativas no prosperaron.
En cuatro años, en el estado de Puebla únicamente se han emitido seis sentencias por linchamiento, cinco condenatorias y una absolutoria, aunque se tiene el registro de 32 personas asesinadas.
La normalización de los linchamientos en Puebla
Para el académico de la Universidad Iberoamericana de Puebla, Tadeo Luna, los linchamientos no son un fenómeno social nuevo en Puebla, de acuerdo con su estudio Linchamientos en Puebla. Violencias extremas que conjugan violaciones de derechos humanos.
Resultado de una investigación, informó que desde el caso de San Miguel Canoa en 1968, donde fueron linchadas cinco personas, hasta los homicidios colectivos más recientes ampliamente difundidos en vivo, vía redes sociales, manifiestan la presencia de un fenómeno social violento cada vez más normalizado en la entidad.
“Se asume con cierta naturalidad en el imaginario social, que linchar es un acto justificado relacionado con autogestión de seguridad; que se lincha a personas que ‘se lo merecen’ y que linchar es una forma de hacer justicia por propia mano”, resaltó.
El investigador expuso que a partir de 1994, año icónico de movimientos sociales en México, hubo un resurgimiento de los linchamientos en el país, debido a que el Estado fue incapaz de proveer las necesidades básicas de la población y se enfrentó una crisis de legitimidad.
Sin embargo, dijo que a pesar de que se haya situado a “Puebla como un territorio de linchamientos”, existen pocas investigaciones para su compresión profunda que permita desarrollar políticas públicas basadas en evidencias para su prevención y erradicación.
Destacó que la vulnerabilidad económica, la pobreza y la exclusión, son un conjunto de factores relacionados con los linchamientos, “asociados al malestar colectivo de la corrupción y la ineficiencia de las autoridades que deberían garantizar la seguridad e impartición de justicia, así como la inacción”.
Por tanto, concluyó, si el gobierno busca prevenir los linchamientos, debería atender a los factores causales de los mismos como las violencias estructurales, las violencias emergentes y la crisis de legitimidad estatal.
