Este martes Elena Burns, exsubdirectora de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), señaló que Puebla es el ejemplo más claro del fracaso de las privatizaciones del servicio de agua a nivel nacional. Burns acompañó a activistas de la Asamblea Social del Agua (ASA) y de contralorías autónomas de Puebla y Cuautlancingo en la entrega de una propuesta en favor de un acuerdo nacional por el agua. .
Durante el acto, Burns cuestionó las prácticas de la empresa Concesiones Integrales, concesionaria del servicio en Puebla, y denunció la clausura del drenaje a usuarios con adeudos, medida que calificó de draconiana. Afirmó que la concesión debe anularse, aunque reconoció la dificultad del proceso, ya que la empresa podría recurrir a tribunales internacionales especializados en defender los intereses corporativos.
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Relató que en 2021, por ordenes expresas de la Conagua, oficina en la que trabajaba, y de Concesiones Integrales se le impidió la entrada a la firma de convenio para el saneamiento del río Atoyac entre los gobiernos de Puebla y Tlaxcala, a pesar de que ella tenía la facultad de representar a la Federación.
Afirmó que nunca se le notificó del acto, a pesar de que según los organizadores ella estaba convocada.
“El policía me dijo, tengo órdenes expresas de no dejarte entrar. En plena epidemia de Covid-19 se cerraron las puertas cuando se tenían que mantener abiertas”, denunció.
Manifestó que esta es una de las evidencias de que la privatización del agua se hizo a puerta cerrada, por lo que la primera parte de la lucha fue por conocer los términos de la concesión.
“Todo fue desventajoso para el pueblo. Hicieron una construcción jurídica muy compleja. El gobierno municipal de Claudia Rivera se dedicó tres años a intentar deshacer la maraña pero fue imposible lograrlo. La privatización en Puebla ha sido brutal y la usamos como un ejemplo a nivel nacional de lo que no se debe hacer”, expuso.
Cuestionó que con la justificación de buscar una mejoría en el servicio, Concesiones Integrales haga supuestas inversiones que terminan impactando en el cobro de la tarifa y generan deuda cargada a los usuarios.
María Eugenia Ochoa, integrante de la ASA, leyó la lectura de la propuesta frente a las oficinas de la Conagua en Plaza América, cuyas puertas fueron cerradas por agentes de seguridad privada.
La Dirección de Conagua expuso que se cerraron por acuerdo de los dueños de la plaza por un tema de seguridad y únicamente se dejó entrar a una representación de cinco personas, entre éstas las propia Elena Burns.
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“En Conagua Puebla hay funcionarios corruptos que defienden a empresas contaminantes”
Después de entregar el documento, la activista destacó que en las oficinas de Conagua Puebla hay funcionarios que protegen a empresas que hacen descargas contaminantes a los ríos.
Afirmó que en su momento denunció la presencia de estos servidores públicos sin que hayan sido dados de baja pese a cometer actos graves de corrupción.
Dejó a los medios de comunicación investigar de cuántos servidores públicos se trata, sin embargo, destacó que están bien documentadas sus acciones.
Asimismo, recomendó a los integrantes de las contralorías mapear las extracciones de agua y las descargas irregulares y entregarlas a la Conagua para que sean revisadas.
Cabe subrayar que en el documento entregado a la directora de Conagua en Puebla, Beatriz Torres Turcios la ASA y las contralorías destacaron que se han hallado irregularidades en las concesiones como sobreconcesionamiento, acaparamiento e identificación de tomas ilícitas, por lo que proponen la revisión de los permisos de manera minuciosa.
También propusieron que se garantice la equidad, sobretodo en el uso público del agua, garantizando el derecho humano a la misma para la población, lo que es extensivo al funcionamiento de todos los sistemas operadores de agua, así como a las concesiones y asignaciones dadas a los municipios en Puebla que la distribuyen para el uso público.
En el caso de las descargas destacaron que es urgente que Conagua supervise los procesos de tratamiento y saneamiento del agua que realizan los sistemas operadores de agua en el Estado, lo que es preocupante cuando en el caso de SOAPAP en la capital y la zona conurbada registra una pérdida de agua por fugas en más del 40 por ciento.
Subrayaron como urgente que se garantice el tratamiento y saneamiento del agua, sobre todo a las concesiones que concentran los mayores volúmenes de agua, lo que ha llevado a que en Puebla se ubique uno de los infiernos ambientales en el país.
También presentaron propuestas para el registro y reconocimiento de los derechos al agua de pueblos indígenas, núcleos agrarios y sistemas comunitarios; revisar si hay procesos de tratamiento a sus aguas residuales, así como el reconocimiento a los aproximadamente dos mil comités o sistemas locales de agua en el estado, entre otras.
