El estado de Puebla es uno de los 10 estados más violentos del país, y resulta especialmente relevante para la investigadora Aleida Azamar Alonso, de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), Unidad Xochimilco, el nivel de persecución que sufren los activistas indígenas pertenecientes a colectivos que rechazan los modelos de desarrollo extractivistas, donde usan a policías y militares contra las comunidades rurales e indígenas que se oponen a la minera.
La lucha de los pueblos del estado de Puebla está documentada en el libro Disputa por los bienes naturales: Militarización y fuerzas armadas en México, coordinado por la doctora en Economía Internacional y Desarrollo, Aleida Azamar Alonso, miembro del Sistema Nacional de Investigadores (SIN), nivel II, y que vio la luz el pasado 13 de septiembre.
En este estudio, la académica afirmó que la fuerza pública para resolver situaciones de resistencia social ante el extractivismo se ha convertido en la estrategia principal de la mayoría de los gobiernos.
En la actualidad, citó que estos colectivos que enfrentan violencia sistemática son: la Unión de Cooperativas Tosepan; el Movimiento Indígena Obrero, Campesino, Urbano y Popular (MIOCUP); el Movimiento Agrario Indígena Zapatista (MAIZ) y el Frente de Pueblos Unidos en Defensa de la Tierra y el Agua -solo por nombrar algunos-, los cuales dijo han sufrido varias víctimas mortales, personas heridas o encarceladas solo por expresar su rechazo a esta apropiación de sus recursos.
Expuso que en la Sierra Norte la defensa del territorio se ha convertido en una realidad que tienen que enfrentar día a día los habitantes debido a la gran cantidad de megaproyectos que se desarrollan en esa región.
“Este problema ya ha cobrado la vida de varias personas que se oponían a estas actividades, la mayoría de las cuales fueron acosadas por los organismos de seguridad pública; además, no intervinieron las autoridades ni los militares para prevenir la situación ni dar con los responsables”, afirmó.
Para la investigadora, la lucha contra los megaproyectos desde las comunidades rurales e indígenas de Puebla sólo son una muestra de lo que sucede en esta entidad, pues afirmó que hay otros eventos violentos que se han presentado a través del uso de policías y militares contra los pueblos que se oponen a la minería, así como a las infraestructuras que los acompañan, a la fracturación hidráulica (fracking) para extraer gas de esquisto, la privatización y explotación intensiva de los recursos hídricos, y la creación de infraestructura energética para beneficio empresarial.
Aleida Azamar Alonso explicó que eligió a Puebla “por la relevancia que tiene en cuanto a violencia contra activistas ambientales en el país, especialmente indígenas, pues es uno de los diez estados más violentos”.
En este trabajo se efectuó un análisis documental y hemerográfico de los principales casos de conflicto y violencia en los que han intervenido la policía y el ejército mexicano de forma violenta en contra de la población que se resiste a los proyectos extractivos.
Dijo que este proceso de documentación se amplió con el análisis de crímenes letales contra los defensores ambientales en la entidad.
Afirmó que en el estado de Puebla, desde 2019, se han desplegado cientos de militares en esta entidad y, entre sus principales actuaciones de este grupo militar, han sido desalojar a la población inconforme que había tomado una embotelladora de la empresa Bonafont.
Por otra parte, señaló que la Guardia Nacional no sólo no ha podido frenar la ola de violencia que se vive en el lugar, sino que incluso con su presencia la policía de la entidad masacró a un grupo de pobladores inconformes con la política local.
La Tosepan resiste desde hace cinco décadas
La académica de la UAM-Xochilco expuso que la mayoría de los megaproyectos en Puebla son estructurales y energéticos, los cuales informó se extienden desde la zona centro de la entidad hacia la Sierra Negra y Norte, en esta última es en donde se ubica la Unión de Cooperativas Tosepan, en la ciudad de Cuetzalan, integrada por 26 municipios organizados en ocho cooperativas regionales, así como 410 cooperativas locales que agrupan a 395 comunidades indígenas del lugar, las cuales se ven rodeadas por una gran cantidad de estos proyectos.
En este territorio refirió que al ser de comunidades indígenas tienen el derecho constitucional de autodeterminación; sin embargo, dijo que se observa que en el mismo corazón del territorio existen actividades de exploración de hidrocarburos, presas hidroeléctricas, minería y otros procesos de extracción o de generación de energía como la central de energía solar de Cuyoaco.
La investigadora mencionó que la Tosepan ha mantenido un proceso de resistencia y lucha contra los megaproyectos en las últimas cinco décadas y actualmente se enfrenta a una militarización de facto en la zona, pues desde 2019 se han desplegado por lo menos 450 miembros de la Guardia Nacional bajo el supuesto de apoyar en la protección y controlar la violencia sin tener ningún efecto positivo visible.
Refirió que históricamente los habitantes de estos espacios han estado acosados por el Estado al grado de que Amnistía Internacional (2018) tuvo que intervenir públicamente para solicitar a las autoridades mexicanas el cese de hostilidades contra la Asamblea de los Pueblos maseual, totonaku y mestizo, ya que dicho acoso había desencadenado diversos ataques violentos tanto de la policía como de otros actores desconocidos que habían cobrado varias víctimas mortales entre estas organizaciones.
Los asesinatos del último lustro
En el libro, Aleida Azamar enlistó que el primero de las víctimas mortales en defensa del territorio fue Antonio Esteban Cruz, miembro de la Cooperativa Tosepan, quien fue atacado en Cuauhtapanaloyan, municipio de Cuetzalan, en 2014.
Otro evento importante, mencionó que se presentó en abril de 2018, cuando ocurrió la ejecución de Manuel Gaspar Rodríguez, dirigente del MIOCUP y miembro de la Tosepan.
A estas ejecuciones, señaló que siguieron la de Adrián Tilihuit, ocurrida en mayo de 2018, opositor a la construcción de hidroeléctricas en el río Apulco; la de Sergio Rivera Hernández, integrante del MAIZ, defensor de los derechos indígenas en la región de Coyolapa, quien se encuentra en calidad de desaparecido; así como los homicidios de Marcelo Carrera Bolaños, Teófilo Barrera Herrera y Omar Herrera Raymundo, este último de 15 años, en el municipio de Coyomepan.
Al final, argumentó que estos casos tienen en común que el gobierno de Puebla, a través de la Fiscalía General del Estado, emprendió una campaña de criminalización contra los activistas de las organizaciones comunitarias de la población indígena en la Sierra Norte de Puebla y los municipios cercanos.
Reveló que ninguna de estas situaciones se resolvió de forma rápida y los esfuerzos por parte de la institución policial fueron limitados, pues no se realizaron las investigaciones adecuadas para esclarecer la situación
A esto sumó que en la última década se han elevado las concesiones de agua en el estado de Puebla para actividades privadas, lo que ha dado lugar a más de 12 mil concesiones activas, de las cuales 58 por ciento se destinan a la agricultura, 18 por ciento al uso industrial y el resto al sector.
Por lo que dentro del estudio también documentó ampliamente la lucha de las comunidades nahuas del municipio de Juan C Bonilla, contra la contaminación del río Metlapanapa y la explotación irracional de los mantos acuíferos que se alimentan de los veneros del volcán Popocatépetl, por parte de la trasnacional Bonafont.