El lamentable deceso del gobernador Miguel Barbosa, quitó de tajo el velo que cubría la más acabada táctica de intentar desmantelar al obradorismo, a través de la toma de su partido representativo. La falta de atención de la dirección nacional a los procesos de elección de consejeros, directivas, selección de candidatos a cargos de representación y afiliación; ha dado pie a que estemos viendo a un desorganizado partido, sin consistencia ideológica, ni visión de la problemática socio económico política de la entidad, carente de proyecto político propio, con innumerables conflictos internos que lo dividen, incapaz de influir en las decisiones políticas de un gobierno que, se supone, proviene de su filas; sin fuerza para reivindicar el proyecto político que representa ni resistir los agandalles políticos que, en su nombre, vienen haciendo sus “nuevos personajes”; que no termina de encontrar la manera natural de arraigarse entre la población trabajadora; debilidades que lo están colocando en la paradoja de su vida institucional: ceder su control y manejo a la oposición, que lo utilizará de ariete para confrontar al proyecto nacional que desarrolla el presidente de la república.
Actos de gobierno que parecían inexplicables, ahora adquieren dimensión, coherencia, y claridad con esta intención política. Uno a uno, el gobernador Barbosa se fue deshaciendo de los pocos perfiles de izquierda social o morenistas que había incluido en su gabinete, acusándolos públicamente de corrupción o deslealtad: Julio Glockner, en Cultura; Abelardo Cuéllar, en Trabajo; y, Melitón Lozano en Educación Pública. El resto de ocupantes de su gabinete provinieron de las filas de gobiernos anteriores. En este sentido, el finado gobernó bajo los estereotipos políticos del perredismo. El desastre observable en justicia laboral, procuración e impartición de justicia, violación de derechos humanos, presos políticos, inacción frente a la privatización del agua, contaminación ambiental, saneamiento de ríos, imparable crecimiento de la inseguridad pública y los ríspidos conflictos con organizaciones populares; evidenciaron la veta de sus orígenes políticos como rectora de sus decisiones de gobierno.
Post mortem, la designación del gobernador sustituto hecha sin respeto de formas políticas, jurídicas ni humanitarias -33 horas después del deceso del gobernador, de madrugada, discrecionalmente, con tufo de madruguete- evocadora de formas políticas pasadas, recayó en Sergio Salomón Céspedes; sin que los poblanos tuvieran participación, se les pidiera opinión, ni supieran las razones específicas y claras de porqué, precisamente él, obtenía esa designación en un hecho trascendental para la vida política y social de Puebla. Insólito en esta designación, considerando el movimiento que despliega la oposición frente al gobierno federal, fue que contara con 38 votos a favor, uno en contra, una abstención, y quizá una ausencia. ¿Qué circunstancias políticas o negociaciones de medianoche hicieron posible que, prácticamente, sin oposición de la oposición, el extinto gobernador postulado por Morena, fuese sustituido en el cargo, por otro personaje político formalmente del mismo partido? La respuesta parece estar, también, en sus orígenes políticos. Céspedes hizo su trayectoria política pasando del PRI, al PAN, y a Morena. La carencia de definiciones ideológicas lo hacen ser el gobernante pragmático y veleidoso que asume el retorno de sus viejos amigos al gabinete, como parte fundamental de su corto tiempo de gobierno, y para influir decisivamente en la selección del candidato a sucederlo en 2024.
Las formas utilizadas para su designación, sus acciones de gobierno, el reciclaje de viejos funcionarios, y sus resultados sociales, están dejando en la ciudadanía un amargo sabor de boca viendo que sus aspiraciones de cambio en el manejo de los asuntos públicos se frustraron. Que, bastó el voto de los diputados para que los viejos partidos -a los que en elección constitucional echó del gobierno- retornen a la administración pública con sus mismas prácticas de corrupción, envueltas ahora en un seudo discurso de izquierda que se apoya en la portación de una camiseta con letrero de Morena como respaldo, listos para emprender una nueva expedición a la caza del dinero público. Dos conspicuos representantes del priismo, que ocupan importantes cargos federales, por encima de estatutos partidistas y tiempos electorales, aparecen fácticamente como los principales aspirantes a la candidatura de gobernador. Es de tal magnitud el jale y cobijo que brindan, tanto el gobernador como los dos aspirantes, a priistas y panistas para sumarlos a la burocracia estatal y a las filas del partido, que el diputado federal Alejandro Carbajal -presintiendo la suplantación o advirtiéndola- ha debido pedir públicamente al partido Morena <<evitar que los liderazgos comprometidos con su ideología y que lo han respaldado desde su fundación sean excluidos en la elección de 2024>>; y al gobernador <<que incluya en su administración a perfiles sociales, activistas y defensores de derechos humanos con solvencia moral e ideológica>>.
Las condiciones actuales de Morena en Puebla -controlado por lo que se denominó y quiso ser “el barbosismo” que no definía ideología sino incondicionalidad- no le permiten oponerse a esas fuerzas fácticas que lo superan en organización y poder. Tampoco se sabe que exista en sus dirigentes auténtica voluntad política de preservación del obradorismo como guía de acción y comportamiento políticos. Salomón Céspedes ha justificado la designación de connotados priistas en su gabinete bajo la estrafalaria e impresentable explicación de que son “gente con experiencia”. Quizá bajo la misma consideración los aspirantes a sucederlo están abriendo sus proyectos a personajes del PAN y PRI, tan conocidos como rechazados por provenir de esas administraciones. Una hibridación política clasificable de marinovallismo, dentro del partido y gobierno, será la oferta política “de transformación” que ofrezcan al ciudadano.
Apoyado por fiscalía y el poder judicial que le resultan afines, por origen y composición política, retoman fuerza las viejas prácticas de criminalización de la protesta social con su terrible cauda de presos, procesados y perseguidos políticos, demoledoras de cualquier discurso sobre apego a la ley, estado de derecho, y respeto a los derechos humanos. Casos notorios muestran que la autoridad, en ejercicio del poder, está llegando al absurdo. El ambientalista Francisco Castillo Montemayor llevado a la cárcel sin delito, por complicidades de funcionarios del morenovallismo, buscando que se castigue a los responsables, encuentra que la fiscalía sostiene que por su encarcelamiento injusto nadie es responsable. El señor Oswaldo Gaitán Rivera, acusado por el mismo delito y en la misma averiguación que Castillo; a pesar de ser octogenario fue encarcelado, y falleció, porque las autoridades ministerial y judicial no respetaron su condición de adulto mayor, violaron las leyes que impiden su ingreso a prisión y, en el encierro, no se le proporcionaron los cuidados que requería su salud. Los juegos de interpretación jurídica que, frente a la intervención presidencial en favor el defensor del territorio y el agua Miguel López Vega hacen, gobierno, Ceaspue, y fiscalía para intentar mantener abierta la carpeta de investigación en su contra por delitos por los que ya fue juzgado y absuelto; confirman la paradoja de que la autoridad castiga al que cuida de conservar limpio el rio Metlapanapa, y nada hace contra los delincuentes ambientales que lo contaminan arrojando sustancias tóxicas a su cauce. La obtención de una sentencia de amparo en su favor, fue inmediatamente impugnada por la fiscalía para evitar que el abogado Abelardo Cuéllar retome sus actividades políticas como ciudadano. El juego perverso entre fiscalía y poder judicial que mantiene sin resolver el homicidio de Meztli Sarabia Reyna -un asesinato político en el que los presuntos autores materiales han sido puestos en libertad y nada se sabe de los autores intelectuales- tiende un velo de impunidad sobre un crimen cuyos motivos y autoría debieran ser de conocimiento pleno de los poblanos.
Gobernar bajo los principios políticos y morales de la Cuarta Transformación no se consigue por afiliarse al partido, ponerse un chaleco, o declararse morenista, careciendo de la convicción e ideales de transformar a la sociedad con base en el humanismo. La conformación e integración, al partido y al gobierno, de una reciclada alianza marinovallista evidencia que esta camaleonización de los políticos, ha devenido en su captura para reconducir una “Cuarta Traslación” que regrese a los poblanos a tiempos de gobiernos anteriores de los que quisieron huir al sufragar por Morena.
Heroica Puebla de Zaragoza, a 03 de abril de 2023.
JOSÉ SAMUEL PORRAS RUGERIO