Puebla ocupa la cuarta posición en el país con la mayor proporción de adultos mayores (de 65 o más años de edad) que se encuentran en situación de pobreza, la cual es de 48.8 por ciento; solo es superada por Oaxaca, con el 57.6 por ciento; y el 54.8 por ciento que se registra por separado en Guerrero y Chiapas.
Así se indica el más reciente estudio “Personas adultas mayores en México, evidencia para la toma de decisiones”, elaborado por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).
En cuanto a número de habitantes por entidad federativa que se encuentran en dicha condición, la cifra más alta (hasta el año 2022) se registra en el Estado de México, con poco más de 520 mil; le siguió Veracruz, con más de 415 mil personas; mientras que en Puebla, Oaxaca, Chiapas y Ciudad de México se identificaron entre 212 mil y 278 mil.
El organismo expuso que entre las carencias sociales que presentan los adultos mayores en condición de pobreza, se identificó que de la de mayor incidencia es el rezago educativo, con 46 por ciento.
“Llega a reflejar los obstáculos que enfrentan para la superación de esta carencia, tales como la poca disponibilidad de instituciones y programas de enseñanza, así como problemas de accesibilidad física y económica, entre otros”.
En tanto, la carencia por acceso a los servicios de salud la enfrenta el 29.4 por ciento de los adultos mayores; mientras que 20.8 por ciento no está dado de alta ante alguna institución como el IMSS.
Después están las carencias por acceso a los servicios básicos en la vivienda, con el 16.4 por ciento; 15 por ciento no tiene la oportunidad de contar con alimentación nutritiva, y 5.2 por ciento no tiene calidad en los espacios del inmueble en el que vive.
Por otra parte, el Coneval identificó que hasta 2021, en Puebla solo había un programa estatal orientado a la población de 65 y más años de edad, a diferencia de entidades como Coahuila, que tenía siete, cuatro en la Ciudad de México y Guanajuato, por separado; o tres en Colima , lo mismo que en Tabasco.
Este es implementado por el DIF y tiene como objetivo promover el derecho a la no discriminación, mediante el impulso a la formación de grupos gerontológicos, en los que se brinde atención integral a las personas adultas mayores, favoreciendo su adecuada integración social y familiar mediante actividades ocupacionales, recreativas, sociales y de ocupación del tiempo libre.
Cabe decir que en 2021, esta entidad se ubicó en el primer escaño en el país con más municipios con acciones orientadas a la población de adultos mayores, con un total de 58.
El Coneval resalta que el Estado debe garantizar y proteger los derechos sociales de la población y en este contexto, refiere que uno de los ejes articuladores de la política de desarrollo social es la atención de los riesgos que se presentan a lo largo del curso de vida de las personas.
Dichos peligros pueden acentuarse en razón de factores externos, como la epidemia de Covid-19, por lo que las acciones preventivas y de mitigación ante los mismos adquieren relevancia.
La Matriz de Riesgos elaborada por el Consejo muestra que en esta etapa de su vida, los adultos mayores regularmente presentan limitantes para el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos, afectaciones a la salud mental y socioemocional, así como desarrollo de enfermedades y complicaciones en su estado físico por padecimientos.
También enfrentan falta de servicios educativos para completar su formación básica normativa, desempleo y dificultad para encontrar trabajo, enfermedades y precarización laboral.
Por si eso fuera poco, pueden presentar problemas de nutrición y además tener dificultad para cubrir gastos catastróficos derivados de accidentes, enfermedades o desastres; pérdida de ingreso y seguridad social por desempleo e insuficientes recursos económicos para garantizar condiciones mínimas de bienestar.
En 2022, con datos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH), había 12.6 millones de personas adultas mayores, de las cuales 3.9 millones, es decir el 31.1 por ciento, estaban en situación de pobreza; y 8.8 por ciento, equivalente a 0.9 millones, en pobreza extrema.
