El 15 de julio de 2024 quedará inscrito en la historia de Puebla como el día en que el estado se convirtió en el número 14 de México en despenalizar el aborto voluntario dentro de las primeras 12 semanas de gestación. La decisión culminó una lucha que comenzó 17 años atrás, cuando se presentó la primera iniciativa en la materia ante el Congreso local.
La LXI Legislatura, bajo la presidencia del entonces coordinador de la bancada de Morena Edgar Garmendia de los Santos, reformó el Código Penal para que la interrupción voluntaria de una gestación, realizada dentro del plazo de 12 semanas, deje de ser castigada con prisión.
La nueva legislación prevé sanciones de hasta un año de cárcel únicamente cuando el aborto se practique después de ese periodo.
Además, se añadió una causal inédita: la inseminación artificial no consentida, que ahora permite la interrupción del embarazo sin considerar las semanas de embarazo. Esta nueva disposición se suma a las causales previas: aborto imprudencial o culposo, violación, peligro de muerte y malformaciones genéticas.
A pesar de este logro, queda pendiente la reforma a la Ley de Salud del Estado, necesaria para garantizar el acceso a abortos seguros y gratuitos en los hospitales públicos.
Día de tensiones y resistencia
La sesión plenaria del 15 de julio de 2024 estuvo marcada por tensiones. Grupos antiaborto, liderados por el Frente Nacional por la Familia, bloquearon los accesos al recinto legislativo con la intención de impedir el quórum necesario para la votación.
Sin embargo, la determinación de los legisladores y el apoyo de colectivos feministas permitió que 40 de los 41 diputados ingresaran al palacio legislativo en medio de empujones.
El único ausente fue Fernando Sánchez Sasia, de Morena, quien días antes manifestó su oposición al dictamen y se abstuvo de votarlo en la Comisión de Procuración y Administración de Justicia.
Por su parte, Mónica Rodríguez Della Vecchia, del PAN, intentó sin éxito retirar el tema de la agenda del día, apoyada únicamente por otros cinco legisladores de su partido.
La división de opiniones
La votación reflejó profundas divisiones ideológicas. Los votos en contra provinieron de cinco diputados del PAN (Mónica Rodríguez, Rafael Micalco, Nancy Jiménez, José Miguel Espinosa y Karla Rodríguez), así como de Mayra Tame (Morena) y Pablo Pérez (PSI).
En contraste, el respaldo mayoritario lo otorgaron los legisladores de Morena, el PT, PVEM, PRI, Movimiento Ciudadano y el Grupo Plural.
Las abstenciones también fueron significativas, destacando Azucena Rosas (Morena), Guadalupe Leal (PAN) y José Ambrosio Corona (PRI). Sin embargo, el tablero de votación no reveló la identidad del cuarto diputado que se abstuvo.
Golpe contra conservadores
La despenalización del aborto en Puebla representó un revés para los grupos conservadores, quienes en 2009 habían conseguido un importante triunfo al reformar la Constitución del estado para incluir la protección de la vida “desde la concepción hasta la muerte natural”.
Esta disposición, que sigue vigente, ha sido declarada inconstitucional y contrasta con los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que desde 2021 ha establecido que las constituciones estatales no pueden restringir los derechos reproductivos reconocidos a nivel federal.
A la fecha, 19 entidades federativas de México, de un total de 32, han despenalizado el aborto dentro de las primeras semanas de gestación, sin importar las causas.
Se trata de Ciudad de México, Oaxaca, Hidalgo, Veracruz, Coahuila, Baja California, Colima, Sinaloa, Guerrero, Baja California Sur, Quintana Roo, Aguascalientes, Jalisco, Puebla, Nayarit, Michoacán, Zacatecas, Estado de México y Chiapas.
Un triunfo impulsado por colectivas
El avance de la despenalización del aborto fue posible por la presión que ejercieron diversas colectivas feministas, entre las que destacaron el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), el Centro de Análisis, Formación e Iniciativa Social (CAFIS) y Cuatlicue Siempre Viva.
Estas organizaciones no solo mantuvieron la presión social y política sobre las autoridades, convocando múltiples marchas, sino que también desempeñaron un papel clave en el acompañamiento jurídico.
Asesoraron a mujeres en la promoción de juicios de amparo para garantizar el acceso a la interrupción del embarazo, basándose en el criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que desde el 7 de septiembre de 2021 declaró inconstitucional criminalizar de manera absoluta a las mujeres que deciden abortar.
Este respaldo jurídico permitió que los derechos reproductivos en Puebla se colocaran como una prioridad, impulsando el cambio legislativo finalmente concretado.
Una lucha de décadas
La despenalización del aborto respondió a décadas de lucha encabezadas por grupos feministas y activistas, quienes celebraron el avance como un paso crucial hacia la garantía de los derechos reproductivos y la maternidad libre y deseada.
Antes de aprobar la reforma, el Congreso local recibió un total de 15 iniciativas para la despenalización del aborto, de acuerdo con Nataly Hernández Arias, directora de CAFIS.
Los primeros en impulsar el tema fueron Rodolfo Huerta Espinosa, exlegislador del PRD que presentó dos iniciativas (2007 y 2020); Irma Ramos Galindo, también exdiputada del sol azteca (2010); y la exrepresentante popular del PRI María del Rocío García Olmedo, quien impulsó la iniciativa en 2010, 2019 y 2021.
También propusieron la reforma María del Socorro Quezada Tiempo (PRD, 2018), así como Estefanía Rodríguez Sandoval (Morena, 2020 y 2021).
Durante la LXI Legislatura (2021-2024), los esfuerzos provinieron de los morenistas José Iván Herrera Villagómez, Daniela Mier Bañuelos, Carlos Alberto Evangelista Aniceto, Eliana Angélica Cervantes González, así como de los petistas Mónica Silva Ruiz, Nora Yessica Merino Escamilla, José Miguel Octaviano Huerta Rodríguez y Jorge Luis Vélez Pavía.
El respaldo de Nora Yessica Merino Escamilla significó un viraje en la postura que había adoptado la actual diputada federal por Morena en el tema, ya que en la LX Legislatura (2018-2021) impidió la aprobación de la reforma como entonces coordinadora de la bancada mayoritaria de Morena y presidenta del Congreso.