En Puebla, 827 mil personas –equivalentes a 28 por ciento de la población ocupada– laboran más de las 48 horas semanales establecidas en la ley, el mismo porcentaje que se reporta en Guerrero, donde la cifra asciende a 422 mil trabajadores. Estas cifras provienen del más reciente análisis de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, basado en estadísticas de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del Inegi. Es importante precisar que el promedio nacional de empleados con jornadas laborales excesivas es de 25 por ciento.
En el panorama nacional, Puebla y Guerrero solo son superados por el Estado de México (31 por ciento), Tabasco y Tlaxcala (30 por ciento cada uno), y Guanajuato y Zacatecas (29 por ciento). Ambas entidades comparten riesgos y problemáticas estructurales como la alta incidencia de trabajos informales, ingresos bajos y precariedad en el acceso a la seguridad social, de acuerdo a la organización respaldada, entre otras, por Oxfam.
La mayoría de quienes laboran en estas condiciones extremas reciben entre uno y dos salarios mínimos y carecen de protección social. El fenómeno afecta con especial severidad a los jóvenes de entre 15 y 29 años, quienes constituyen una cuarta parte de la fuerza laboral con exceso de horas. La informalidad y la subcontratación prevalecen en el mercado laboral, perpetuando esquemas de explotación y dificultad en el ejercicio de derechos fundamentales.
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Las consecuencias de las jornadas extendidas van mucho más allá del aspecto económico. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, dedicar más de 55 horas a la semana al trabajo incrementa en 35 por ciento el riesgo de sufrir accidente cerebrovascular y en 17 por ciento el de fallecer por enfermedades cardíacas. También se asocia con mayor prevalencia de estrés crónico, insomnio, ansiedad, lesiones físicas y afectaciones emocionales. La Secretaría de Salud de México, mediante la NOM-035, reconoce que la sobrecarga de trabajo constituye un grave riesgo psicosocial y físico para la calidad de vida y el bienestar emocional de los trabajadores.
Acción Ciudadana Frente a la Pobreza advierte: “Trabajar jornadas tan largas no significa mayor bienestar económico, sino mayor desgaste y fatiga”, subrayando la urgencia de reformas legales y sociales que limiten el sobretrabajo.
A nivel nacional, el debate sobre la reducción de la jornada laboral máxima de 48 a 40 horas semanales continúa en la agenda pública. Durante 2025 hubo mesas de diálogo entre sindicatos, autoridades y sector empresarial para delinear una transición gradual que permita que la reforma entre en vigor antes de 2030. Sin embargo, existe incertidumbre sobre los mecanismos y los plazos de implementación, sobre todo en sectores con alta informalidad.
Mientras la discusión avanza, 28 por ciento de los trabajadores en Puebla y Guerrero –más de un millón 200 mil personas– seguirán laborando bajo jornadas excesivas, con riesgos crecientes para su salud, economía y vida familiar.
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