Viernes, agosto 19, 2022

Proyecto de largo aliento

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El Boletín SEP no 124 Jóvenes tendrán educación de calidad con nuevo Marco Curricular Común de Media Superior (domingo, 29 de mayo de 2022), retomaría una entrevista que concediera Juan Pablo Arroyo Ortiz, subsecretario de educación media superior al periódico la Jornada, (13 de febrero de 2022) y replicaría de manera textual el boletín publicado por la Subsecretaría de Educación Media Superior el 9 de mayo de este año. Charla en la que anticiparía el inicio de “la aplicación en el aula de un nuevo modelo curricular […]” (La Jornada, Laura Poy, 13-2-22) con el arribo del ciclo escolar 2023-2024 Gracia, y a tan solo a 14 meses de la conclusión de la administración que le viera encumbrarse en la burocracia central del sector educativo. La intentona no sería la primera. El titular de la subsecretaría ya se había involucrado en una propuesta que se remontaría al 2008; año en el que Josefina Vásquez Mota firmaría el ACUERDO número 442 por el que se establece el Sistema Nacional de Bachillerato en un marco de diversidad (26 de septiembre de 2008)-, que otorgaría al Marco Curricular Común (MMA) el carácter de “Ejes de la Reforma Integral de la EMS”; modelo que se basaría en la enseñanza y el aprendizaje de competencias genéricas, específicas y profesionales (desempeños terminales).

De la entrevista y del boletín 124 se rescatarían algunos “principios doctrinarios” que podrían diferenciar a la propuesta 2022, emanada del proyecto educativo que derivaría de la reforma educativa 2019, de la anterior ((2008). El MCC 4T -de acuerdo a las declaraciones de Juan Pablo- buscaría “homogeneizar, durante los primeros tres semestres del bachillerato, los saberes que todo alumno debe adquirir en cuatro disciplinas: comunicación, pensamiento matemático, conciencia histórica y cultura digital”, orientado -como cantarían Daniel Viglietti y otros cantautores de la trova cubana- a la construcción del hombre nuevo, “mejores ciudadanos” a los que se dotaría de herramientas igualitarias (base cultural común) que permitieran que alumnas y alumnos “[transitasen] de una posición individualista hacia un principio de comunidad e integración solidarias”. Ideología pura.

Juan Pablo (JP) sabría de lo que habla; su experiencia en el impulso de un Modelo Curricular Común se remontaría a los años en los que colaboraría con Miguel Szekely Pardo, quien le precediera en el cargo en una administración de color blanquiazul. El 29 de mayo pasado, JP reforzaría planteamientos formulados a La Jornada, en los que apuntalaría el autoaprendizaje de las y los bachilleres: “La idea de los cambios es que se fomente en los jóvenes el interés por saber más”. Generoso y sin tomar en consideración las diferencias entre las más de 20 943 instituciones, universo que incluiría a bachilleratos generales, tecnológicos, autónomos, preparatoria no escolarizada, en línea, tele bachilleratos, a distancia, bachilleratos comunitarios entre otros, y que corresponderían a “32 subsistemas de formación distintos”; instituciones a las que asistirían poco más de “5.3 millones de alumnos, 215 mil profesores”.

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Arroyo Ortiz idealizaría el resultado de la aplicación del nuevo Marco Curricular Común de Educación Media Superior (MCCEMS): “todas y todos los jóvenes tendrán las mismas oportunidades para tener educación de calidad”; objetivo que, para lograrse, obligaría a la mejora entre otras cuestiones, de las condiciones materiales y de los recursos humanos, en las que las instituciones de educación media superior (IEMS) en las que se desempeñarían.

A la multimillonaria inversión en infraestructura física que se precisaría, debería sumarse la que se demandaría para cumplir con “la cultura digital” en la que se formaría al estudiantado y que precisaría, sí o sí, de la compra de ordenadores suficientes para atender a las comunidades escolares y de acceso al Internet. JP reconocería las limitaciones propias de una planta docente “que impulsarían este cambio”, al admitir que muchas y muchos de ellas y ellos, agrupados en 3 categorías laborales (añejos, 15 años, nuevo ingreso) “no son normalistas, sino universitarios que se vienen a enseñar y tienen gran deficiencia en pedagogía y didáctica”; reconocimiento que obligaría -también- al aumento del gasto educativo destinado a la capacitación docente. La exigua partida presupuestal aplicada a este rubro alcanzaría tan solo a los 60 pesos por maestra y maestro y, sería 140 pesos inferior a al monto gastado por la anterior administración gubernamental, lo mismo que 1 840 pesos menor que la alguna vez autorizada por la Cámara de Diputados en el gobierno de Peña Nieto.

Juan Pablo se curaría en salud y anunciaría la publicación de “un nuevo acuerdo secretarial hacia agosto o septiembre de este año para definir los aprendizajes del nuevo modelo curricular” que, para los efectos que pretendiera, llegaría tarde e implicaría que el nuevo MCCEMS quedará en entredicho. La razón sería muy simple. La planeación y programación académica del ciclo escolar 2022-2023 ya habría iniciado; pues, las instituciones autónomas y particulares se encontrarían en la fase de evaluación docente que laborase en el ciclo escolar 2021-2022 y tras su conclusión, iniciarían con el reparto de la carga académica y la elaboración de horarios, tomando en consideración que, si la pandemia no se opone, a partir de agosto, se retornaría a la prehistórica normalidad. Todo indicaría que el proyecto quedaría en veremos, aunque de entrada se le vendiera bien a pesar de las dificultades que serían señaladas. Obstáculos a las que se sumaría otro más, que no le explicara la gentil rectora Zedillo, quien fuera su anfitriona en su visita por la Angelópolis, pues es una cuestión propia. De aprobarse, el sistema de incorporadas BUAP estaría funcionando con tres planes de estudio diferentes. Todo indicaría que el esfuerzo se tiraría a la basura, o por lo menos, se iría un año más a la congeladora y estaría condenado a ser “un programa de largo aliento” Gracia.

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