La persona que gane la gubernatura de Puebla en 2024 ya no tendrá un fondo de reserva para el pago de pensiones de los burócratas afiliados al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla (ISSSTEP), porque la bolsa que integró la administración estatal en turno se habrá agotado, advirtió la secretaria de Planeación y Finanzas, María Teresa Castro Corro. 

La funcionaria explicó que el próximo titular del Poder Ejecutivo local tendrá que echar mano del presupuesto público para cumplir con esa prestación económica, por lo que hizo un llamado al Congreso local a aprobar una reforma que permita transitar de la bolsa global que se tiene actualmente a cuentas individuales.   

La SPF, a través de María Teresa Castro, ha solicitado la intervención del Poder Legislativo en el tema desde 2019, año en el que alertó por primera vez la insuficiencia del fondo de pensiones, pero es la primera vez que señala explícitamente la necesidad de individualizar las cuentas, a fin de que cada burócrata del gobierno estatal, del Congreso local y del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) reciba para su retiro el ahorro que generó en su vida laboral. 

El ISSSTEP ya no cuenta con recursos 

María Teresa Castro aseguró que el ISSSTEP ya no cuenta con recursos para cumplir con el pago de pensiones, razón por la cual el gobierno estatal integró una reserva actuarial que servirá para atender esa obligación lo que resta del sexenio.  

En diciembre pasado se retiró de esa reserva más de 500 millones de pesos, con el objetivo de pagar aguinaldos y otras obligaciones, detalló la responsable de las finanzas públicas del estado.  

“Se estima que (la reserva actuarial) se agotará en 2024 (…) posterior a esta fecha quien llegue a la gubernatura (el 14 de diciembre de 2024) tendrá que hacer sus previsiones, ya con cargo al presupuesto, dado que ya no habrá reserva”, enfatizó. 

Explicó que actualmente las pensiones se pagan con un fondo global que, según la Ley del ISSSTEP, se integra con aportaciones del trabajador y de las instituciones públicas donde laboral.  

El artículo 38 de la normatividad antes referida determina que los trabajadores tienen una cuota obligatoria de 5.5 por ciento del sueldo básico mensual para el fondo de pensiones y jubilaciones, en tanto, el artículo 41 obliga a las instituciones públicas a aportar el 13 por ciento de ese sueldo.