Extrabajadores del Seguro Popular se manifestarán hoy a partir de las 10:30 horas en Casa Aguayo para protestar ante las autoridades de Salud federales que arribarán a la sede del gobierno estatal para una mesa de trabajo con el mandatario Luis Miguel Barbosa Huerta.
Los inconformes aseguraron que su movilización será apoyada por otros exempleados del Seguro Popular procedentes de Michoacán, estado de México, Hidalgo y la Ciudad de México.
Los extrabajadores tuvieron la tarde del pasado miércoles un encuentro con el titular de la Secretaría de Salud estatal, José Antonio Martínez García, quien les ofreció contratar a los 350 desempleados del Seguro Popular, ofreciéndoles un sueldo mensual de 7 mil pesos, según manifestaron los quejosos a esta casa editorial.
Añadieron que en todo momento el funcionario les aclaró que los recursos para su eventual contratación provienen de las arcas estatales, pero declinó hacer la propuesta por escrito y rubricarla.
Las fuentes expresaron su desconfianza porque aunque José Antonio Martínez García afirmó que hay presupuesto suficiente para cumplir su ofrecimiento, los ex empleados del Seguro Popular tienen información de la Dirección de Capital Humano y Operación de la Secretaría de Salud de que no hay fondos para las contrataciones.
De todas maneras, los exempleados consideran difícil poder aceptar la oferta del secretario de Salud, considerando que en promedio la mayoría de los quejosos ganaba mil 500 millones de pesos.
La víspera, los trabajadores del extinto Seguro Popular marcharon en la mañana por las principales calles del Centro Histórico de la capital de Puebla, exigiendo su contratación en el Instituto Nacional de Salud y Bienestar (Insabi).
Son 350 los exempleados del desaparecido Seguro Popular a quienes el gobierno adeuda siete meses de salarios caídos, cuyo monto total ronda los 24 millones y medio de pesos.
Se trata de médicos, enfermeras, promotores y gestores de la salud, quienes en la movilización de este miércoles llegaron al Congreso local y a Casa Aguayo, sede del Poder Ejecutivo, para exigir su pago y su contratación en el Instituto Nacional de Salud y Bienestar.
Dijeron que el gobierno estatal se comprometió a dar una respuesta a sus demandas desde el pasado mes de marzo, pero no ha cumplido.