Antes de las elecciones del 2 de junio, el Presidente de la República hizo la propuesta de reforma al Poder Judicial y del gallinero de la oposición salieron a relucir de inmediato los usuales críticos desde sus consagrados púlpitos. Como de costumbre, lucieron sus atrancados rechazos a esta iniciativa, como muchas otras que se presentaron a lo largo de sexenio.
No había algo distinto a la reacción del conservadurismo en su intentona restauradora del modelo acumulador y sus ponzoñosas procedencias. A cada paso de las propuestas o acciones emprendidas por el gobierno acudían, en tropel y cerrando filas. Hacían su cotidiano acto de presencia, en la mayoría de los medios de comunicación, con bravos y encendidos enfoques, repetían los argumentos seleccionados para causar efectos entre los enterados.
Un reducido grupo de organizaciones emprendieron la ruta de la confrontación. Otras, en las “calles tomadas” al grito de: “¡El INE no se toca!” fue el clamor con la mirada puesta en las elecciones de 2024. El empuje de respuesta se hizo presente con su candidata que les entusiasmaba y reforzaba sus ralas filas. Sin embargo, los resultados del 2 de junio los descompusieron por completo, aunque de varias maneras recompusieron ánimos y enfoques para volver al combate. Y ahí se encuentran ahora, sólo que ahora irán por el sustento que posibilita la aprobación de las 20 reformas enviadas desde Palacio Nacional y las enviadas que añadirá la virtual presidenta electa.
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Hay que evitar a toda costa, dicen sin suficiente seguridad, que las autoridades del Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, les concedan lo que califican de atraco y fraude constitucional, ante la copiosa votación que los morenos y aliados consiguieron en una mayoría calificada tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado. El panorama luce aterrador para algunos alarmados críticos. Se han enrollado, en trágica bandera y predican perdiciones catastróficas al por mayor si se aprueba la iniciativa presidencial de marras: la acumulación de poder, los miedos proclamados ante el absolutismo en ciernes, las terribles consecuencias financieras y la defectuosa armazón logística que acompaña a la reforma. Sus prisas innecesarias, son en verdad, estériles usanzas. Todos y cada uno de ellos portando peligros estratégicos que se pueden y deben evitar. Tanto por AMLO, como, de manera más precisa, por la venidera presidenta que no debe seguir las imposiciones del saliente. No puede, según esta conseja, seguir la línea que le han marcado desde Palacio Nacional.
Esperan, con seguridades tambaleantes, pero repetida, que se corrijan los rasposos bordes actuales que polarizan. Y, así las cosas, todo se acomodará a una recomposición prometedora. No oyen, por lo demás, las propias definiciones que la doctora Sheinbaum ha ido adoptando. Las piensan transitorias y forzadas por emergencia de la actualidad.
Lo nuevo que añaden a su argumentación y, en particular, a sus destempladas voces, es el cambio de régimen o, más abarcador aún, la transformación del Estado que va implícita en la reforma judicial en marcha. Aún siguen aconsejando, y aterrando a sus votantes, llevándolos por caminos minados y peligros existentes sólo en su enfebrecida imaginación. No alivian la carga de odios por su insensata actitud post elecciones.
Lo importante y nuevo en este gran movimiento reformador es el propósito político de inaugurar la pieza que le falta, para su equilibrio constructor, al sistema de poderes.
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