El reciente resolutivo del Parlamento Europeo, más que ayudar interfiere en la vida interna de nuestro país, a partir de apreciaciones erróneas y la construcción de diagnósticos equivocados, alejados de la realidad, demostrando su vocación injerencista, de visión de conquista y de búsqueda de como imponer su hegemonía, en pueblos que ven como fuente de explotación y enriquecimiento.
Pero lo que está realmente atrás del Resolutivo europeo, dado a conocer la semana pasada, con predominancia conservadora, como lo ha denunciado el politólogo español Juan Carlos Monedero, es la defensa de los intereses de las grandes empresas españolas en el sector energético de México. Y han utilizado como pretexto la situación de los periodistas mexicanos, para denostar a un gobierno progresista y no necesariamente de izquierda que, para ellos, es un peligro para sus intereses, que son los mismos de las empresas que han esquilmado a México y que ahora pretenden poner un alto a la reforma eléctrica, para seguir saqueándonos.
No sólo eso, tuercen la realidad, ubicando como referente de los periodistas afectados por el hostigamiento por su trabajo, a personajes tan cuestionables como Carlos Loret de Mola o Víctor Trujillo, que nada tienen que ver con los comunicadores asesinados. Menos aún representan a los miles de trabajadores de los medios, que viven en la precariedad y subsistencia, que no padecen ellos, los mismos que se han enriquecido vendiendo su pluma al mejor postor, convirtiéndose en verdaderos mercenarios.
En el fondo y en la superficie, los legisladores europeos victimizan a personajes que nunca han perdido su libertad para expresarse y decir lo que quieran, aunque ello sea apreciaciones fuera de la realidad. La diferencia es que ahora se les refuta y desenmascara, incluso desde la Presidencia de la República, a través de la conferencia mañanera.
Y quienes hasta antes se sentían intocables, hoy brincan y se sienten atacados. Más ninguno de ellos ha vivido la situación de quienes sí han sido perseguidos por poderes locales o por el crimen organizado. Esto no lo señala el Parlamento Europeo, pues su interés es desprestigiar a la actual administración y hacerle el caldo gordo a la reacción mexicana.
Como bien lo ha señalado el periodista Rogelio Hernández López, la real situación de esta confrontación con la cúpula periodística y sus emisarios de la pluma, es el cambio en la relación prensa-gobierno, así como la afectación de los intereses de algunos medios, en lo informativo, en lo propagandístico, pero sobre todo en lo financiero.
Estos medios y periodistas están haciendo su papel, como parte y expresión de una clase en lucha, que quiere volver a sus viejos fueros, a volver al pasado y seguir con sus canonjías hoy perdidas, o por lo menos acotadas. Están en su derecho hacerlo, donde si no lo tienen es en su victimización ni sentirse perseguidos, cuando no lo están. Por lo menos ellos no, ni menos a quien falsamente le achacan tal responsabilidad.
Lo malo de esta situación es que ha desviado la atención de lo que prevalece realmente en el grueso de los trabajadores de los medios, que si requieren se les considere, se debata su estado e implementen medidas de protección para el libre desempeño de su trabajo y función.
En tal sentido es pertinente la propuesta que empieza a manejarse como opción: la aprobación de lo que sería, la Ley General de Prevención y Protección para las personas defensoras de los derechos humanos y los periodistas, que actualmente se debate en los foros realizados en distintos estados de la República, como el llevado a cabo esta semana en Nayarit.
Hay una política pública sobre el particular, en la cual se pretende consolidar el Sistema Nacional de Prevención y Protección a periodistas y luchadores de Derechos Humanos, pero en realidad, aún carece del respaldo social necesario para legitimar esos esfuerzos, más con la consideración y resultados recientes en esta materia, la misma que han aprovechado y politizado la derecha mexicana, la cual lograron tener eco en los conservadores europeos.
En lo personal no niego los enormes esfuerzos realizados por la Subsecretaría a cargo de Alejandro Encinas Rodríguez, pero está claro que falta profundizar en las medidas de protección, las cuales, aún lo que se haga a partir del marco normativo, debe desarrollar acciones de prevención que eviten las agresiones y persecuciones a periodistas y a luchadores de derechos humanos. Aunque en esta dependencia no debiera recaer únicamente la responsabilidad de proteger a periodistas y defensores de derechos humanos, el gobierno en su conjunto debiera ser el garante de que el derecho a la información sea pleno y ésta sea veraz. Debe condenarse la manipulación de hechos, el sesgo de los mismos hacia la conducción de objetivos particulares, como ha sido la tendencia de las llamadas fake news.
En una sociedad como la nuestra no podemos pensar en la liquidación de las opciones privadas de los medios de comunicación, sobre todo electrónicos, pero sí voltear hacia el refuerzo y fortalecimiento de los medios públicos, los cuales no pueden convertirse en oficial de comunicación social de los gobiernos en turno, sino en escaparates donde puedan mostrarse y expresarse la sociedad a la cual deben servir.
Es un proceso de trabajar y fortalecer a mediano plazo, pero que se podría convertir en la alternativa a seguir para un sector ahora desprotegido, donde tendrían que participar varios actores de alguna u otra manera involucrados. Conforme vayan bajando las cifras de agresiones y/o asesinatos, corroboraremos su efectividad.