No habrá prórrogas, ni pretextos para los transportistas que no renueven sus unidades al cierre del plazo el próximo 12 de febrero, por lo que iniciarán la revocación de concesiones que incumplan, advirtió el titular de la dependencia, Guillermo Aréchiga Santamaría.
Durante su comparecencia como parte de la glosa del informe de labores del gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta, negó que se trate de una acción arbitraria sino de cumplimiento de los acuerdos.
“No habrá prórrogas, ni pretextos, iniciaremos un proceso de retiro de concesiones. Se aplicará la ley pareja. El 13 de febrero iniciará las revisiones y a quienes no cumplieron se les retirarán las concesiones”.
Afirmó que las anteriores administraciones detuvieron el incremento a la tarifa del transporte público por un cálculo político y no técnico, a pesar de que el sistema estaba a punto de colapsar y pese al aumento de los combustibles y el desgaste de las unidades.
Aréchiga Santamaría reconoció que el concepto del transporte público representa 30 por ciento de los gastos de una familia pero insistió en que en incremento era imperativo.
“La tarifa que se realizó equivale a dos pesos con cincuenta centavos. Se mantuvieron tarifas preferenciales y el apoyo para estudiantes. Para esto el gobierno del estado dispuso un presupuesto equivalente a 300 millones de pesos de ingresos de la población”, expuso.
Cuestionado sobre las medidas de seguridad que deben llevar las unidades, el funcionario advirtió que tienen un costo de entre 23 mil a 28 mil pesos por unidad, las cuáles deberán llevar en su interior entre una y cuatro cámaras según el tamaño del vehículo.
Adicionalmente la renovación de un vehículo automotor de grandes dimensiones tiene un costo de 2 millones de pesos, aproximadamente.
Aréchiga Santamaría subrayó que el costo de la modernización y del kit de seguridad que portarán las unidades serán costeadas por los conductores.
27 mil conductores están dados de alta como conductores de plataformas
Guillermo Aréchiga afirmó que las plataformas Uber, Cabify y Didi tienen dados de alta un número indiscriminado de socios o choferes que en conjunto suma 27 mil 310.
Al respecto, indicó que hay 19 mil 244 conductores de Uber; mil 781 de Cabify y 6 mil 195 de Didi; sin embargo dichas plataformas no informan a la Secretaría cuántos de estos socios deben de ser dados de baja.
Adicionalmente indicó que con los amparos que han ganado ahora tienen la posibilidad de cobrar en efectivo, con lo que se provoca una competencia desleal los taxistas que están debidamente acreditados.
Encontré una Secretaría plagada de corrupción
En otro tema subrayó que encontró una Secretaría plagada de corrupción, en donde todas las acciones públicas se “cobraban”.
Manifestó que uno de los casos donde más corrupción se registró es en la oficina encargada de entregar las concesiones, donde se realiza una revisión por parte del órgano de control interno para identificar cuántas concesiones fueron entregadas de manera irregular.
Se combate al pirataje
En otro tema, Guillermo Aréchiga informó que en lo que va de la administración estatal el gobierno del estado ha detenido y retirado 442 vehículos que brindaban servicio de transporte pirata.
Manifestó que durante el gobierno interino de Guillermo Pacheco Pulido se detuvieron únicamente 160 vehículos.
“Estamos prácticamente triplicando el número de vehículos detenidos por pirataje. Se les ha detenido por falta de licencia, la falta de seguro vigente, no hacer alto total en las paradas, falta de seguro vigente y maltrato al usuario”, entre otros.