La propuesta de Gustavo Gaytán Alcaraz de modificar el contrato con Concesiones Integrales para multar a la empresa por sus incumplimientos es una simulación por parte del director del Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado de Puebla (SOAPAP) para permanecer en el cargo en el nuevo gobierno, acusó Francisco Castillo Montemayor, extitular del organismo.
En entrevista vía telefónica, el también exfuncionario estatal afirmó que la propuesta enunciada este miércoles por el director del SOAPAP en una reunión con diputados locales, responde a una estrategia de hacer ver que “cumple con su trabajo” de vigilar a la firma, luego de que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció que revisará las concesiones de agua en todo el país.
Sostuvo que aunque son “bienvenidas” las modificaciones al contrato que se dirijan a sancionar a la empresa por sus omisiones, tanto el SOAPAP como la Conagua han podido hacer valer sus facultades para imponer multas por irregularidades como los excedentes de contaminantes, los cuales representarían sumas millonarias, ya que es evidente que no cumple con el saneamiento.
Sostuvo que el organismo también puede exigir a la empresa que devuelva más de 3 mil millones de pesos por concepto del cobro del saneamiento sin brindarlo, lo que ha generado problemas severos de salud en los ciudadanos.
Agregó que en los 10 años de la concesión, el SOAPAP también pudo haber multado a la empresa por incumplir en sus expectativas de ingresos, los cuales deberían rondar en los 5 mil millones de pesos anuales.
Sostuvo que como Concesiones Integrales no cumple con los ingresos previstos ha recurrido al endeudamiento -por más de 3 mil millones de pesos- para realizar inversiones, las cuales debió realizar en los primeros cinco años del contrato, pero fue el propio SOAPAP el que le extendió el plazo por otro periodo similar para iniciar con esas acciones.
“Hay una serie de disposiciones en los anexos del contrato. El SOAPAP le dio permiso de no cumplirlos en los primeros cinco años y no los va a cumplir. Ahora Gaytán les quiere imponer sanciones pero la empresa se la va a sacar diciendo que el propio gobierno se lo autorizó”, acotó.
Más aún, indicó que más que multas y sanciones el gobierno del estado debió quitarle la concesión por quebrar al organismo y provocar problemas financieros a la entidad, sin pagarle un centavo.
“La empresa dijo que debería tener alrededor de 5 mil millones de pesos recaudados por año. Sus corridas financieras están en el contrato, si no las cumplió se debió de iniciar un extrañamiento o un proceso por incumplimiento porque provocó que el gobierno del estado tenga que hacer aportaciones vía el SOAPAP para pagar la deuda histórica. La ineficiencia financiera de la empresa endeuda a los poblanos porque tiene que pedir prestado. El incumplimiento de su programa de ingresos ya quebró al SOAPAP”, manifestó.
Recordó además que fue el propio Congreso del Estado el que le autorizó el aumento de las tarifas pese a que la empresa ha incumplido con el saneamiento de las aguas residuales.
