Proponen en la SCJN fallo vs. pueblos indigenas que favorecería a mineras

Es probable que el próximo miércoles la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) analice un proyecto de sentencia sobre un amparo que, de ser votado favorablemente sin modificaciones, posibilitará que se mantenga en el país el sistema de explotación de recursos mineros que ha violentado desde hace al menos dos décadas los derechos indígenas.

La propuesta, elaborada por el ministro Javier Laynez Potisek, fue publicada en internet esta semana, causando zozobra y reprobación entre organizaciones indígenas, defensores de los derechos humanos y del medio ambiente, pues consideran que no solo afecta a las comunidades de la Sierra Norte y Nororiental de Puebla –que tramitaron desde 2014 un juicio de garantías contra el Estado mexicano por haber transgredido su derecho de autodeterminación–, sino que deja intacta la Ley Minera que hasta ahora ha sido el origen de megaproyectos depredadores y conflictos socioambientales en todo el país.

Brega legal

El 17 de marzo de 2014 el pueblo maseual que habita los municipios de Cuetzalan, Tlatlauquitepec y Yahonahuac, en el estado de Puebla, interpuso un amparo que fue admitido por el Juzgado Segundo de Distrito con sede en la Angelópolis. El acto reclamado fue la concesión de esos territorios a la industria minera sin que los pueblos indígenas que los habitan hubieran sido consultados, como lo obliga el artículo Segundo Constitucional y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).


Por esos hechos fue demandado el Estado mexicano, representado por el presidente de la República y el Congreso de la Unión, entre otros. El juicio de garantías no se interpuso solo contra las concesiones, sino principalmente contra la Ley Minera que permite la entrega de los territorios y viola los derechos de autodeterminación de los pueblos indígenas, recordó en entrevista, Leonardo Durán, miembro del Órgano Técnico del Ordenamiento Territorial Integral de Cuetzalan.

Una semana después, el 24 de marzo de 2014, el pueblo nahuatl de la comunidad de Zacualpan, en Colima, ingresó su demanda de amparo, la cual fue aceptada por el Juzgado Primero de Distrito con sede en la capital de aquella entidad.

Y el 7 de abril del mismo año, la comunidad campesina de Tecoltemic, ubicada en el municipio de Ixtacamaxtitlán, Puebla, presentó un juicio de garantías que fue admitido por el Juzgado Cuarto de Distrito con sede en la ciudad de Puebla.

De esta manera, el Poder Judicial de la Federación ordenó la suspensión de plano de las concesiones mineras a favor de los pueblos originarios en los tres casos, lo que implica que mientras duren los litigios las compañías no podrán realizar actividades tendientes a la explotación.

En su momento, organizaciones como el Consejo Titay Tlatli, el Consejo Maseual Altepetajpianij, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), la Red Mexicana de Afectados por la Minería (Rema) y el Consejo Indígena por la Defensa del Territorio de Zacualpan, destacaron que “la relevancia de estas acciones jurídicas reside en que ponen en evidencia la violencia estructural y simbólica que se fomenta desde la legislación y la política pública en materia minera. La Ley Minera actual ha sido el instrumento que posibilita la expedición de los títulos de concesión, para el despojo de los territorios de los pueblos en favor de las compañías mineras. Lo anterior constituye una discriminación, violando con ello la Constitución Política y los acuerdos internacionales que obligan al Estado mexicano a respetar los derechos humanos, particularmente el derecho de los pueblos originarios y comunidades equiparables a la autodeterminación y al control de los recursos naturales que sobre su territorio han utilizado ancestralmente”.

A la par de la defensa legal, las comunidades indígenas de la Sierra Norte, Nororiental y de Veracruz emprendieron asambleas informativas y deliberativas para enfrentar a la industria minera que las asola y a otros denominados “proyectos de muerte”, como las hidroeléctricas y el fracking.

Desde 2014, cada dos meses, se han realizado hasta ahora 29 asambleas en 34 municipios de Puebla y Veracruz, en las que el menor aforo ha sido de 2 mil participantes y el mayor hasta 10 mil. En todas ellas los indígenas han dejado claro su rechazo absoluto a la minería, al punto de que ni siquiera piden que se les consulte, pues su repudio es más que evidente, no quieren saber nada de ese asunto, aseveró en entrevista, Nazario Diego Téllez, representante del Consejo Maseual Altepetajpianij.

“Equilibrar el tablero”

El litigio del pueblo maseual llegó en estos años hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en la revisión al juicio de amparo 928/2019, cuyo proyecto de sentencia fue presentado por el ministro, Javier Laynez Potisek y esta semana se hizo público. En ella, asevera que la Ley Minera no se vincula de ninguna manera a los derechos indígenas y, por tanto, no los afecta, por lo que plantea no amparar las comunidades poblanas.

A decir de Xavier Martínez Esponda, abogado del Cemda, el aserto del ministro es desconcertante porque su argumentación está poco sustentada, es poco comprensiva de la realidad indígena de México y sin duda constituye un retroceso en la construcción del estado pluricultural que ordena el artículo Segundo Constitucional.

Martínez Esponda explicó que los perjuicios son evidentes, tan es así que existen al menos tres investigaciones del relator especial de la ONU para derechos indígenas que documentan las afectaciones, amén de documentos elaborador por Fundar, la Rema y el Cemda que confirman los conflictos socioambientales derivados de la minería.

Además, mencionó que el ministro tiene a su alcance el protocolo de actuación para este tipo de casos que elaboró la propia SCJN.

En opinión del abogado del Cemda, en este caso la SCJN tiene la oportunidad no solo de fallar a favor de los indígenas poblanos sino de corregir una normatividad, la Ley Minera, que sustenta una estructura que viola sistemáticamente los derechos humanos, de consolidar la transición de un estado monocultural a uno pluricultural y así contribuir a la construcción de procesos duraderos de paz.

“Este amparo no debe ser entendido aisladamente sino como parte de una lucha colectiva que busca transformar el rostro del Estado mexicano y hacer posible un México donde se reconozcan los muchos México que existen”, sentenció el abogado.