Ejidatarios de la junta auxiliar de La Resurrección propusieron al gobierno del estado y al ayuntamiento de Puebla un convenio o acuerdo de colaboración catastral para corregir la errónea ubicación que hizo el Catastro municipal de las 170 hectáreas que les pretende despojar un prestanombres del exgobernador Rafael Moreno Valle Rosas.
En entrevista con La Jornada de Oriente, Arturo Mendoza, abogado de los afectados, reveló que con base en una investigación histórica se determinó que la escritura que posee el testaferro de los intereses morenovallistas, Carlos Juárez Camacho, ubica su amplia porción de terreno entre la zona de Los Fuertes de Loreto y Guadalupe, y los estadios en el municipio de Puebla, y no en el panteón de la junta auxiliar, propiedad de los ejidatarios, donde se empezó a lotificar.
Hay que recordar que en junio de 2020 estalló un conflicto en la junta auxiliar, luego de que se empezó a lotificar un predio que les fue despojado a ejidatarios a través de Juárez Camacho, presunto prestanombres del ex mandatario.
Al iniciar las acciones jurídicas para recuperar las hectáreas el equipo jurídico del colectivo Hermanos Serdán, al que pertenece el abogado, descubrió que la escritura ubica el predio a nombre de Carlos Juárez justo abajo de Los Fuertes de Loreto y Guadalupe y no donde se intentan construir desarrollos inmobiliarios.
El abogado Arturo Mendoza manifestó que la exdirectora del Catastro municipal María Luisa de Ita Zafra, destituida en junio pasado por presiones de los pobladores, de manera artera ubicó el predio de Juárez Camacho en las hectáreas que le pertenecen a los ejidatarios con el objetivo de quitárselos, a pesar de que no coincide con la ubicación de la escritura.
Indicó que para recuperar las hectáreas que les pretenden despojar a los ejidatarios se requiere de una rectificación por parte del Catastro municipal, acción que únicamente se podrá lograr en colaboración con el Registro Público de la Propiedad, ya que se trata de una “labor titánica” por la complejidad de los trabajos catastrales.
Una vez que la rectificación se logre la defensa jurídica de los ejidatarios podrá emprender acciones legales, primero a través de un recurso ante el Registro Público de la Propiedad y, posteriormente, con un juicio de amparo, en los que alegará que la escritura del prestanombres del ex gobernador refiere a un predio completamente distinto a las hectáreas que le pertenecen a los ejidatarios.
Manifestó que el gobierno del estado está de acuerdo en realizar el convenio con el municipio para solucionar el conflicto agrario, por lo que apeló a la apertura del ayuntamiento para poder realizarlo.
Asimismo acotó, que el conflicto por el despojo de 170 hectáreas en la junta auxiliar es una “bomba de tiempo” porque los pobladores están dispuestos a defender con su vida esta porción de tierra que les pretende ser arrebatada.
Expuso que si se reactiva la lotificación del predio que le pertenece a los ejidatarios estos lo defenderán hasta con “sangre”.