De tres a ocho años de prisión para empleados bancarios que filtren información y participen como cómplices en robos a cuentahabientes plantea la diputada local de Movimiento Ciudadano, Fedrha Suriano Corrales, a través de una iniciativa de reforma al Código Penal del Estado de Puebla que prevé discutirse y votarse en 2026, una vez que se consolide el consenso entre las fracciones del Congreso del estado.
La propuesta de Suriano Corrales reforma el artículo 381 del Código Penal de Puebla para establecer penas de 3 a 8 años de cárcel a empleados de instituciones bancarias o financieras que proporcionen información, auxilio, colaboración o cualquier tipo de apoyo para que se cometan robos de dinero o valores a personas que hayan retirado recursos de una sucursal bancaria, siempre que el delito se consuma en el exterior o en las inmediaciones del banco o institución financiera. La legisladora sostuvo que ya hay acercamientos con las distintas fuerzas políticas representadas en el Congreso local para que la iniciativa avance en comisiones y llegue al pleno durante 2026.
Suriano Corrales argumentó que los asaltos contra cuentahabientes suelen ocurrir a escasos metros de las sucursales, minutos después de que las personas realizan retiros de efectivo, lo que refuerza la sospecha de que personal interno de los bancos podría alertar a sus cómplices. Afirmó que en Puebla, como en otras entidades del país, se ha vuelto constante el robo con violencia a usuarios que salen de instituciones bancarias y son interceptados en el exterior para despojarlos del dinero recién retirado.
La diputada explicó que este patrón delictivo muestra una planeación evidente que involucra a terceros con capacidad de injerencia dentro de los bancos, quienes tendrían acceso a información sensible sobre los movimientos de efectivo de los usuarios financieros. Esa información permitiría la identificación y seguimiento de las víctimas por parte de los grupos delictivos, que operan en las inmediaciones de las sucursales. No obstante, subrayó que, en cada caso, corresponderá al agente del Ministerio Público realizar las investigaciones y acreditar la participación de empleados bancarios.
Añadió que la práctica conocida coloquialmente como “marcaje” funciona como una modalidad de criminalidad estructurada, caracterizada por un alto grado de coordinación y logística. Las víctimas suelen ser seleccionadas por el monto del retiro y por su perfil vulnerable, y los robos se cometen pocas cuadras o minutos después de abandonar la sucursal, lo que evidencia la posible colaboración de terceros que proporcionan datos clave a los ejecutores del delito.
Suriano Corrales advirtió que el robo a cuentahabientes en inmediaciones de instituciones bancarias es una modalidad delictiva en expansión, en la que los agresores no actúan de manera espontánea, sino con base en información privilegiada que podría ser proporcionada por empleados de banco, usuarios recurrentes, personal de seguridad privada o individuos integrados en redes de observación y seguimiento. Afirmó que este fenómeno ha generado un sentimiento de vulnerabilidad entre personas adultas mayores, empresarios, comerciantes y trabajadores que manejan grandes sumas de dinero en efectivo, por lo que consideró urgente establecer sanciones específicas contra los cómplices internos.
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