Propone gobierno de Puebla 418.6 mdp para el Sistema Anticorrupción en 2020

El presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Gabriel Biestro, dejó abierta la posibilidad de ampliar los fondos en la revisión que el Congreso local hará de la iniciativa ■ Foto Archivo de La Jornada de Oriente

El gobierno de Puebla propone en la iniciativa de Ley de Egresos 2020 una bolsa de 418.6 millones de pesos para las instituciones que conforman el Sistema Estatal Anticorrupción (SEA), con el propósito de subsanar las reducciones presupuestales que se aplicaron este año.

El presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Gabriel Biestro Medinilla, dejó abierta la posibilidad de ampliar los fondos en la revisión que el Congreso local hará de la iniciativa.

El SEA tiene por objeto establecer principios, bases generales, políticas públicas y procedimientos para la coordinación entre los entes públicos en la prevención, detección y sanción de faltas administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos.


El sistema lo integran la Secretaría Ejecutiva, el Tribunal de Justicia Administrativa, la Auditoría Superior del Estado, el Instituto de Trasparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, la Secretaría de la Función Pública, la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción, el Consejo de la Judicatura y el Comité Estatal de Participación Ciudadana.

En la Ley de Egresos, el gobierno del estado sugiere el presupuesto de cinco de las ocho instituciones del SEA, las cuales se llevaron 391.6 millones de pesos en 2019, debido a que el Congreso redujo 34.8 millones de pesos a la propuesta original del Poder Ejecutivo.

Para 2020, el gobierno propuso un incremento global de 7 por ciento que se someterá a discusión de los diputados, primero dentro de la Comisión de Presupuesto y Crédito Público del Congreso, y después en el pleno.

Distribución de recursos

La Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, que da seguimiento a la implementación de las políticas públicas relacionadas con la materia, recibirá 27.8 millones de pesos en 2020, si el Congreso avala la propuesta del gobierno estatal, luego de que en 2019 se le autorizaron 26 millones de pesos.

La iniciativa de Ley de Egresos 2020 sugiere además 46 millones de pesos para el Tribunal de Justicia Administrativa, responsable de imponer sanciones a servidores públicos por faltas administrativas graves, así como a particulares vinculados con las mismas. La cifra planteada representa un aumento de 318 pesos respecto a 2019.

La Auditoría Superior del Estado (ASE) obtendría 155.3 millones de pesos, 15 millones de pesos más que en 2019, para cumplir con su responsabilidad de fiscalizar la aplicación de recursos públicos.

En el caso del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Puebla (Itaipue), el aumento sería de 2.8 millones de pesos y de 6.7 millones de pesos para la Secretaría de la Función Pública, ya que el Poder Ejecutivo propone asignarles recursos por 19.4 y 169.9 millones, respectivamente.

El Itaipue es órgano responsable de vigilar el cumplimiento de la Ley de Transparencia por parte de todos los sujetos obligados, mientras la Secretaría de la Función Pública (antes Secretaría de la Contraloría) es la dependencia del gobierno del estado que vigila las actividades de los servidores públicos.

El presupuesto de la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción depende de la Fiscalía General del Estado (FGE) y el del Consejo de la Judicatura del Tribunal Superior de Justicia.

Biestro anuncia reforma

Gabriel Biestro anunció que el Congreso dará “todo el respaldo” a las instituciones que conforman el Sistema Estatal Anticorrupción y vigilará que los recursos entregados se orienten a las áreas operativas, en vez de las administrativas.

Asimismo, anunció que la LX Legislatura promoverá reformas al marco normativo para fortalecer al SEA porque “va a tener mucho trabajo que hacer en estos momentos” y el Poder Legislativo exigirá “un trabajo pulcro” en el combate a la corrupción.

Explicó que las modificaciones de ley responden al llamado que realizó la secretaria ejecutiva del sistema, Catalina Aguilar Oropeza, de dotar de facultades más severas el organismo para poder ejercer una influencia real en el combate a la corrupción.

Al rendir el segundo informe de labores del SEA en noviembre pasado, Catalina Aguilar informó que entregó tres propuestas al Congreso, una de las cuales consiste en dotar de autonomía a la Fiscalía Anticorrupción “como una medida para fortalecer la lucha y el combate” a las malas prácticas en la función pública.

“La segunda propuesta –abundó– es integrar mecanismos de participación ciudadana en las designaciones de los órganos constitucionales autónomos y la tercera es fortalecer la voz ciudadana en el sistema estatal anticorrupción”.