La Organización Nacional de Comités de Ordenamiento y Defensa del Territorio (Onodet) dio a conocer fin de semana un posicionamiento en el que demandan que el sexenio que está por iniciar se hagan reformas estructurales y legales que den continuidad a las políticas de este sexenio que ayudaron a detener los agravios ambientales permitidos por el neoliberalismo.
Entre otras cosas, la organización pide “aprobar la ley general de agua, congelada en el Congreso de la Unión desde hace años, con base en la propuesta ya consensuada en la LXIV Legislatura Federal”.
Asimismo, señala que es imperativo resolver “la calidad y disponibilidad social del agua; la degradación del suelo y la vegetación; el crecimiento desbordado de la basura sin control; la generación de riesgos a desastres; y, en conjunto los llamados problemas sanitario-ambientales”.
En el Segundo Encuentro Nacional de Comités de Ordenamiento y Defensa del Territorio, celebrado en el edificio Carolino de la Universidad Autónoma de Puebla los días 9 y 10 de agosto del año 2024, se acordó constituir formalmente la Organización Nacional de Comités de Ordenamiento y Defensa del Territorio, con una estructura democrática, no partidista, enfocada a realizar acciones en beneficio del planeta tierra, con todos sus elementos y habitantes.
Una vez constituida esta organización bajo el acrónimo de Onodet, los participantes convinieron hacer público un posicionamiento sobre las acciones que el Estado y la sociedad deberían llevar a cabo “para detener los peores impactos de la crisis socioambiental que sufre México hoy en día”.
La declaratoria se transcribe íntegra a continuación:
“La llamada Cuarta Transformación, encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, logró frenar algunos agravios esenciales que ocurrieron en el territorio nacional durante el neoliberalismo y aún antes, hay que reconocerlo; se trata de avances muy importantes que sirven como plataforma para lo que sigue. Son muchas las tareas pendientes que quedaron apenas bosquejadas en su solución o de plano no fueron atendidas, siendo muchas de ellas extremadamente graves. Citaremos entre estos problemas la calidad y disponibilidad social del agua; la degradación del suelo y la vegetación; el crecimiento desbordado de la basura sin control; la generación de riesgos a desastres; y, en conjunto los llamados problemas sanitario-ambientales.
“El nuevo gobierno, que será conducido por Claudia Sheinbaum Pardo, tiene el reto y la obligación de atender estos focos rojos de forma integral, eficiente y verificable.
“Enlistamos los aspectos que, a nuestro parecer, permitirían enfrentar mejor la corrección de las graves condiciones de deterioro del medio ambiente y de la salud de los mexicanos:
1. Se requiere de una revisión profunda de todas las leyes y normas ambientales-sanitarias, que el neoliberalismo fragmentó, para hacer del país un paraíso para los inversionistas transnacionales que, en sus metrópolis no pueden contaminar y expoliar los recursos como lo permite la normatividad mexicana, en aras de conseguir inversión foránea y con el ardid de generar empleos. Frente a la gigantesca ola de capital foráneo que llegará, conocida como nearshoring, urge definir nuevas reglas, adecuadas y eficientes, con renovadas instituciones, acompañadas de pertinentes programas de gobierno que garanticen en todo el país, la salud de los trabajadores y avecindados a las regiones con diversos procesos contaminantes, así como del conjunto de consumidores;
2. Debe aprobarse la propuesta de la Ley General de Agua, congelada en el Congreso de la Unión desde hace años, con base en la propuesta ya consensuada en la LXIV Legislatura Federal que garantiza la participación ciudadana que mandata el Art. 4º. De la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; también deben derogarse las disposiciones legales perniciosas contenidas en las leyes de Minería y la de la Industria Eléctrica;
3. Para ello, se requiere, además de una profunda reforma legislativa, de otra reforma institucional complementaria que permita acabar con los vicios, la permisividad y hasta la corrupción que se padece en instituciones como Conagua, Conafor, Profepa y Cofepris, aunque también debe dotarse a estas dependencias de los recursos necesarios para poder operar adecuadamente;
4. Debe darse continuidad al enfoque que este gobierno ha dado a la investigación científica, orientando sus programas y su gasto a atender los problemas más acuciosos de la sociedad y no a los de empresas privadas, como se hizo en administraciones anteriores. Los ejemplos de Conahcyt y Semarnat, debes ser imitados y profundizados;
5. Estimamos igualmente indispensable asegurar que la participación ciudadana sea mayor y más efectiva en todos los procesos socioambientales, superándose la simulación de las “consultas ciudadanas” y sustituyéndolas por la participación directa en órganos de representación ciudadana real, con delegados nombrados en sus lugares de vida y de trabajo, para que los pobladores colaboren en la gestión del territorio y los usos de suelo con los poderes locales. El conocido modelo de los Comités de Ordenamiento Ecológico Participativos puede ser una referencia útil, tanto como las Contralorías Autónomas del Agua. Cuando la democracia no sirve solo para elegir cargos públicos, sino que se ejerce cotidiana y efectivamente, los bienes comunes como el agua o los bosques se protegen mejor;
6. Por estas mismas razones, creemos conveniente que existan ordenamientos territoriales integrales, con estructura urbana y rural, que se elaboren con una visión única de prevención de calamidades y aprovechamiento racional del entorno que habitamos;
7. En este sentido, se precisa de una instancia coordinadora interinstitucional e intersectorial efectiva, con autoridad jurídica, con suficientes recursos, para garantizar las transformaciones integrales aquí propuestas; y
8. Considerando que las sociedades tradicionales mantienen con sus respectivos territorios una relación integral y no meramente utilitaria, es indispensable preservar, aprender y difundir la manera respetuosa y armónica con la que los pueblos originarios han sabido integrarse, durante siglos, a la naturaleza. Tenemos en su ejemplo una gran lección que debemos valorar y continuar. Dicha relación integral implica concebir a la naturaleza como un ámbito sagrado que requiere la decidida protección de sus lugares de culto, sus paisajes rituales y rutas procesionales, pues son precisamente estos espacios los que le otorgan un carácter de geografía sagrada en la cosmovisión de los pueblos originarios. Una síntesis de este pensamiento es que la naturaleza no le pertenece a la humanidad para disponer de ella a su antojo; por el contrario, nuestra especie humana pertenece a la naturaleza y hay que armonizar nuestras actividades a las de ella. Creemos necesario superar el concepto de “recursos” para referirnos a los componentes de la naturaleza y definirlos como bienes comunes.
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