Ayer la directora de Comunicación Social de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Anjanette Zebadúa Soto, y Orlando Camarillo Ruiz, jefe de oficina de la dirección general del Infonavit, junto al gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina, anunciaron el arranque del Programa Nacional de Vivienda, en Puebla, con el que se pretenden construir a partir de marzo y entre 2025 y 2030, 48 mil 700 nuevas casas que se entregarán a través del Infonavit y la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), priorizando favorecer a sectores que difícilmente acceden a este derecho, como son los jóvenes, indígenas, adultos mayores y jefas de familia.
En la entidad, las viviendas se proponen construir en siete municipios: Puebla capital, Atlixco, Tecamachalco, Tehuacán, Cuetzalan, Huauchinango y Xicotepec de Juárez, donde las autoridades estatales y municipales deberán dar las facilidades administrativas y fiscales, así como de aportación de tierras, que tengan disponibles para donación como reserva territorial y que sea apta para la construcción de vivienda.
Si bien el programa es loable en lo general ya que busca cubrir una necesidad de una parte de la población que está excluida de la posibilidad de obtener una vivienda, adolece del referente territorial del cual dependerá su viabilidad. Ya que la disponibilidad de las tierras aptas para la construcción de viviendas será un desafío y si bien en algunos casos pueden existir esas reservas que posibiliten el avance del programa, en otros casos el gobierno deberá gestionar tierras para la constitución de esos nuevos desarrollos.
En un estado campesino como es Puebla, una parte importante de la tierra sigue en manos de ejidos y comunidades que no necesariamente están dispuestos a ceder sus predios para constituir una reserva territorial, ya que las siguen cultivando y las tierras de uso común son utilizadas para pastoreo del ganado menor; además de que la regularización de esos terrenos pasa por las instancias federales.
Habrá necesidad de trabajar más directamente con las administraciones locales que permita responder claramente dónde es viable construir, pero además teniendo el cuidado de que los terrenos no estén en zonas de riesgo que finalmente vuelven vulnerables a las poblaciones que se pretende beneficiar.