El programa de trabajo de la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes 2022-2024, publicado 8 años después de que se aprobara en 2015 su programa rector, tendría que evaluarse a la luz de los resultados, resaltados por diversas notas periodística publicadas recientemente y en las que se señalaría que “Nueve niñas de 10 a 14 años dan a luz todos los días en México”. Los alcances del programa se plantearían en la justificación del mismo (pág. 2) y bajo el nombre de Objetivo Prioritario (del 1 al 4) pretendería lograr: “1. Educación inclusiva, integral, flexible y educación integral en sexualidad; 2. Entorno habilitante [que les permita lograr] la prevención del embarazo no intencional; 3. Servicios de Salud Amigables […] incluyendo una gama completa de métodos anticonceptivos para garantizar una elección libre e informada de las y los adolescentes; 4. Identificación temprana y atención oportuna integral a la violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes”. La justificación que precedería a los objetivos prioritarios se basaría (pág. 3) en “un análisis profundo de los marcos normativos y programáticos de las Instituciones [que prevenga el embarazo en adolescentes y erradiquen] los nacimientos entre las niñas y adolescentes de 10 a 14 años”; propuesta que sería fruto “de muchos meses de trabajo [generados] desde el año 2021” y con un retraso superior a los 8 años de autorizada la estrategia nacional.
El Objetivo prioritario 1. Educación inclusiva, integral, flexible y educación integral en sexualidad. Garantizar el derecho de niñas, niños y adolescentes a la educación, así como a obtener una Educación Integral en Sexualidad, desde el reconocimiento de su autonomía progresiva y con pertinencia cultural, que les dote de herramientas para su proyecto de vida, se integraría por 6 Estrategias y 21 Acciones puntuales. Entre las primeras se encontrarían algunas vinculadas con el quehacer educativo: 1.1 Fortalecer los planes, programas (pp.) y materiales educativos con la finalidad de que niñas, niños y adolescentes desarrollen aprendizajes situados y habilidades socioemocionales, mediante acciones puntuales de las que se destacarían la incorporación a los pp.; 1.1.1 “prácticas educativas relacionadas con la adquisición de estilos de vida saludables”; 1.1.2 “adecuar los pp., para garantizar su pertinencia y relevancia […]” en materias como diversidad étnica y lo que conlleva con perspectivas de género, lo mismo que las “necesidades de las personas con discapacidad”; 1.1.4 “Sensibilizar al personal docente en la utilización y adaptación de métodos pedagógicos y didácticos que permitan atender, con enfoque de derechos humanos y perspectiva de género, las necesidades de aprendizaje de las y los educandos, con la participación de pueblos indígenas en la construcción de modelos educativos pluriculturales”; 1.1.5 promovería el uso crítico “de las tecnologías de la información, comunicación, [el] conocimiento y aprendizaje digitales (TICCAD [lo mismo que] apoyar [el] el acceso y utilización pertinente y sostenible de las tecnologías de la información, comunicación, conocimiento y aprendizaje digitales (TICCAD) en los procesos de la vida cotidiana de niñas, niños y adolescentes […].
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La Estrategia 1.2 Fortalecer la regularización y reincorporación de niñas, niños, y adolescentes mediante modalidades escolares que evite el abandono escolar y contribuya a que la escuela continúe siendo una prioridad en su proyecto de vida, constaría de 5 acciones puntuales, cuya descripción se abreviaría preservando la sustancia: 1.2.1 promovería la prevención del abandono escolar y una vez que se diera, buscaría la reinserción de las niñas, niños y adolescentes de educación obligatoria, en tanto que en esa misma línea; la 1.2.2 prevería el fortalecimiento del INEA; y tal parecería que la acción puntual 1.2.3 se hubiese elaborado después de que los investigadores consultaran el porcentaje y número de escuelas que carecen de “servicios indispensables” y el alto porcentaje de escuelas de organización incompleta, ya que propondría: “Consolidar los servicios de educación básica comunitaria e indígena, así como inicial [prácticamente inexistente] y telesecundaria, tomando en cuenta la diversidad e interculturalidad, con enfoque de derechos humanos y perspectiva de género; acción puntual 1.2.3 que se haría extensiva, palabras más palabras menos, al subsistema de educación especial; servicios que la ap. 1.2.4 pretendería tanto “garantizar [en] el acceso [como en] la permanencia”.
La Estrategia 1.3 Fortalecer la inclusión, continuación y conclusión de los estudios de niñas, niños y adolescentes, especialmente de quienes provienen de grupos históricamente discriminados, mediante estrategias innovadoras y apoyos escolares, prevería; 1.3.1. entrega de becas “universales” a las y los menores que “cursen” la educación obligatoria; 1.3.2 se referiría a la promoción de “programas escolares y de orientación vocacional y proyectos de vida libres de condicionamientos de género en educación media superior”; la 1.3.3 prevería la generación de estrategias orientadas “a niñas, niños, adolescentes y jóvenes de las localidades más alejadas [para que ellos contaran] con transporte escolar, albergues o internados”, en tanto que; 1.3.4 pretendería “fortalecer el acompañamiento y asesoría [con la retahíla de requisitos] que garantice la retención escolar de madres adolescentes y estudiantes embarazadas para la conclusión de los estudios”; y por último 1.3.5, sugeriría una acción puntual “para la construcción del entorno que favorezca el acceso a la escuela y transporte escolar amigable e inclusivo para niñas, niños y adolescentes.
El ambicioso programa de trabajo de la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes 2022-2024, precisaría una capacitación constante que permitiera que las y los docentes cumplieran con los propósitos de la agenda 20/30; una inversión creciente orientada al cabal cumplimiento de las obligaciones que derivarían de las estrategias y las acciones puntuales y de auditoría de seguimiento a las dependencias o entidades coordinadoras” designadas por el titular responsable de su elaboración: El Consejo Nacional de Población.
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