La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) impuso una multa de 86 mil pesos al Comisariado Ejidal de Santiago Colzingo, en el municipio de Ocoyucan porque a través de su presidente, secretario y tesorero intentaron cambiar el uso de suelo y repartir tierras de uso común a compradores y personeros del Grupo Proyecta, inmobiliaria dueña del fraccionamiento de lujo Lomas de Angelópolis. 

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Luego de una denuncia popular, la Profepa realizó una visita de inspección en la que registró la grave afectación medioambiental de 42 mil metros cuadrados, 4.2 hectáreas, en diversos polígonos del paraje Claosto –conocido por los pobladores como cerro del Ixcalo– en Santiago Coltzingo, que derivó un procedimiento administrativo de sanción económica, clausura total, y medidas correctivas resuelto el 30 de noviembre de 2021, cuyo acuerdo se dio a conocer en 2023, con el cual se concluye la denuncia. 

Así, por las pérdidas, cambios, deterioros, menoscabos, afectaciones y modificaciones adversas de los hábitats de los ecosistemas, elementos y recursos naturales calificados como “muy graves” del terreno forestal fueron señalados como responsables los integrantes del comisariado ejidal de Santiago Coltzingo: el presidente ejidal José Porfirio Zacaula Morales, el secretario Reyes Zacaula Cordero y el tesorero Román González Cordero. 

Aunque la denuncia señaló la participación del empresario Miguel Quiroz Magallanes, quien se ostentaba como comprador de tierras del ejido que son invendibles, la Profepa lo excluyó en la resolución. 

“Ellos pueden hacer lo que quieran, es su tierra”, justificó el presidente ejidal de Coltzingo

“Una superficie de aproximadamente 100 hectáreas está siendo devastada” fue la advertencia de un grupo de integrantes del ejido de Coltzingo en el cerro El Ixcalo, considerado como tierras de uso común. “Se arrasa con todo, árboles de más de 100 años, encinos, matorrales pastizales, espinos, sabinos, magueyes, plantas medicinales como pericón, árbol de taray, doradilla”, aduce la queja que señala que en ese monte habitaban conejos, zorros, coyotes, gato montés, tejón, mapache, armadillos, venado, águilas entro otras especies más”. 

La queja popular interpuesta que consta en esta casa editorial señala que fue en julio de 2019 cuando ejidatarios acudía a sus tierras de labor se encontraron con un grupo de personas a bordo de camionetas con motosierras y hachas con las que talaron árboles, al cuestionarlos respondieron que eran empleados del empresario Miguel Quiroz Magallanes – cercano a la familia Posada– y que contaban con el permiso del comisariado ejidal para intervenir 100 hectáreas. 

En la denuncia consta que José Porfirio Zacaula Morales, presidente del ejido, al ser cuestionado señaló que quienes talaban eran propietarios de dichas tierras y que por ello “no tenían que pedirle permiso a nadie”.  

En entrevista con Miguel López Soriano, uno de los ejidatarios que interpusieron la denuncia recuerda la impotencia por la devastación de los terrenos de siembra de Abraham López, también ejidatario. “No le dejaron nada para cosechar. No les importó pasar la maquinaria”, lamentó. 

Esta denuncia fue admitida por la Profepa que asentó en el acta de la visita de inspección PFPA/27.3/2C.20063/20 la violación a la legislación ambiental cometidas por el Comisariado Ejidal de Santiago Coltzingo del municipio de Ocoyucan, a través de su presidente, secretario y tesorero, pues no contaban con Autorización de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) para las actividades de cambio de uso de suelo en terrenos forestales para una superficie de 42 mil 203 metros cuadrados, 4 hectáreas. 

“Se ha realizado la apertura de vialidades, corte y nivelación de terrenos y que como resultado de dichas actividades se realizó la eliminación total de cubierta vegetal y suelo y subsuelo forestal con cortes de talud que van de 10 centímetros a 2.50 metros, mediante la utilización de maquinaria pesada”. 

“Durante el recorrido se observó la afectación directa de ejemplares (extraidos de raíz) de vegetación natural forestal, los cuales es imposible cuantificar, lo que constituyó un cambio de uso de suelo en terrenos forestales”. 

“La apertura de vialidades y actividades de lotificación (corte y nivelación de terrenos) repercute en la riqueza florística y faunística así como la vocación del ecosistema forestal y la provisión del agua en calidad y cantidad, la captura de carbono, de componentes naturales, la generación de oxígeno, el amortiguamiento del impacto de los fenómenos naturales, la modulación o regulación climática, la protección de la biodiversidad, ecosistemas y recuperación de suelos y paisaje se ha visto gravemente comprometida”, consideró la Profepa. 

En el expediente PFPA/27.3/2C.27.2/00034-20 que señala como infractor al “Comisariado Ejidal de Santiago Coltzingo a través de su presidente, secretario y tesorero” –que también consta en esta casa editorial– se lee que las autoridades ejidales explicaron que la deforestación realizada tenía como objeto de “lotificar terrenos” que luego serían repartidos entre ejidatarios de Santiago Coltizngo. 

Ante la Profepa estas autoridades ejidales argumentaron “desconocer los daños que se ocasionaban al medio ambiente en la magnitud que concluían los inspectores”, argumento que fue desechado por la autoridad federal. 

“Las autoridades ejidales cuentan con la instrucción educativa suficiente para tener pleno conocimiento que al realizar cambio de uso de suelo en terrenos forestales sin contar con la autorización de la Semarnat, constituye una violación a la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable”, señaló la dependencia federal. 

Otro argumento desechado por la Profepa fue que el señalamiento de que todos los integrantes titulares que conforman el padrón de ejidatarios son personas de la tercera edad, de bajos recursos económicos por lo que pedían la condonación de la multa. 

Al respecto la Profepa les refirió que la apertura de vialidades, corte y nivelación de los terrenos inspeccionados se realizaron con maquinaria pesada “lo cual implica que el infractor cuenta con los recursos suficientes para erogar gastos económicos correspondientes a la contratación de la maquinaria” sostuvo. 

López Soriano aseguró que pese a estas medidas el acuerdo para repartición de tierras entre la inmobiliaria, el juez de paz y autoridades ejidales, continúa.