Las luchas de los pueblos de las regiones de Cholula y Tehuacán contra los basureros que contaminan sus tierras y agua se ha unido y como primera acción pública, el Movimiento Agrario Indígena Zapatista (MAIZ), los Bienes del Pueblo de Santa María Coapan y la Unión de Pueblos y Fraccionamientos contra el Basurero y en Defensa del Agua se manifestaron en las oficinas centrales de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente en la Ciudad de México, “contra las acciones y omisiones que ha tenido esta dependencia en favor de la contaminación y el negocio de la basura”.
“Hoy nos hemos unidos los pueblos afectados por el basurero de Santa María Coapan y Cholula para exigir a la Profepa deje de solapar a las empresas y gobiernos ecocidas y haga su trabajo de proteger el medio ambiente de nuestra madre tierra”, expresaron las organizaciones en un comunicado conjunto.
“El problema del manejo de la basura está creciendo en todo el país por la ineptitud y corrupción de las autoridades de todos los niveles de gobierno, por eso hacemosun llamado a la unión de los pueblos, barrios, colonias y fraccionamientosafectados por basureros para detener la contaminación a nuestra tierra y agua”, acusaron.
La movilización ocurrió ayer pero fue dada a conocer hoy por los pueblos, los cuales advirtieron que su frente de brega se irá ampliando y fortaleciendo.
En 2022, después de numerosas violaciones ambientales y protestas de los habitantes de Santa María Coapan, se clausuró el basurero de Tehuacán debido a la grave contaminación que generaba, incluida la filtración de lixiviados en la Reserva de la Biosfera Tehuacán-Cuicatlán. La Profepa impuso una multa de 14 millones de pesos al municipio. Sin embargo, recientemente se han anunciado planes para reabrir el basurero, retirando la multa y promoviendo la continuación de la contaminación, a pesar de la promesa de clausura definitiva y remediación del daño hecha por la Procuradora Federal de Protección al Medio Ambiente en 2022.
En paralelo, en Cholula, los pueblos cerraron el basurero intermunicipal de la zona el 21 de marzo debido a la contaminación de sus tierras y acuíferos. El 9 de abril, la Profepa clausuró oficialmente el basurero, que recibía más de 600 toneladas diarias de basura de 21 municipios, por no cumplir con las normativas. Sin embargo, el 30 de abril, la clausura fue levantada ilegalmente durante un operativo violento que resultó en disparos de armas de fuego contra la población indefensa. La resistencia civil de las comunidades logró detener la reapertura.
El 3 de junio, un juez federal ordenó a la Profepa reinstalar los sellos de clausura si no se cumplían las medidas correctivas. Aunque se comprobó que el basurero había superado su capacidad, la Profepa no ha cumplido con esta orden. Las comunidades se manifestaron nuevamente el 11 de junio y la Profepa realizó una inspección el 14 de junio, estableciendo un plazo de cinco días para que la empresa cumpliera con las medidas correctivas. Sin embargo, hasta la fecha, la Profepa no ha emitido el acuerdo correspondiente.
El problema del manejo de basura se ha agravado a nivel nacional debido a la ineptitud y corrupción de las autoridades. Los pueblos afectados por los basureros de Santa María Coapan y Cholula se han unido para exigir a la Profepa que deje de proteger a las empresas y gobiernos responsables y cumpla con su deber de proteger el medio ambiente.