Viernes, abril 16, 2021

Proceso penal vs. los Jenkins restituiría a su Fundación 700 mdd; RMV congeló la demanda

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El proceso administrativo, fiscal y penal que hay contra miembros de la familia Jenkins por el desfalco a la fundación que lleva el mismo nombre -antes Mary Street Jenkins-, y que ya derivó en ordenes de aprehensión, restituirá a la misma por lo menos unos 700 millones de dólares a su patrimonio, según señaló Carlos Serna, el abogado que representa a Guillermo Jenkins de Landa, el hijo primogénito de la familia, que sostiene un litigio con sus parientes por la donación del patrimonio de la Fundación a otras agrupaciones dedicadas a la filantropía, con el fin de desviar recursos a paraísos fiscales.

El jurista confirmó que las órdenes de detención que la Fiscalía General de la República (FGR) giró esta semana en contra de Roberto, María Elodia, Margarita y Juan Carlos Jenkins de Landa, así como de Elodia Sofía de Landa Irizar de Jenkins y Juan Guillermo Eustace Jenkins, tienen origen en la investigación penal que el organismo sigue a raíz de la denuncia que su cliente hizo.

La importancia del tema radica en que la familia en cuestión está a cargo de la Fundación Jenkins -creada en 1954-, que en Puebla auspicia diversas causas filantrópicas, entre estas, la Universidad de las Américas y el Colegio Americano, además, es propietaria de diversos inmuebles, entre terrenos y edificios valuados en millones de pesos que, según el reglamento de la agrupación, deben destinarse a causas sociales.

Las irregularidades fueron señaladas desde 2013

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En entrevista con La Jornada de Oriente, el abogado recordó que su cliente notó anomalías en el manejo del patrimonio de la fundación desde 2013, por lo que dio parte a la Junta para el Cuidado de las Instituciones de Asistencia Privada de Puebla, que se encarga de revisar el funcionamiento de agrupaciones dedicadas a apoyar causas sociales.

La Junta ignoró el caso, presuntamente, dijo, por instrucciones del entonces gobernador Rafael Moreno Valle, y el tema quedó prácticamente congelado durante la gestión del ex gobernador José Antonio Gali Fayad así como en la del gobernador interino Guillermo Pacheco Pulido, que concluyó en agosto de 2019.

Ante la omisión de la Junta para atender el asunto, Guillermo Jenkins presentó una denuncia penal en 2016 ante la entonces Procuraduría General de Justicia –hoy FGR-, pero tampoco prosperó sino hasta hace unas semanas, bajo la administración del fiscal Alejandro Gertz Manero, que liberó ordenes de aprehensión en contra de los señalados.

En el caso de Puebla, Carlos Serna indicó que la administración del gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta sí impulsó la revisión del caso por parte de la Junta que, ante la documentación hecha por su cliente, decidió fungir como testigo de las anomalías ante la FGR.

El litigante fue puntual en señalar que ni él ni su cliente tienen alguna filiación panista o morenista, pero resaltó que el gobierno de Barbosa no fue omiso en atender el tema.

Incluso, el mandatario señaló en su conferencia de prensa de este martes, que su gestión develará el nombre de todos los implicados en el desfalco del patrimonio de la Fundación.

Hay que recordar que la exigencia principal de Guillermo Jenkins es que se investigue la donación que su familia hizo por 720 millones de dólares a la Fundación de “Bienestar de Filantropía”, que desde diciembre de 2014 se mudó a Barbados, considerado un paraíso fiscal, pero también ha señalado la entrega irregular de inmuebles.

El abogado recordó que, derivado de la denuncia de su cliente, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa también inició una indagatoria, y en mayo del año pasado requirió a la Fundación de su familia el pago de 629.2 millones de pesos derivados del incumplimiento de créditos al Sistema de Administración Tributaria (SAT) que se generaron por la donación a Bienestar de Filantropía.

En ese sentido, dijo que su cliente espera que la presunción de culpabilidad que pesa sobre sus parientes, se indague en los ámbitos administrativos, fiscal y penal.

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