Probable daño a la hacienda por 26 mdp detecta la ASF en cursos para policías

FOTO: esimagen / Ramón Sienra

La administración de Antonio Gali Fayad incurrió en un probable daño o perjuicio a la hacienda pública federal en 2018 por un monto de 25.9 millones de pesos que destinó a cursos de capacitación sin que se formalizara el contrato o convenio de prestación de servicios correspondiente, de acuerdo con una revisión de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Asimismo, el estado perdió 5.4 millones de pesos de recursos federales debido por una deficiente aplicación de recursos, ya que no pudo destinarlos a los fines programados dentro del plazo establecido.

La ASF detectó las irregularidades al fiscalizar el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP), a través del cual el gobierno de Puebla recibió 261.3 millones de pesos en 2018.


Emite dos pliegos de cargos

El Consejo Estatal de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública del Estado de Puebla (CECSNSP) destinó recursos del FASP para realizar pagos por 25.9 millones de pesos por impartición de cursos para personal policial, sin que exista un soporte documental de los servicios prestados, por lo que emitió un pliego de cargos.

La ASF emitió un segundo pliego de cargos por probable daño o perjuicio a la hacienda pública federal por la compra de una computadora portátil con número de serie HH58LP2 que no se identificó físicamente en las instalaciones de la entidad fiscalizada y que tuvo un costo de 28 mil 229 pesos.

El órgano fiscalizador determinó que el CECSNSP incumplió la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal, en los artículos 45, 62 102, 103, 104 y 107.

Construyen centro de justicia que dejan en el abandono 

Al revisar el manejo del FASP, la ASF comprobó que se destinaron 6.5 millones al centro de justicia para la mujer en el municipio de Acatlán de Osorio, obra que se ejecutó de acuerdo con la normativa, pero al realizar una inspección física en el lugar detectó que el inmueble no se encontraba en operación.

En consecuencia, la auditoría emitió una promoción de responsabilidad administrativa sancionatoria para que la Secretaría de la Función Pública de Puebla realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que, en su gestión, omitieron mantener en operación la obra.

Sobre la adjudicación del proyecto, la ASF concluyó que cumplió con los requerimientos legales ya que el contratista no se encontraba inhabilitado por la Secretaría de la Función Pública, se presentaron las fianzas de anticipo, cumplimiento y de vicios ocultos en tiempo y forma y el proveedor cumplió con los requerimientos de capacidad de ejercicio, económica y financiera.

Adicionalmente, prosiguió la auditoría, el contratista entregó en tiempo y forma la construcción y los precios unitarios no incrementaron el presupuesto y costo ejercido por los trabajos realizados.

Fuera de las inconsistencias, que la ASF consideró “áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia” en el manejo del fondo, se concluyó que el gobierno de Puebla realizó en general una gestión razonable de los recursos.