PRIVILEGIOS A LOS POTENTADOS

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Por no cumplir los lineamientos establecidos en un acuerdo de donación condicionada desde hace más de 20 años, el gobierno que encabeza Luis Miguel Barbosa Huerta lleva a cabo un litigio a fin de recuperar un lote de 6 mil metros cuadrados, ubicados en la Reserva Territorial Atlixcáyotl, entregados por la administración del priista, Melquiades Morales Flores al Consejo Coordinador Empresarial (CCE).

Lo primero que habría que preguntarse en este caso es de qué canonjía o por qué se brindó desde el Poder Ejecutivo el privilegio de entregar un bien público a un organismo que solamente tiene fines privados y que, como agravante del asunto, está conformado por algunas de las personas más potentadas de la sociedad poblana.

En seguida hay que reconocer las acciones emprendidas por la actual administración estatal para acabar con este tipo de acciones que pueden ser legales, pero resultan de cualquier manera inmorales.


Lo que sigue es que se conozcan, a penas se tengan, los resultados del análisis jurídico que Barbosa Huerta reveló esta semana que encomendó a un despacho en la Ciudad de México para determinar el origen de las propiedades particulares en la Reserva, por la sospecha fundada de que funcionarios de anteriores gestiones se aprovecharon de su posición para beneficiarse con la adquisición de terrenos que hoy se ubican en la zona de mayor plusvalía de Puebla y una de las más lujosas del país.