Por fin, el lunes 18 de agosto, Enrique Peña Nieto envió al Senado de la República la iniciativa para modificar los artículos 27 y 28 de la Constitución y llevar adelante la reforma energética.
La iniciativa es impecable en la lógica neoliberal, que considera a los recursos naturales útiles sólo si pueden servir para satisfacer los intereses del capital, es decir, si permiten ganancias a los inversionistas privados, sin consideración alguna sobre la sustentabilidad y el respeto a la naturaleza. Por ejemplo, la iniciativa no explica la razón que justifique la propuesta de incrementar la producción actual de petróleo de 2.5 millones de barriles diarios a 3 millones en 2018 y 3.5 millones en 2025. ¿Quién gana con este incremento y qué daño se causa a la naturaleza? La iniciativa no lo dice.
La justificación para presentar una iniciativa que permita la entrada del capital privado en actividades que son competencia exclusiva del Estado mexicano a través de Pemex, se sustenta, según dice la iniciativa, en volver a la esencia de la expropiación decretada por Lázaro Cárdenas, sin la cual, la iniciativa reconoce que no sería posible entender la consolidación del Estado mexicano moderno y remata: “El presidente Lázaro Cárdenas demostró su convicción patriótica y actuó como un gran estadista, pues no sólo pensó en los beneficios inmediatos, sino que tuvo en mente a las generaciones que heredarían el legado de los mexicanos que junto con él, llevaron a cabo la modernización (sic) del sector petrolero. Esta visión de largo plazo permitió llegar a un gran acuerdo para alinear y equilibrar los legítimos intereses de los trabajadores, del sector privado y del gobierno”. Así, los priistas convierten a Cárdenas en el primero que identificó los intereses del gobierno con los del sector privado, y se insiste: “El espíritu de las reformas cardenistas fue nacionalista sin duda, pero también modernizador, visionario y pragmático. Un elemento fundamental de estas reformas fue que garantizaron la propiedad y rectoría del Estado en el control de los hidrocarburos, al tiempo que contemplaron la participación del sector privado en diversas actividades de la industria.” Ya ve usted, siguiendo a Cárdenas hay que permitir a las empresas extranjeras expropiadas en 1938 volver a obtener millones y millones de dólares apropiándose de la ganancia que les deje el petróleo en los próximos años, hasta volver a nacionalizar la industria.
La iniciativa concluye: “El modelo propuesto, al igual que el cardenista, comprende dos esquemas; 1) contratos eficientes para la exploración y extracción celebrados con el Ejecutivo Federal, y 2) participación de terceros en toda la cadena de valor de los hidrocarburos.” Eso, simple y llanamente, lo reconozcan o no, es privatizar a favor de “terceros”, que no necesitan decirnos como se llaman porque ya lo sabemos.
En este capitalismo de compadres, Peña Nieto parece decir a los capitalistas de toda laya: como estamos hartos de ganar dólares, los invitamos a compartir las utilidades que nos deje el petróleo. Y para cumplir con este noble y generoso propósito, es necesario: a) eliminar la prohibición de que el Estado celebre contratos para la explotación de hidrocarburos, es decir, se debe permitir al capital privado intervenir en actividades de exploración y extracción mediante contratos para obtener las altas inversiones requeridas, los recursos tecnológicos y la experiencia empresarial, así como “compartir riesgos.” En consecuencia, se propone eliminar del artículo 27 constitucional, aquello que le impide al Estado mexicano la utilización de contratos en sus actividades de explotación de hidrocarburos. Eso, se quiera o no, es privatizar; y b) sustraer de las áreas estratégicas del Estado a la petroquímica básica y dar certeza a nivel constitucional para que las actividades de la industria petrolera, tales como el procesamiento de gas natural y la refinación del petróleo, así como el transporte, almacenamiento, distribución y comercialización de dichos productos y sus derivados, puedan ser realizadas tanto por organismos del Estado como por los sectores social y privado (sic), a través de permisos que otorgue el Ejecutivo Federal. Otra vez, decimos claro y fuerte: eso es privatizar.